Gallardón recurre en Las Vistillas

El equipo de gobierno del Ayuntamiento madrileño, del PP, anunció ayer que recurrirá la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la cual se paraliza el proyecto de construcción de la curia del arzobispado en La Cornisa de San Francisco.

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, distinguió entre la decisión política y la jurídica. La primera la considera implícita en el convenio suscrito con el arzobispado para ejecutar la actuación urbanística que planeaba aplicar en La Cornisa. Esta decisión no ha cambiado, asegura, con lo que permanece el apoyo a la Iglesia en este caso, aun a sabiendas de que se producirá un desgaste por el lado vecinal.

La otra dimensión es la jurídica: el Ayuntamiento recurrirá la sentencia para impedir que cree un precedente que pueda lesionar futuras actuaciones urbanísticas municipales en un aspecto concreto. Y es que el Tribunal determina, por primera vez, que ha de existir una regulación municipal específica sobre el patrimonio histórico, y ese es el fondo que se quiere recurrir desde el Ayuntamiento.

Por su parte, en conferencia de prensa celebrada en el parque de San Francisco, los vecinos mostraron su satisfacción por la sentencia que paraliza el proyecto del arzobispado. Tanto el portavoz vecinal David Jiménez, como el portavoz del grupo municipal del PSOE, David Lucas, presente en la conferencia, lamentaron "que tenga que ser el vecindario, con su esfuerzo y su dedicación, quien acometa una defensa del patrimonio histórico y medioambiental de Madrid que el equipo municipal del gobierno debiera haber asumido como propia".

Los vecinos de Las Vistillas invocaron un informe de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno regional, de 8 de abril de 1997, en la cual se señalaba que la edificabilidad en esa zona no podía superar los 6.000 metros cuadrados, así como que no podían romperse en ella los alineamientos históricos ni construirse sobre lugares donde no hubo previamente construcciones. La modificación municipal del Plan General, condenada por el Tribunal Superior madrileño, permitía desbordar estos límites. Así lo expresó Guillermo Aguillaume, el abogado vecinal que planteó el recurso que ha cristalizado en la sentencia condenatoria. Susana Feito, en nombre de la asociación vecinal, subrayó los 15 años de lucha desplegada para recuperar el patrimonio histórico madrileño y que incluyó la recogida de 22.000 firmas y su denuncia ante la Unión Europea. Animó a otros colectivos a luchar por conseguir victorias semejantes en sus respectivos barrios.