Acción de hojalata

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que fue ilegal el uso de los derechos especiales (acción de oro) que mantiene el Gobierno portugués sobre la empresa Portugal Telecom (PT), mediante los cuales vetó la venta a Telefónica de la participación de PT en la operadora brasileña Vivo por un importe de 7.150 millones de euros. La sentencia es rotunda y clara. Sostiene que "Portugal ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales", que ostenta "una influencia sobre la gestión de PT que no está justificada por la magnitud de la participación que mantiene" y rechaza la potestad que se reserva el Ejecutivo de nombrar a la tercera parte del Consejo, así como el derecho de veto en la elección de directores y del consejo auditor.

En síntesis, el Tribunal respalda sin ambages la denuncia de la Comisión Europea (CE) por el uso de la acción de oro, y la propia CE ha instado al Gobierno portugués a que cumpla rápidamente la sentencia. La claridad de la sentencia, el rechazo comunitario de los vetos políticos a la libertad de circulación de capitales y la posición de la mayoría de los accionistas de PT, partidarios de la operación, deberían ser razones suficientes para que el Gobierno de Sócrates renunciara a obstaculizar una decisión empresarial sin complicaciones estratégicas. Pero el primer ministro y su equipo, heridos en su honor por el dictamen, parecen dispuestos a elegir el camino agotador de la dilación administrativa. Eso se desprende de la interpretación del ministro de la Presidencia, Silva Pereira, quien asegura que la sentencia "abre una nueva fase en la que el Estado luso buscará soluciones que permitan un respeto integral de la legislación comunitaria, pero también de sus intereses".

Es de temer que la "nueva fase" demore la venta, encarezca el precio más allá de lo razonable (los 7.150 millones son ya un precio muy por encima del de mercado) y faculte a Lisboa para imponer condiciones que impidan la firma efectiva de la operación. Silva Pereira entiende incorrectamente que la sentencia "no pone en cuestión la existencia de derechos especiales" y que tiene "una eficacia meramente declarativa". Pero el caso es que sí lo hace, desde el momento en que reitera que la acción de oro restringe la libre circulación de capitales. Y rechaza además las fútiles invocaciones a la seguridad nacional. Por tanto, si Sócrates impone su pintoresca interpretación del dictamen y obstaculiza o encarece la venta de Vivo a Telefónica, habrá que concluir que la seguridad jurídica en Portugal es muy cuestionable.

Dice el presidente de la Comisión, Durão Barroso, que garantizará su aplicación. Su palabra tendrá valor si la operación se negocia al ritmo que marquen los accionistas (Telefónica y PT ya están en ello) y se firma en condiciones similares a las del pasado 30 de junio. Pero la ilegal acción de oro habrá triunfado si Telefónica tiene que renunciar a Vivo a causa de tramposas negociaciones interminables o restricciones políticas insensatas.