Aguirre pierde contra el anuncio de Simancas

"Con el PP la sanidad pública en Madrid está en peligro y la salud de unos vale más que otros. Esto tiene que cambiar. Una sanidad igual para todos es tu derecho y es mi compromiso". Éste es el texto de la cuña publicitaria, con la voz del candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, que el Gobierno regional (PP) llevó a los tribunales el pasado 14 de febrero para pedir que se suspendiera la campaña. El Juzgado de lo Mercantil número 5 desestimó ayer la demanda porque no se le puede aplicar al anuncio la Ley General de Publicidad, ya que es electoral. Añade que el Ejecutivo regional debía haber reclamado la protección del derecho al honor. Éste recurrirá la decisión.

"Publicidad engañosa y desleal". Éstas fueron las razones que alegó el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre para reclamar ante el juzgado de lo Mercantil que se suspendiera la campaña publicitaria de Simancas, en forma de anuncios radiofónicos (cuñas). En su demanda, el Gobierno regional alegó que pretendía defender a los consumidores.

Según un portavoz del Ejecutivo, éste acudió a la vía mercantil porque los servicios jurídicos consideraron que era más rápida que la civil y permitiría que se suspendiera la campaña antes de las elecciones del próximo 27 de mayo.

Durante el proceso judicial, los socialistas reclamaron la comparecencia del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, que acudió a declarar el pasado viernes, así como de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, quien lo hizo por escrito. En su comparecencia, Lamela consideró "inaceptable", que el secretario general del PSM y candidato Rafael Simancas utilizara publicidad "engañosa" para "minar la confianza" de los ciudadanos en la sanidad pública. Ese mismo día el diputado socialista Lucas Fernández defendió ante el juez que "la gestión de Lamela es peligrosa para los madrileños por las largas demoras en las listas de espera, la saturación de los centros de salud y la cesión de los nuevos hospitales a la iniciativa privada".

En su sentencia, fechada ayer, el juez desestima la demanda porque considera que la publicidad de los socialistas no es comercial, sino electoral. De ahí que no pueda aplicarse la Ley General de Publicidad, como pedía el Gobierno regional para reclamar la retirada. El juez puntualiza que el anuncio no se refiere a "actividad comercial, industrial, artesanal o profesional" y que carece de la finalidad "de promover la contratación de bienes, servicios, derechos u obligaciones". En cambio, el juez considera que la cuña de Simancas es una "publicidad política con manifiesta finalidad electoral". Pero justifica que, puesto que la campaña electoral no se ha iniciado todavía -comienza el próximo 11 de mayo-, tampoco se le puede aplicar al anuncio la Ley de Régimen Electoral General.

El propio juez asegura en la sentencia que la imposibilidad de aplicar la ley electoral no supone que haya un vacío legal. Añade que el Gobierno de Aguirre -"o las personas físicas o jurídicas que puedan sentirse perjudicadas"- siempre están en condiciones de acudir a la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, "si estima que se han excedido los límites del ejercicio de la libertad de expresión".

Por eso, el juez falla a favor del demandado y condena al Ejecutivo regional a pagar el coste del proceso judicial. Contra esta sentencia, añade, se puede presentar un recurso de apelación. Un portavoz del Gobierno de Aguirre aseguró ayer que recurrirán la decisión y que los servicios jurídicos estudian ya si en este caso cabe reclamar un perjuicio al derecho al honor, "como el propio juez indica".

El citado portavoz agregó que podría haber una situación de "indefensión" para el Gobierno regional, porque si hubiera presentado la denuncia en plena campaña electoral, entonces habría prosperado su reclamación. Esta fuente se felicitó porque la sentencia alega problemas "más de forma que de fondo".

Desde las filas del PSOE, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, se congratuló de la decisión judicial, aunque afirmó que "debe ser Aguirre y el PP

[y no el Gobierno regional] quienes asuman los gastos judiciales de la demanda". "Los madrileños no tienen por qué pagar los platos rotos de una política sectaria que sólo pretende agredir, intimidar y amordazar la libertad de expresión", concluyó.