Comunidad y sindicatos ultiman un pacto para reducir los liberados

Todos quieren dar carpetazo a una negociación llena de desencuentros. La Comunidad de Madrid y los tres sindicatos que deben acordar el recorte de liberados (CC OO, UGT y CSIT-UP) consideran con cierta cautela que hoy es el día. El acuerdo está a punto y solo falta firmarlo. El resultado es, en síntesis, una reducción sustancial de la representación de los trabajadores y funcionarios del Gobierno regional.

La extensa negociación ya ha tenido una consecuencia: el retraso de la celebración de elecciones sindicales, previstas para el 9 de marzo. Los sindicatos cursaron el preaviso requerido el 7 de febrero y a partir de esa fecha se abría el plazo de un mes para revisar los censos y las candidaturas.

Ambos frentes admiten que podría haber sorpresas en el último momento

Pero, según fuentes sindicales, la Comunidad no entregó los censos en previsión del cambio que el acuerdo supondrá en el mapa de representación. La Comunidad entiende que no hay problema en postergar las elecciones. Pero los sindicatos dudan porque su mandato en comités y juntas expira el 24 de febrero y podrían ser impugnados por otros representantes o por cualquier trabajador.Los sindicatos recibieron el lunes por la noche el último borrador del acuerdo "para la estabilización de las relaciones laborales", según consta en el encabezado del documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. El escrito, que ha sufrido varios cambios en su redacción durante la última semana, es la aplicación de los recortes que el Gobierno regional aprobó en noviembre dentro de la Ley de Acompañamiento de Presupuestos. En esa normativa, la representación sindical pasó de una media de 75 horas mensuales por delegado -el empleado que dispone de horas de representación pero que sigue con sus funciones habituales en su puesto de trabajo- a un máximo de 40, saltándose los acuerdos regionales pactados que mejoraban los mínimos fijados en leyes estatales.

En el acuerdo, el recorte de horas se traduce en la reducción de dos tercios del número de comités de empresa, que pasan de unos 120 a 36. También queda en un tercio el número de trabajadores con "funciones de representación y negociación" que son los liberados sindicales propiamente dichos, aquellos que quedan dispensados de forma permanente de asistir a sus puestos de trabajo para atender negociaciones en la mesa general de la función pública y en sectores como justicia o sanidad. Los sindicatos estiman que la nueva redacción supondrá pasar de una media de 300 representantes para las principales centrales (CC OO y UGT) a un centenar. La Comunidad prefiere no dar detalles sobre su interpretación del documento hasta que esté firmado, según señaló ayer una portavoz, que aseguró que hay "una posibilidad alta" de que hoy se cierre el acuerdo y quede listo para el Consejo de Gobierno de mañana.

Pero el día es largo y puede haber sorpresas, según reconocen desde ambos frentes. De hecho, el acuerdo tenía que haber quedado listo el pasado lunes y no fue así. Entre otros motivos, según explican los sindicatos, porque la Comunidad pretendía incluir un añadido que limitaba la representación de los trabajadores en sanidad más aún que en el resto de consejerías. El jueves, los representantes sindicales se levantaron de la mesa y dieron por "rotas" las negociaciones tras leer un nuevo apartado en el artículo 7 que hacía referencia a los centros del Servicio Madrileño de Salud y que limitaba la constitución de secciones sindicales a los centros con 5.000 trabajadores. En el resto de consejerías y organismos se aplica la definición de centro de trabajo con un mínimo de 250 empleados.

La Comunidad ha retirado ese aspecto que pretendía establecer, según interpretan los sindicatos, porque los representantes sanitarios han sido, junto con los de educación, los que más han plantado cara a las políticas regionales, con manifestaciones y enfrentamientos directos tanto con el antiguo consejero de Sanidad, Juan José Güemes, como con la presidenta Esperanza Aguirre.

El nuevo documento cambia parte de la "farragosa" redacción de la que se quejaban los sindicatos. Donde antes se leía un impreciso "podrán tener" la consideración de centro de trabajo ahora pone "tendrán la consideración de centro de trabajo". El nuevo texto admite la creación de un registro "previa negociación con los sindicatos". Son pequeñas cesiones, aunque la parte gruesa, el recorte, se queda como estaba.