Prada se compromete a hacer realidad la Ciudad de la Justicia en 2007

El consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada Presa, lanzó ayer un compromiso en el pleno de la Asamblea de Madrid: "En el horizonte de 2007, la Ciudad de la Justicia será una realidad", afirmó. Prada respondía a dos preguntas realizadas por la oposición. Una por el parlamentario de IU Luis Suárez, y otra por la diputada socialista Soledad Mestre. El Consejo de Gobierno aprobó ayer la constitución de la empresa pública Campus de la Justicia, SA, para la puesta en marcha del proyecto en el parque de Valdebebas, con un capital social de 7,3 millones de euros.

El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer el plan parcial de Valdebebas y, por otra parte, el vicepresidente segundo, Prada, y el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Ricardo Aroca, firmaron también el convenio marco que establece las directrices que marcarán líneas de actuación para realizar el concurso internacional de ideas para el proyecto de la Ciudad de la Justicia.

Prada, durante sus respuestas a la oposición, trató de desmontar las tesis de la gerente de Urbanismo, Beatriz Lobón, que había advertido a la Comunidad de Madrid que las obras de la Ciudad de la Justicia no podrían empezar al menos hasta 2008, al tenerse que seguir los plazos y obligaciones establecidos por la ley. Prada aseguró que todos esos plazos se pueden reducir, "incluso el de la petición de la licencia, puesto que, si la Ciudad Deportiva del Real Madrid ha obtenido una licencia provisional, sería ilógico que el Ayuntamiento de Madrid no se la dé a la Comunidad de Madrid. Y en última instancia, según los servicios jurídicos de la Comunidad, el Consejo de Gobierno regional podría dar la licencia sin contar con el Consistorio".

Edificios de 14 alturas

En el documento definitivo del plan parcial de Valdebebas aprobado por el Consistorio se limita el número de alturas de los edificios, dada su proximidad al aeropuerto. El consejero Prada manifestó a EL PAÍS: "Ya hemos tenido en cuenta esta eventualidad y nuestro proyecto será de unos 12 o 14 edificios que no tendrán más de seis alturas, por lo que no habría ningún problema".

Por su parte, la socialista Mestre puso de manifiesto la situación de "dispersión" que sufren las sedes judiciales en Madrid. Afirmó que "desde que Esperanza Aguirre llegó al Gobierno, las sedes judiciales han aumentado en dos y se prevé en 2005 la creación de hasta 40 unidades judiciales más". El PSOE propuso en el pleno que se intente concentrar lo más posible las sedes judiciales en Madrid. Mestre propuso al consejero que, "teniendo en cuenta que la gerente de Urbanismo cifra la finalización de la construcción de la Ciudad de la Justicia al menos en 2015, hasta ese momento se podría invertir, alquilar edificios o permutarlos en el eje de la Castellana para intentar concentrar las sedes".

Esta propuesta fue calificada por el consejero como "irresponsable", a lo que Mestre contestó que lo irresponsable es que "Justicia sólo tenga un 3,8% de los presupuestos de la consejería y que se continúe con esta situación de dispersión en una comunidad autónoma como Madrid, en la que se ventilan al menos el 20% o el 30% de los litigios de toda España".

Prada recordó que la construcción del Campus de la Justicia se va a realizar sin coste alguno para los ciudadanos. La venta de los seis edificios que son propiedad de la Comunidad de Madrid y que actualmente albergan diversas sedes judiciales en la capital garantizará, suficientemente, la autofinanciación de la obra, a pesar de la importancia de sus dimensiones. "Un proyecto de esta envergadura exige una tramitación administrativa compleja, con plazos, procedimientos y cadencias temporales que debemos respetar. Pero creo que debemos y que podemos ser optimistas", afirmó el consejero.

La Consejería de Justicia e Interior, sin perjuicio del proyecto que resulte ganador, parte de una distribución horizontal de usos y circulaciones que resolverá, en gran medida, el problema que plantea la frecuente circulación de personas en vertical por el interior de las sedes y contribuirá a que los ciudadanos y profesionales del Derecho puedan hacer uso de la Administración de Justicia más fácil y cómodamente. Por otra parte, se busca la separación física entre los lugares de acceso al público y las oficinas de trabajo de los funcionarios. Una separación de usos que supone conseguir, por un lado, un adecuado servicio al ciudadano y, por otro, facilitar un ambiente óptimo de trabajo.