La sombra de Gerardi, 10 años después

Han transcurrido 10 años desde el salvaje asesinato del obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guatemala, Juan Gerardi Conedera, lapidado en el garaje de la iglesia de San Sebastián, a 100 metros escasos del palacio de Gobierno, en el corazón de la capital guatemalteca. El magnicidio ocurrió el 26 de abril de 1998, apenas 48 horas después de que el prelado presentara su informe Guatemala, memoria del silencio, que destapaba las atrocidades cometidas por el Ejército durante la guerra civil (1960-1996) que dejó un saldo de 250.000 muertos.

Con la perspectiva de la década transcurrida, entre las organizaciones humanitarias que recogieron el legado del obispo existe la sensación de que las asignaturas pendientes superan el renglón de los logros obtenidos. Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA, fundada por Gerardi), señala que las condiciones de marginación y pobreza extrema de las mayorías campesinas "se han agravado", extremo que, de no merecer la necesaria atención, pone al país al borde de un estallido social de alcances impredecibles. Esta impresión está abonada porque, 10 años después de presentado el informe, no se ha logrado incluir en el programa de estudios lo que llama la memoria histórica: "Es muy importante que las generaciones futuras conozcan que fue lo que pasó en Guatemala durante la guerra civil. Eso no se ha hecho", ha asegurado Rodenas a EL PAÍS.

El director de la ODHA denuncia que el Estado tampoco ha cumplido con su obligación, emanada de los Acuerdos de Paz, de ofrecer atención integral a las víctimas del conflicto. Igualmente, sigue pendiente el capítulo de las indemnizaciones, mientras los culpables continúan en total impunidad. "Ningún Gobierno ha asumido esta responsabilidad, a pesar de que la ODHA ha hecho propuestas concretas", añade.

A pesar de lo anterior, Rodenas considera que, desde la firma de la paz, existen algunos logros. "Algo se ha ganado en el campo de la tolerancia". Añade que la población, después de haber sido perseguida, empieza a recobrar algunos niveles de confianza con las autoridades, "pero es muy poco lo que se ha logrado, a pesar de que poner fin a la guerra significó un paso muy grande".

El activista humanitario no duda en calificar el asesinato del obispo Gerardi como un crimen de Estado. "Fue una ejecución extrajudicial, con agentes del Estado involucrados", dice y cita la sentencia contra dos oficiales del Ejército y un sacerdote, condenados a 20 años. Entretanto, en los últimos días se han recrudecido las amenazas de muerte contra el obispo de San Marcos, Álvaro Ramazzini, quien se ha destacado por su defensa a ultranza de los intereses del campesinado en una de las diócesis más pobres de Guatemala. A lo anterior se añade su oposición frontal a la minería a cielo abierto que explotan en el país empresas extranjeras, "sin las garantías mínimas de protección del ambiente", según la opinión del prelado.

"Gatemala no ofrece las garantías mínimas a sus ciudadanos. La inseguridad es algo que nos afecta a todos. Estamos preocupados por la vida de monseñor Ramazzini quien, sin embargo, sigue firme en la denuncia de las injusticias que se cometen en su diócesis", ha dicho el director de la ODHA.