La Politécnica reconoce irregularidades tras un informe de la Cámara de Cuentas

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), una de las seis públicas madrileñas, ha suspendido uno de sus exámenes más complicados. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid acaba de fiscalizar su presupuesto de 2008, que ascendía a 425 millones. El organismo denuncia irregularidades en las contrataciones de investigadores, posibles adjudicaciones a dedo, y señala que un investigador pudo hacer uso privado de fondos públicos. El informe, de 114 páginas, fue respondido por la Politécnica con un estudio de similar dimensión que admite errores y anuncia correcciones sin despejar todas las dudas sobre lo denunciado.

La Cámara advierte de que existe una partida de 186.000 euros para un proyecto de investigación que se gastó fuera de plazo. Denuncia una "dudosa o incluso imposible" vinculación de ese dinero con el trabajo realizado. Es más, hubo 22.000 euros sobre los que existen "fundados indicios de que pudieran ser gastos de naturaleza privada del investigador". La UPM, que contestó en su informe que desconocía la documentación que el responsable del proyecto, aportó a la Cámara, no aclara en el documento ni a las preguntas de EL PAÍS si ha abierto una investigación sobre este asunto o ha aplicado algún tipo de sanción al posible implicado.

Otro ejemplo. Un contrato relacionado con la organización de unos cursos de iniciación a la informática presupuestado en 491.260 euros se gestionó como concurso negociado sin publicidad -el contratante elige tras consultar a diversos candidatos y ver las condiciones con uno o varios de ellos, según la Ley de Contratos del Sector Público-, pero solo llamó a una empresa, con sede en Almería de "un grupo dedicado al sector inmobiliario", según la Cámara.La UPM alegó que era "la única empresa en el mercado con total experiencia" para impartir cursos de iniciación a la informática sin aclarar más aspectos sobre este particular ni a la Cámara ni a este periódico. En el apartado de recomendaciones, el organismo autónomo le sugiere "acudir con mayor frecuencia a los procedimientos abiertos" para evitar la discriminación y garantizar un buen uso del dinero público.

Entre las malas prácticas, prosigue el informe, está la justificación de gastos de hasta 300 euros mediante tiques en establecimientos que pueden emitir factura. La universidad responde que "no siempre es posible" conseguir una justificación de los pagos a su nombre. Y la Cámara le insiste en que exija estos documentos e impida "salvo solicitud y justificación expresa" que paguen directamente trabajadores que no pertenezcan a las áreas de administración o tesorería. También llama la atención sobre el pago de gastos fuera de plazo, el abono de compras que no tienen que ver con el proyecto al que se asignan o que ni siquiera están relacionadas con las actividades de la universidad.

La contratación de investigadores, según el organismo, se realizó sin un procedimiento público y sin dejar constancia. La Politécnica se justifica por "los plazos tan limitados" de algunas investigaciones y alega que contrata dentro de sus propios centros "donde existe población preparada técnica y científicamente para el desarrollo de los proyectos".

En lo que no está de acuerdo la universidad, que replica algunos puntos en sus alegaciones, es en el supuesto uso de tarjetas de crédito "que quedan sin justificar al final del ejercicio y que, en algún caso, incluyen importes indebidamente cargados a la Universidad". La Politécnica replica que se habilitaron solo tarjetas de débito, "por considerarse más ágiles en las tareas de investigación" y que estos medios de pago se recargan solo cuando sus titulares han justificado los gastos. Si no se documentan bien estos pagos "a veces se requiere al investigador para que devuelva el importe", prosigue la UPM que, al mismo tiempo, acepta "la sugerencia de incrementar estos controles y de concienciar al que realice el gasto del rigor que se debe aplicar" con los fondos públicos.

Respecto a la observación de que en el último semestre la universidad multiplicó por tres el plazo de pago a proveedores (llegando a 70 días) sin pagar intereses por ello, la UPM echa la culpa de ello a la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional incumplió en 2008 el plan de inversiones firmado con las universidades públicas hasta 2011 y les recortó las partidas sin previo aviso, dejándoles sin liquidez.