El año más difícil de Aguirre

Lo que a unos consume a Aguirre la hace más fuerte. Sus rivales políticos han aprendido a no darla nunca por muerta. Su historial político está repleto de descensos a los que ha sabido sobreponerse, y este curso es uno de ellos. Los últimos 12 meses han sido uno de los periodos más duros para la presidenta regional. Su Gobierno ha tenido que lidiar con espías, corrupción, luchas internas y una crisis económica sin precedentes, y la propia presidenta vivió la aventura del ataque terrorista en Bombay.

Hace un año, la recepción del Dos de Mayo estuvo marcada por los amagos de Aguirre de presentar una candidatura alternativa a Mariano Rajoy para liderar el PP nacional. Sus críticas indisimuladas al líder del partido la marginaron durante el congreso nacional del PP celebrado en Valencia a mediados del junio pasado. La escena no le gustó, y una semana después, el 25 de junio, remodeló su Gobierno para deshacerse de los marianistas. Los ex consejeros Alfredo Prada (Justicia) y Manuel Lamela (Sanidad) fueron laminados fulminantemente.

Madrid ha vivido huelgas en Metro, Telemadrid, Justicia y Sanidad

La tasa de paro se ha duplicado; ya hay 459.000 desempleados

Precisamente, la consejería que dirigía Prada fue el epicentro de uno de los episodios más oscuros de la Comunidad. Un mes después de la destitución del ex consejero, varios funcionarios de área de Interior registraron el despacho de un estrecho colaborador de Prada. Requisaron un ordenador y varios documentos. El asunto nunca fue esclarecido, pero seis meses más tarde miembros de ese grupo de funcionarios de Interior fueron acusados de hacer seguimientos a altos cargos del PP. El asunto de los espías de Madrid destapado por este diario descubrió seguimientos al propio Prada, al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y hasta al mismo vicepresidente regional, Ignacio González.

Aguirre se enfrentó a una investigación interna de su partido, que no confiaba en los métodos del Ejecutivo regional de la dirigente popular para esclarecer el asunto. Tras unas semanas de tira y afloja con la dirección nacional del PP, Aguirre accedió a que se celebrase una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para aclarar los hechos. Pero la comisión resultó un fiasco: la mitad de los comparecientes no declararon, por las prisas del grupo popular en la Asamblea de pegar cerrojazo al asunto.

El presidente de la comisión que iba a investigar el asunto de los espías, el diputado popular Benjamín Martín Vasco, dimitió la víspera del inicio por su presunta implicación en el caso Gürtel. La trama de corrupción en administraciones gobernadas por el PP tenía su núcleo de operaciones en Madrid y ha afectado a cuatro municipios gobernados por los populares: Boadilla, Majadahonda, Pozuelo y Arganda del Rey. Aguirre, como presidenta del PP regional, tuvo que lidiar con mano firme a los alcaldes de estos municipios a los que obligó a dimitir. Esa firmeza se tornó en indecisión cuando el asunto alcanzó a tres diputados regionales: además, de Martín Vasco y Alfonso Bosch, también resultó implicado el consejero de Deportes, Alberto López Viejo. La presidencia no dudó un instante en deponer a López Viejo, pero mantuvo a los tres como diputados. El acta es personal y Aguirre no puede obligarles a entregarla, pero sí les puede suspender de militancia, y no lo hace.

El Ejecutivo regional también ha hecho frente a las acusaciones contra el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. Éste denunció la elaboración de dossiers sobre su patrimonio y anunció su intención de llevar el asunto a los tribunales para aclarar quién estaba detrás de los informes.

En este escenario de espías y corrupción, la presidenta regional se enfrenta a una crisis económica que ha afectado seriamente al desempleo en Madrid. La tasa de paro se ha duplicado hasta las 459.000 personas sin trabajo. El colapso financiero internacional también ha afectado a las pequeñas y medianas empresas, el tejido productivo regional, que han reducido drásticamente su actividad.

En medio de toda la tormenta económica, la presidenta decidió librar una batalla con su archienemigo político, el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, por el control de Caja Madrid. Modificó la Ley de Cajas para trastocar el proceso electoral. Pero se ha topado con la decisión del Gobierno nacional de llevar el asunto al Tribunal Constitucional, que ha suspendido cautelarmente la ley de Aguirre.

El Gobierno regional ha mantenido una lucha a cara de perro con los sindicatos. Ha vivido huelgas de trabajadores de Metro, de Telemadrid, de funcionarios de Justicia, y protestas de trabajadores de la sanidad pública madrileña por la privatización de varios servicios. La inauguración de los nuevos hospitales y el traslado del Puerta de Hierro a Majadahonda han estado repletos de incidencias que han puesto la cara colorada a la presidenta regional.

En su peor año, Aguirre ha vivido como testigo de excepción el ataque terrorista en India. La presidenta fue evacuada precipitadamente cuando varios terroristas asaltaron hoteles ocupados por occidentales en Bombay. Tras estos meses difíciles habrá que comprobar si Aguirre ha convertido el sufrimiento en fuerza.