La integración de inmigrantes es una cuestión de fe

Una decena de los 17 centros de participación e integración para inmigrantes de la Comunidad de Madrid (CEPI) está en manos de fundaciones ultracatólicas o muy cercanas al PP. Entre las primeras, Comunión y Liberación (Cesal) (1) y Legionarios de Cristo (Altius) (4). Entre las segundas, Humanismo y Democracia (1), Cipie (2) o Alianza Hispano-Ecuatoriana (2). Los centros son públicos pero de gestión privada. El contrato, adjudicado mediante concurso público, supone una subvención cercana a los 400.000 euros por local y año. Todas ellas también participan en los proyectos de cooperación internacional de la Consejería de Inmigración y perciben subvenciones por ello, las últimas el pasado octubre. "Eran los mejor preparados", dicen desde la consejería, aunque apostillan: "Son concesiones antiguas", hechas antes de 2007, cuando llegó a la consejería Javier Fernández-Lasquetti, en sustitución de Lucía Figar.

Cipie, controlada por el ex jefe de prensa de Aznar, tiene dos centros rumanos

La asociación fue investigada por la UE por presunto fraude

Humanismo y Democracia recibe el 0,7% de las cuotas de afiliados del PP

Por ejemplo, la Fundación Iberoamérica y Europa (Cipie), encabezada por Pablo Izquierdo, antiguo diputado nacional del PP (entre 1994 y 2004) y ex jefe de prensa de José María Aznar cuando éste presidía la Junta de Castilla y León, controla los dos centros dedicados a los rumanos. Uno de ellos, en Coslada; el otro, en Alcalá de Henares. Ambas poblaciones tienen una nutrida colonia rumana.

Pero la asociación no tiene ninguna relación con Rumania, como reconoce uno de sus portavoces: "No, pero teníamos relación con el fenómeno de la inmigración en general, no como otros que se apuntaron después al reparto de la tarta". Esta fundación tiene sus sedes principales en Perú, Colombia, Chile, Bolivia y Argentina. Ni rastro en Rumania. El grueso de sus trabajadores son cubanos, uruguayos o argentinos.

Por la concesión de los dos CEPI la fundación recibe 800.000 euros al año. "Están bien gestionados, sus informes técnicos son buenos", esgrime Carlos Lamadrid, su portavoz. La Unión Europea investigó a Cipie en 2007 por presunto fraude en tres proyectos de ayuda humanitaria entre 1990 y 2002. La ONG había sido auditada por la Intervención General del Estado por la gestión de ayudas públicas en un proyecto de cooperación en El Salvador.Además, también percibe cuantiosas subvenciones por programas de cooperación en países latinoamericanos -la última de casi 800.000 euros el pasado noviembre por una actuación en Bolivia-.

No son los únicos CEPI cuya gestión -estos centros son de titularidad pública pero adjudicados a distintas ONG- está en manos de asociaciones ultracatólicas (Legionarios de Cristo, Cesal, derivada de Comunión y Liberación) o muy cercanas a los populares (Humanismo y Democracia o la Alianza Hispano-Ecuatoriana). Al menos 10 de los 17 son gestionados por entidades con este perfil.

Pablo Gómez-Tavira, director de Inmigración de la Comunidad, defiende lo adecuado de todas estas concesiones e insiste en que las adjudicaciones se han dado por criterios objetivos en concurso público. Aunque, sin que nadie le pregunte, apostilla que en cualquier caso todas las concesiones "se hicieron durante la pasada legislatura". No es una frase meramente informativa. En la anterior legislatura él no ocupaba el cargo. Tampoco el consejero, Javier Fernández Lasquetti. Su predecesora fue Lucía Fígar y entonces el viceconsejero era Carlos Clemente, dimitido el pasado octubre, cercano a los Legionarios de Cristo e imputado por el caso Gürtel.

"Todo es de mucho pasteleo y sirve para controlar a la gente y repartirse dinero. Todas las asociaciones son de la misma cuerda, eso está claro", opina un alto representante de la diplomacia ecuatoriana. Los dos centros hispano-ecuatorianos están bajo el control de entidades de fuerte raigambre religiosa y "muy escoradas a la derecha", según esta misma fuente.

Una de ellas, la Fundación Alianza Hispano Ecuatoriana, que también gestiona el centro hispano-americano Sur, en Leganés, ha sido señalada desde que emergiera en 1997, por las más destacas agrupaciones de ecuatorianos, como una asociación fantasma sin mucha base social detrás. A ella pertenece Washington Tovar, uno de los tres inmigrantes que ingresaron el pasado año en la Ejecutiva Regional del PP madrileño.

Muy ligada a los populares está también la Fundación Humanismo y Democracia, que gestiona el CEPI hispano-colombiano de Villaverde. La fundación, que fue presidida por la concejal de Asuntos Sociales, Concepción Dancausa, antes de ocupar su cargo en el Ayuntamiento, es una de las que recibe el 0,7% de las cuotas de los afiliados al partido. El propio consistorio ha sido acusado por la oposición de no vigilar cómo gasta esta ONG las ayudas concedidas para cooperación al desarrollo. La entidad fue investigada en Navarra y La Rioja por fraude en la justificación de subvenciones.

Aunque el responsable de la Comunidad, Pablo Gómez-Tavira, asegura que "en ninguno de estos centros existe adoctrinamiento", el ideario de muchas de las ONG que los dirigen es marcadamente católico. Desde la Fundación Altius-Francisco de Vitoria, creada por los Legionarios de Cristo y que, en al menos uno de sus centros ofrece consejos contrarios al aborto a las inmigrantes que acuden a asesorarse, hasta Cesal, surgida de Comunión y Liberación. En sus manos está el hispano-dominicano, en el barrio de Tetuán.

Paco Contreras, parlamentario regional socialista, ha denunciado esta situación varias ocasiones en la Asamblea. "Está claro que se reparten los centros entre sus amigos. Al final, lo que se hace es adoctrinamiento".