La guerra de las basuras

El Ayuntamiento de Madrid tiene un nuevo problema derivado de su grave falta de liquidez. La asociación de empresas de limpieza pública (Aselip) se reunió el jueves con UGT y CC OO, para anunciarles que los más de 12.000 trabajadores de los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y conservación de zonas verdes dejarían de tener garantizado el pago de su nómina a partir de este mismo mes.

La razón no es otra que el ahogo que sufren las empresas que llevan sin cobrar desde el mes de septiembre del año pasado y a las que el Consistorio debe 289,4 millones de euros.

La sombra de la amenaza ya planeaba en el mes de julio sobre el Palacio de Cibeles. Entonces FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr, las empresas concesionarias agrupadas en Aselip, manifestaron al Ayuntamiento que auguraban un otoño difícil, con posibles despidos, empeoramiento del servicio y consecuentes quejas vecinales. La advertencia no solo ha llegado puntual, sino que ha sido más grave de lo que se esperaba.

El gobierno local no ha logrado que las empresas desistan de su decisión

La amenaza de impago podría extenderse a otros municipios morosos

Un comunicado de los sindicatos, enviado ayer por la mañana, anunciaba la decisión. "Ayer por la tarde [por el jueves] se reunieron las empresas de Aselip y el presidente [Francisco Jardón] le envió una carta al concejal de Hacienda, Juan Bravo, diciéndole que tras 12 meses sin recibir ningún pago ni ninguna mensualidad no garantizarían los salarios, si no recibían una solución esta semana", explicó a este periódico la secretaria general de la Federación Regional de Actividades Diversas de CC OO, Isabel Rodríguez.

Si la amenaza se consuma unos 6.500 trabajadores de la limpieza viaria, más de un millar de empleados de la recogida de basuras y otros 4.500 jardineros, aproximadamente, porque ni los sindicatos ni la Concejalía de Medio Ambiente ofrecen cifras exactas, dejarán de percibir su sueldo a partir de la semana que viene. La situación es grave porque al recorte del 15% que afecta a los contratos se une el bajo nivel de los salarios. Por ejemplo: un barrendero de la zona de Centro que trabaja en el turno de noche, el mejor remunerado, cobra entre 1.290 y 1.320 euros al mes. "Esperaremos a ver si se lleva a cabo la amenaza y luego haremos lo que tengamos que hacer", advertía el secretario de Acción Sindical de CC OO, Jesús Belvis. "Porque hablar de que no vamos a cobrar ya son palabras mayores".El comunicado, hecho público a última hora de la mañana de ayer, pilló de sorpresa al equipo de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que mantuvo durante la tarde varias conversaciones con los responsables de las empresas. A última hora de anoche, no había trascendido que se hubiese alcanzado ningún acuerdo.

Los sindicatos, por su parte, sí anunciaron que han solicitado una reunión con la concejal de Medio Ambiente, Ana Botella, y con el alcalde para exigirles una solución. "Es una situación gravísima porque después de los recortes que ya sufrimos derivados del 15% esto supone una amenaza más. Lo de este Ayuntamiento no tiene nombre. Tendrán que explicar qué hacen con la tasa de basuras con la que se supone se está pagando el servicio", criticó el secretario de CC OO, Jesús Belvis.

Tras la advertencia, toca que el Ayuntamiento, que ha optado por tomar la callada por respuesta, mueva ficha. Y no lo tiene nada fácil.

Desde que el año pasado el Ministerio de Economía prohibiese a la capital refinanciar los vencimientos de su deuda -que asciende a 7.145 millones de euros-, esta arrastra un grave problema de pérdida de liquidez. Ni Gallardón ni el concejal de Hacienda, Juan Bravo, han ocultado públicamente su malestar por las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno.

De hecho, la semana pasada se supo que el gobierno municipal había decidido rebelarse contra el Gobierno central al advertir al Ministerio de Fomento de que, ante la "asfixia" a la que se está sometiendo a la capital, dejará de pagar el alumbrado de la M-40. Según fuentes municipales, este solo iba a ser el primer paso para liberarse del pago de las competencias impropias que, según la Ley de Bases de Régimen Local, deberían asumir las Comunidades Autónomas o el Estado central.

Pero lo que ha hecho revolverse al equipo de Alberto Ruiz-Gallardón fue la negativa del Ministerio de Economía a abrir una línea de crédito ICO que se recogía en la recién aprobada Ley de Morosidad y que permitiría a las corporaciones municipales una nueva vía de financiación para pagar a sus proveedores.

La reacción inmediata del concejal de Hacienda fue anunciar "acciones judiciales contra el ministerio por incumplir una ley con mandato imperativo".

En cualquier caso, la línea ICO no tendría por qué solucionar los problemas financieros de los Ayuntamientos. El ICO ya puso una línea similar, dotada con 3.000 millones de euros, a la que muy pocos municipios recurrieron. "No la usaron, porque este dinero sí que hay que devolverlo al tiempo del ICO, no como la deuda con las empresas. La música que suena ahora es parecida a la del año pasado, pero las circunstancias son mucho más agobiantes. Las contratas amenazan con más despidos y dar peor servicio a los ciudadanos", vaticinaba el representante de Aselip, Francisco Jardón, a este periódico el pasado mes de agosto. Jardón, responsable de comunicar a los sindicatos la decisión de las empresas de dejar de pagar a los trabajadores, no respondió ayer a la llamada de este periódico.

La capital, la que más dinero debe a las grandes empresas agrupadas en la patronal, ha sido la primera en recibir una amenaza de este calibre, pero con ello se abre una puerta para que las empresas echen un pulso al resto de Ayuntamientos que les adeudan en total 3.425 millones.