Derecho a la vida y obligación de protegerlo

El presidente del Congreso de los Diputados publicó hace unos días un artículo en el que reflexiona sobre la propuesta de reforma legislativa sobre el aborto, patrocinada por su propio partido. José Bono comienza por señalar que en un tema tan serio "su conciencia lo interpela". Apunta, acertadamente, que no se puede considerar un asunto tan delicado como si de "una ley sobre seguros agrarios se tratara". No obstante, luego de un sorprendente esfuerzo de acrobacia argumentativa, concluye haciendo precisamente eso: considerando a la vida humana como un simple elemento más de ponderación en la ecuación política. Creo sinceramente que es sana cualquier iniciativa encaminada a un necesario debate sobre este asunto; pero deseo comentar algún extremo de lo argumentado.

Lo que no se puede es dar credibilidad a quienes intentan cosificar la vida humana

Lo que primero me llamó la atención del artículo fue que el diputado Bono, buscando soslayar el dilema que le supone como católico votar a favor de este proyecto de ley, dice que en virtud de la encíclica Evangelium Vitae un parlamentario creyente puede apoyar "propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley (aborto) y disminuir así los efectos negativos", hipótesis en que supuestamente encajaría esa iniciativa legislativa que busca evitar "el número de embarazos no deseados" y abortos clandestinos. Olvidó quizás mencionar que, de acuerdo con el propio texto de la misma encíclica, dicha excepción se aplica sólo en los "casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados".

No hace falta un análisis demasiado sofisticado para comprender que en este supuesto no encaja una normativa que amplía "las garantías jurídicas de mujeres que deciden interrumpir su embarazo" y que permite a menores de edad abortar sin que medie la autorización de sus padres.

Por otra parte, resulta incompresible, cuando menos, sostener "la convicción de que en el seno materno se alberga una vida humana en formación que es digna de protección", para luego aceptar la posibilidad de acabar con la vida del embrión hasta las 14 semanas de embarazo, o cuando éste presentase "anomalías". Y, para que esto resulte incongruente, no hace falta ostentar credo religioso alguno, sino sólo aceptar la fórmula básica de nuestro teorema constitucional, la inviolabilidad absoluta e irrenunciable dignidad de la vida humana. Desde el momento en que hablamos de vidas humanas, no hay relativismos, ya no se trata tampoco de la innegable libertad de la mujer sobre su propio cuerpo, sino de la obligación que tenemos todos de proteger la vida de un individuo. ¿Es acaso esa vida menos digna por encontrarse en un periodo más temprano de desarrollo? O, más aún, ¿podemos desecharla, como si de un producto defectuoso se tratara, por adolecer de "anomalías"? No, simplemente no podemos aceptar todo ello sin menoscabar la esencia de nuestro sistema político y jurídico.

Hay, en verdad, una pregunta básica que subyace al debate: ¿es o no el embrión una vida humana digna de protección? Un tema casi inacabable, de múltiples dimensiones: bioéticas, filosóficas, científicas, etc. Y si así es, si tenemos a una persona desde el primer momento, entonces los dilemas quedan zanjados.

Yo estoy convencida de que hay una persona desde el momento de la concepción, pero presumo buena fe en quienes piensan distinto, porque sé que hay algo que tenemos en común la mayoría de quienes tomamos parte en ese debate: el respeto inapelable a la vida humana. Pero por ello creo que es necesario que entablemos un diálogo más directo, intentando depurar nuestros argumentos de las distorsiones ideológicas existentes. Lo que no se puede es dar credibilidad a quienes, aun a pesar de reconocer el carácter humano de un embrión, y por tanto digno, intentan cosificar la vida humana. Esto transgrede los parámetros básicos de la lógica constitucional.

Hay interrogantes muy hondas que merecen ser disipadas mediante un diálogo público y sincero. Pero creo que, en todo caso, hasta que se disipen completamente, nuestra única opción es respetar la vida del embrión. Nos basta para ello con seguir principios jurídicos básicos. ¿Es posible, al menos, darle preferencia a la preservación de la vida humana mientras subsistan las dudas? Sí. En Derecho Penal es conocido el aforismo indubio pro reo: en caso de duda el juez debe fallar a favor del acusado. En el ámbito laboral está su equivalente, indubio pro operario: en caso de duda debe preferirse la opción que más favorezca al trabajador. Lo mismo sucede con la legislación ambiental con el principio de precaución. Esto es así porque la libertad, el bienestar laboral y la conservación del medio ambiente son valores fundamentales de nuestro esquema constitucional. Entonces, si estamos de acuerdo en que la dignidad de la vida humana es el valor supremo, otorguémosle, al menos, al que está por nacer las mismas garantías que tiene el reo de un delito o incluso un árbol. Permitir la realización de cien o mil nuevos proyectos de vida es siempre preferible a arrepentirnos de truncar ilegítimamente uno solo de ellos.

Arantza Quiroga Cía es presidenta del Parlamento Vasco.