Una sentencia obliga a la Autónoma a readmitir a un investigador

La Universidad Autónoma tendrá que readmitir o indemnizar a un investigador que encadenó cinco contratos durante los cuatro años que duró el proyecto en el que trabajaba. Una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara que su despido fue improcedente.

La investigación de la Autónoma financiada por la Comunidad de Madrid disponía de un plazo de años renovables otros dos más entre 2006 y 2009. Durante ese tiempo, el investigador firmó cinco contratos diferentes de entre seis y 12 meses con un sueldo mensual de 1.970 euros. La sentencia obliga ahora a la Autónoma a que lo contrate de forma indefinida o le pague una indemnización de 10.491 euros más los sueldos que no ha cobrado desde que le despidieron hasta la publicación del fallo del tribunal.

Los contratos del científico suponen un "fraude de ley", según el TSJM. La universidad debió "realizar una contratación que se acogiera a esa temporalidad [dos años prorrogables otros dos] y no a un total de cinco contrataciones con idéntica obra y servicio determinado". La Autónoma argumentó que el cambio de contratos correspondía a varios proyectos, pero el tribunal entiende que no es así porque los realizaba en el mismo puesto del mismo laboratorio, con igual categoría profesional y tareas idénticas. La sentencia se basa en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores que establece que una empresa debe asumir a un trabajador si se producen más de dos contratos temporales durante un plazo superior a 24 meses en un periodo de 30 meses.

Contratos precarios

UGT, que ha defendido el caso, considera la sentencia "un claro avance contra la precarización de jóvenes investigadores que pese a su currículo de alta especialización mantienen su condición de becarios durante muchos años para mantener su vocación investigadora", según una nota del sindicato. "Las instituciones no deben encadenar contratos precarios para amedrentar a sus investigadores", añade Juan Antonio Gil, abogado de UGT.

La Autónoma no valoró ayer la sentencia porque aún no le había sido notificada, según una portavoz de la institución que tampoco aclaró por qué se le ofrecieron contratos temporales al investigador dentro de un proyecto de duración fija ni cuántos científicos están en una situación similar.