Peligra una inversión estrella

La creación de 25.000 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid pende de un hilo. Está en peligro el proyecto del parque empresarial de La Carpetania, en Getafe, diseñado con la ambición de convertir la región en un polo de investigación industrial europeo, con una inversión pública y privada estimada en 1.500 millones.

La parálisis del proyecto surge de la crisis económica y las desavenencias entre los dos impulsores del proyecto: el Ayuntamiento de Getafe, dirigido por el socialista Pedro Castro, y la Comunidad de Madrid, que lanzó el proyecto en 1999 cuando Alberto Ruiz-Gallardón era su presidente, y que puede darle carpetazo con Esperanza Aguirre (ambos del PP).

El proyecto aspiraba a convertir Getafe, junto con Hamburgo (Alemania) y Toulouse (Francia), en capital de la aeronáutica. Las condiciones eran buenas: suelo industrial, la presencia de la empresa aeronáutica EADS-CASA, y la buena relación entre administraciones. Para gestionar el proceso, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento crearon un consorcio urbanístico en el que participaban al 60% y el 40% respectivamente. El objetivo era recalificar cinco millones de metros cuadrados y vendérselo a grandes empresas.

La operación se dividió en dos fases. La primera se completó en 2006: firmas como Siemens o General Electric crearon 8.000 puestos de trabajo. Al iniciar la segunda fase, de tres millones de metros cuadrados, las perspectivas eran suculentas: EADS, el gigante aeroespacial europeo, se comprometió a adquirir, antes de que los terrenos estuvieran ni siquiera expropiados, 400.000 metros cuadrados para trabajar en los aviones Airbus y en sus proyectos militares y espaciales (Eurofighter y Arianne).

Contando con otras empresas interesadas en el proyecto, como Corrugados, y las industrias auxiliares que las rodearían, se abría la posibilidad de emplear hasta a 25.000 trabajadores de diferente cualificación -entre ellos 5.000 ingenieros- y contar con un aporte considerable de I+D+i.

Pero este año arreció la crisis económica -con su repercusión en las arcas públicas-. Además, en el consorcio empezaron los rifirrafes entre el Ayuntamiento y la Comunidad, coincidiendo con enfrentamientos entre el alcalde Castro y la presidenta Aguirre. Hace unas semanas todo estalló.El detonante fue una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que declaró que la Comunidad de Madrid debería prácticamente doblar el precio que había pagado a algunos propietarios por terrenos expropiados en la primera fase del proyecto de La Carpetania. La sentencia fijaba precios de hasta 155 euros por metro cuadrado.

Aplicándole ese precio a los terrenos pendientes de expropiación en la segunda fase -para los que el consorcio zanjó un precio de 67 euros-, el monto de la operación subiría a 843 millones de euros, en lugar de los 588 previstos, un 43,3% más. El Gobierno regional adujo entonces que la expropiación era inviable y anunció que sólo continuaría en el proyecto si los terrenos se negociaban con los propietarios. Una opción que supondría renunciar a los plazos acordados con algunas empresas y que dejaría malherido el proyecto.

El Ayuntamiento de Getafe desestima cualquier posibilidad que no sea la expropiación porque implicaría un proceso demasiado largo -son 200 propietarios con los que negociar individualmente-, y los acuerdos sobre la propiedad del suelo que ha firmado EADS con el Consistorio y el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) impedirían retrasar la operación más allá de 2010.

"De no conseguir en ese plazo los terrenos, la empresa se irá", afirman desde el Ayuntamiento. Un portavoz de la compañía confirma que para ellos "las condiciones en Madrid son extremadamente interesantes: tiene un gran tejido e infraestructuras para crear un Silicon valley español (en referencia al valle californiano con empresas de tecnología punta), pero de no cumplirse los plazos se estudiarán otras posibilidades". Y lo que parece claro es que si el pez gordo desaparece, se llevará consigo las industrias auxiliares interesadas en La Carpetania.

La disputa entre Ayuntamiento y Comunidad se convierte progresivamente en cenagosa. Se acusan de ocultarse informes y actuar deslealmente. Pedro Castro se comprometió a negociar un aval con el Instituto de Crédito Oficial (ICO); la Comunidad asegura que no fue capaz de conseguirlo, y él dice que el ICO está a la espera de que el Gobierno de Aguirre le haga llegar la documentación para oficializar el aval. Luego las dos administraciones acordaron que el consorcio dejara de ser beneficiario de las expropiaciones. Según la Comunidad, eso equivale a que el Ayuntamiento asume que las expropiaciones son inviables, y devolvió a Getafe todas las competencias sobre suelo que éste había cedido a Gallardón en 1999 para que gestionara el proceso. El Ayuntamiento sostiene que aceptó retirar al consorcio como beneficiario para que entre Comunidad y Ayuntamiento, más sólidos jurídicamente, resolvieran la crisis presupuestaria.

La Comunidad rechaza volver a negociar si no se desestima la expropiación. "Es demasiado caro", explica un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio: "Es imposible asumir un gasto así ahora". Otra preocupación del Gobierno de Aguirre son los expropiados: "Habrá que negociar con ellos, ¿no?", plantea el mismo portavoz.

Getafe ha demostrado su predisposición a cualquier arreglo que permita salvar los plazos que fija el acuerdo con EADS, lo cual sería imposible por otro medio distinto de la expropiación. "El Ayuntamiento no está tirado al monte. Quiere que esto salga adelante", asegura Pedro Castro. Propone reconstituir el consorcio al 50%, que el Ayuntamiento asuma el 60%, o incluso que intervenga el Gobierno por medio de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES), una opción cuya viabilidad esta sociedad estudia aún. El Partido Socialista de Madrid (PSM) quiere que intervenga el Ministerio de la Vivienda.

Mientras, los sindicatos están del lado del Ayuntamiento. Exigen a Aguirre que se deje la piel en el proyecto. Representantes de algunas de las empresas con intereses en La Carpetania también se muestran sorprendidos por los problemas que plantea la Comunidad. En el horizonte aparece una nueva sombra: que las firmas ya asentadas se vayan.