La 'número dos' del PSM alega que no sabía que era ilegal el plan que firmó

La secretaria de Organización del PSM y ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz, Trinidad Rollán, aseguró ayer en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra 14 ediles por prevaricación, que en el pleno celebrado el 26 de noviembre de 2001, en el que se aprobó un convenio urbanístico ilegal, "no tenía ningún motivo para dudar de la legalidad del expediente" y que "no conocía el informe del secretario". El abogado defensor llegó a culpar al secretario por no avisar de que incluía el citado informe, que evidenciaba la ilegalidad del convenio urbanístico firmado.

Tales alegaciones han generado una gran expectación de cara a la vista de hoy, cuando está prevista la declaración del secretario municipal, cuyo informe es la base de la acusación del fiscal.

La ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz y actual secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán, no conocía que el secretario del Ayuntamiento, Saturio Hernández de Marco, había elaborado un informe que consideraba ilegal un convenio urbanístico aprobado por su partido en 2001. La número dos del líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, declaró en el inicio del juicio que desde ayer se sigue en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra ella y otros 13 ediles socialistas y del Partido Demócrata Español (PADE) de Torrejón. A cada uno el fiscal, Carlos Ruiz de Alegría, les imputa un delito de prevaricación por el que podrían ser condenados a penas de hasta ocho años de inhabilitación.

"No conocía el informe del secretario. No recuerdo que el secretario avisara de que iba a introducir un documento o de la ilegalidad del convenio", explicó Rollán, quien dijo que no llegó a dudar de su legalidad. Al contrario, estaba convencida de que con su decisión, avalada por otro informe de la letrada consistorial, ayudaba a 107 familias que estaban en peligro de perder su vivienda.

El convenio urbanístico consistía en que el Ayuntamiento cedía unos terrenos a la empresa Patrimonio Siglo XXI, que se comprometía a sufragar la urbanización del terreno.

Tanto Rollán como el resto de ediles acusados, entre los que se encuentran la diputada en la Asamblea Esperanza Rozas y el ex concejal de Urbanismo Francisco Martín Rojas, negaron haber conocido la existencia de un informe en el que el secretario advertía de la ilegalidad del convenio. El más duro de los alegatos en contra de la actuación del funcionario partió del letrado defensor de la diputada regional, quien le acusó de incluir documentación a la causa sin que se lo solicitaran los magistrados, que no la admitieron: "Esta forma de actuar es un aviso de cómo operó el secretario en Torrejón, sin avisar del informe".

El ex portavoz del PADE Julián López Jiménez también cargó contra el secretario: "Yo estoy convencido de que actuó de rebote y emitió un informe sin estar obligado, y no voy a decir para fastidiar, pero sí para poner una piedra en el zapato". Por eso la declaración como testigo del secretario municipal prevista para hoy ha levantado una gran expectación entre los acusados y sus defensas.

La vista oral de ayer se inició a las diez de la mañana con cierta tensión, cuando algunos ediles trataron de taparse la cara para no ser identificados por las cámaras de los medios de comunicación. Después, los abogados defensores plantearon la prescripción de los delitos. El fiscal alegó que estos tienen una vigencia de diez años: "Resulta chocante que aleguen ahora su prescripción, algo que les hubiera evitado estar en el banquillo".

Fuentes de las defensas explicaron que si los 14 ediles fueran condenados la sentencia sentaría un precedente difícil de controlar, ya que dispararía el número de acusados en casos como Gürtel, en el que las Corporaciones municipales de varios Consistorios avalaron con sus votos los concursos y expedientes adjudicados de forma ilegal a la trama dirigida por Correa.