Gallardón deja de pagar la factura del alumbrado de la M-40

Desde el pasado 1 de septiembre el Ayuntamiento no paga los gastos de alumbrado de la carretera M-40. La capital ha tomado la decisión de dejar de asumir el pago de competencias que no le corresponden y este es su primer paso. En una carta remitida el pasado 14 de julio al ministro de Fomento, José Blanco, la concejal de Obras Públicas, Paz González, justifica su decisión en que "los recursos municipales están extraordinariamente comprometidos" para cumplir con sus propias competencias, en la denegación, mediante decreto, de endeudarse en 2011 y en el "estrangulamiento" causado por la imposibilidad de refinanciar su deuda que ya asciende a 7.314 millones de euros.

Fomento, que no ha respondido a la misiva hasta dos meses después, advierte al Ayuntamiento de que la falta de iluminación de la M-40, "con intensidades de tráfico en algunos puntos superiores a los 100.000 vehículos al día", produciría "un importante menoscabo en las condiciones de seguridad vial". La misiva continúa e invita a un acuerdo conjunto entre ambas administraciones con "el tiempo necesario para adecuar, en su caso, las nuevas responsabilidades".

Madrid alega que afronta el gasto de las farolas de tramos de otros municipios

La asfixia económica retrasa hasta nueve meses el pago a los proveedores

Hay 5.737 puntos que se mantienen encendidos unas 11 horas al día

El alumbrado de la M-40 cuesta 880.000 euros anuales

Eso sí "mientras no se produzcan nuevos acuerdos debe mantenerse la iluminación de la M-40 en las condiciones actuales", advierte el representante del Ministerio.Ante la amenaza del Ayuntamiento, un portavoz del Ministerio aclaró a este periódico que "los madrileños no tienen de qué preocuparse" porque, en caso de impago, Fomento adelantaría el importe correspondiente con tal de evitar que una de las principales circunvalaciones de la ciudad se quede a oscuras. "Estamos dispuestos a dialogar sobre cualquier asunto, incluido el de ceder la gestión de la M-40 al Ayuntamiento". Un extremo que la corporación municipal ni se plantea.

El acuerdo por el que el Ayuntamiento tiene que abonar el consumo, mantenimiento y conservación del alumbrado de la carretera, de titularidad estatal, se remonta a 1990, durante el breve periodo de gobierno de Agustín Rodríguez Sahagún (CDS). Sahagún desbancó a Juan Barranco, que fue el que firmó en 1986 el primer convenio sobre la M-40 por el que el Ayuntamiento se involucraba, junto al entonces Ministerio de Obras Públicas y la Comunidad de Madrid, en la construcción y financiación de la carretera.

Las arcas municipales asumen desde entonces los gastos derivados de la iluminación de todo el cinturón de 63 kilómetros, excepto del tramo correspondiente a Pozuelo y el del túnel del Pardo que sí asume el Ministerio.

Pero ahora corren otros tiempos y el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, ha decidido plantarse. La concejal justifica la rebelión en que esa "obligación carece de respaldo jurídico en el marco competencial vigente" y aprovecha en la carta para recordar al ministro que el Ayuntamiento paga incluso la iluminación de los "tramos ajenos al término municipal de Madrid", como es el caso de Leganés, Alcorcón o Pozuelo.

En un contexto de asfixia por la imposibilidad de refinanciar su deuda de 7.314 millones de euros y por el retraso en el pago a los proveedores -que en algunos casos supera los ocho meses- cualquier ajuste supone un respiro.

El ahorro de esta partida, según cálculos del Ayuntamiento, asciende a 1.338.960. Una cifra nada despreciable, teniendo en cuenta que la última medida de contención de gasto puesta en marcha por el Consistorio, el cierre de todas las dependencias municipales a las cinco de la tarde, supone un ahorro similar.

La factura por la iluminación de la M-40 se desglosa en dos conceptos: el recibo de la luz de las 5.737 farolas que se mantienen encendidas aproximadamente 11 horas al día que asciende a 880.000 euros anuales y los gastos de conservación y mantenimiento, que suponen otros 458.960 euros.

"Entendemos que el Gobierno ha tomado la decisión de asfixiar a Madrid y entonces Madrid decide asumir sólo los gastos correspondientes a nuestras competencias", declaran fuentes municipales. "No es justo cargar a los madrileños con gastos en infraestructuras que son competencia del Gobierno. Que cada uno pague lo suyo", reivindica la misma fuente.

Y como advierten desde el Ayuntamiento, esto es solo el principio. La intención es empezar a soltar lastre y liberarse de todos aquellos gastos que, según la Ley de Bases de Régimen Local, corresponden a competencias impropias. Es decir, los servicios que asumen los ayuntamientos, pero que competerían a las Comunidades Autónomas o al Estado.

La capital destina 1.187 millones de euros -casi una cuarta parte de su presupuesto- al pago de estos servicios. Y ante las escasas vías de financiación con las que cuenta la capital, las diferentes áreas de gobierno ya están revisando todos los convenios con otras administraciones para empezar a rescindir aquellos cuyo incumplimiento no afecte directamente al ciudadano. Esto es el mantenimiento de las 32 escuelas infantiles de titularidad municipal por el que se pagan 64 millones de euros, las ambulancias del Samur y los servicios de atención sanitaria que suponen otros 48,37 millones, la ayuda a la dependencia, la seguridad o el fomento del empleo.

El siguiente paso será suspender las subvenciones del próximo año a la Casa Asia (807.500 euros), a la Casa Sefarad-Israel (450.000 euros) y a la Casa Árabe (500.000), dependientes del Ministerio de Exteriores. El Ayuntamiento está estudiando esta posibilidad y aunque no la ha comunicado oficialmente, ya ha informado verbalmente a los responsables de los centros. El ahorro en este caso asciende a 1.757.000 euros.

"El argumento es el mismo que con la M-40. Mientras el Estado vaya cortando todas las vías de financiación y limitando la refinanciación de la deuda, nosotros iremos dejando de sufragar los gastos de mantenimiento de las Casas", explican fuentes municipales.

"En muchas ocasiones se han cedido edificios para instituciones del Estado, pero ahora no quieren reconocer ese esfuerzo fiscal que llevamos haciendo desde hace años", reprochan desde el Ayuntamiento. Es el caso de estos centros culturales a los que el gobierno municipal, en virtud de los diferentes convenios firmados con la Comunidad y el Estado, concede una sede, generalmente en un edificio emblemático y se compromete a subvencionar parte de su actividad.