Arranca la sucesión

Rodríguez Zapatero no será el candidato socialista para las elecciones de 2012. Así lo comunicó ayer el propio interesado al Comité Federal de su partido, poniendo fin a las incertidumbres que él mismo había desencadenado de manera informal a finales del pasado año. Es cierto que, desde su irrupción en la política nacional en 2000, sus declaraciones públicas siempre han sido favorables a la limitación de mandatos, aunque también ha prodigado gestos que podían interpretarse como dudas y titubeos. Tras su anuncio de ayer, unido al que realizó José María Aznar en su día, es probable que los próximos inquilinos de La Moncloa tengan dificultades para romper la regla no escrita de que dos legislaturas constituyen el plazo máximo de permanencia en el poder. Si esta práctica estuviera llamada a consolidarse, mejor que lo sea así, por la vía de los usos democráticos y no de una ley aprobada en el Congreso.

Zapatero ha comunicado sus planes ante quien tenía que hacerlo, el máximo órgano del Partido Socialista entre congresos. En cuanto al momento elegido, era la última ocasión para no interferir en la inminente campaña para las elecciones autonómicas y municipales. Y habría interferido negativamente tanto si hubiera evitado pronunciarse ayer sobre su futuro como si hubiera insistido en la consigna de aplazar el debate, reiterada con fuerza durante los últimos días.

Ahora la sucesión ha arrancado de forma oficial, con lo que la responsabilidad por la manera en la que se conduzca no recaerá solo sobre Zapatero, sino también sobre la dirección socialista en su conjunto y los eventuales candidatos a ocupar su puesto. Zapatero anunció que, tras las elecciones de mayo, convocará un Comité Federal extraordinario que dé paso a las primarias, renunciando, como no podía ser de otra manera, a cualquier fórmula de designación del sucesor.

Reformas pendientes

El Partido Popular (PP) se ha apresurado a reclamar elecciones anticipadas. Con esta postura ha demostrado no entender, o no querer hacerlo, que la decisión de Zapatero es de orden interno, no de índole institucional. Mientras el Partido Socialista disponga de mayoría parlamentaria, nada obliga al presidente del Gobierno a disolver las Cámaras. Todos los signos apuntan a que, antes de hacer pública su decisión de no ser de nuevo el candidato socialista, Zapatero ha tratado de asegurar la estabilidad de su Gobierno con el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos. Obcecarse en un adelanto electoral va contra la evidencia de que el PP no dispone de una mayoría alternativa a la de los socialistas, por mucho ruido que se proponga hacer fuera del Congreso. Se trata, además, de una grave irresponsabilidad, por cuanto la situación económica española aconseja no precipitar unas elecciones generales para las que falta todavía un año.

Que Zapatero haya renunciado a repetir como candidato socialista no significa que haya dejado de ser el presidente del Gobierno, ni que lo sea en funciones. No es la hora de hacer balances de su gestión, sino de analizar las iniciativas que se dispone a desarrollar hasta el final de la legislatura. Son iniciativas en las que los intereses generales del país y los electorales de su partido estarán en contradicción, puesto que son numerosas las reformas tan impopulares como imprescindibles que siguen pendientes. Dependiendo de cuáles sean los intereses que decida primar en el tiempo que le resta al frente del Ejecutivo, Zapatero se juega la manera en la que será recordado. Y dependiendo, también, de la actitud en la que se instale, el PP llegará al Gobierno, si es que finalmente llega, con el lastre de haber antepuesto el ansia de poder a las necesidades del país.

Necesidad y virtud

El PSOE elegirá al sucesor de Zapatero como candidato a las elecciones generales del próximo año mediante la convocatoria de primarias. Este mecanismo, que hasta ahora ha dividido la opinión de sus principales dirigentes, ha permitido, sin embargo, articular una salida al principal problema al que se enfrentan los socialistas desde que, hace tres meses, Zapatero sembrara dudas sobre su continuidad. Este sigue al frente del partido y del Gobierno, al tiempo que se prepara su relevo como cabeza de cartel electoral. Al posponer la nominación del candidato a la consulta municipal y autonómica, Zapatero se dispone a asumir la responsabilidad de la previsible derrota, ahorrándole este coste a quien le sustituya, al tiempo que evita convertir el 22-M en un plebiscito sobre su figura.

Pero el PSOE quizá tenga que afrontar otros costes si no resuelve bien el proceso de primarias. La lucha interna entre dos o más candidatos, en especial si se impone el juego duro, podría comprometer definitivamente el resultado en las generales. La concurrencia de un único candidato, seguramente la mejor opción en las circunstancias actuales, podría dejar abierto un flanco que el PP explotaría, argumentando que no existe tanta diferencia entre el sistema de designación que él aplica y el de elección mediante primarias. Pero la diferencia existe, puesto que en un caso es la voluntad del líder la que prima y en el otro, cuando menos, exige un pacto entre los aspirantes.

Para contrarrestar esta crítica, el PSOE está obligado a un doble ejercicio de democracia interna y de transparencia. También de juego limpio entre los candidatos, si finalmente hubiera más de uno. No es solo una exigencia que deriva de los principios, sino también de la experiencia acumulada en autonomías y municipios. Cuando la dirección federal no ha mantenido una estricta neutralidad, su candidato ha sido derrotado. La experiencia de la bicefalia tampoco fue positiva: en esta ocasión los socialistas están en mejores condiciones para no repetir los errores del pasado. Si resuelven de forma acertada no solo las primarias, sino también la elaboración de las listas, habrán hecho de la necesidad virtud; una virtud que necesitan todos los partidos políticos en España.