El sindicato único tunecino se convierte en el eje del cambio político

La Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT) ha llevado la voz cantante en la remodelación del Gobierno interino, aunque sin quitar ojo un instante a la protesta popular. Porque fue la reacción de la calle la que motivó que tres ministros del sindicato abandonaran el Ejecutivo formado el 17 de enero. No ejercieron sus cargos un solo día, y ayer anunciaron que tampoco formarán parte del nuevo Gabinete, purgado totalmente de los ministros que militaron en el Reagrupamiento Constitucional Democrático (RCD), el partido del fugado dictador Zine el Abidine Ben Ali. Pese a su renuncia a participar en el Gobierno, la UGTT respalda al primer ministro, Mohamed Ghanuchi, único ex miembro del RCD que permanece en su cargo. La central, que apuesta por la estabilidad política, arriesga en este envite porque los lemas coreados en las calles contra Ghanuchi no amainan. La población no considera corrupto al primer ministro, pero tampoco un hombre íntegro. Tenía que conocer lo que sucedía durante la década que sirvió a Ben Ali.

Purgados del Gobierno todos los ex miembros del partido de Ben Ali

Son demasiados los años que la UGTT obedeció sumisamente al régimen, por mucho que convocara alguna huelga por aquí y otra por allá, y muy poco lo que ha conseguido en beneficio de los trabajadores o campesinos, despreciados por altos funcionarios y ministros, y humillados hasta hoy día incluso por dirigentes de la oposición que se las dan de progresistas. En Túnez, los jubilados carecen de pensión, los sueldos apenas alcanzan el rango de limosna y un millón de personas académicamente bien formadas partieron al exilio por falta de perspectivas laborales.

La UGTT ha intentado abanderar la revuelta contra Ben Ali. Desde la pequeña plaza de Mohamed Ali Hammi -fundador de la central-, que acoge su sede, arrancó la mañana del 14 de enero la manifestación que acabó por derrocar al presidente. Cuenta la central con medio millón de afiliados, pero en esa plaza se reunieron no menos empresarios y ejecutivos que asalariados para apoyar la revolución surgida en la mísera región agrícola del centro de Túnez.

Parece poco probable que gran parte de los tunecinos vayan a obedecer las consignas políticas de la UGTT porque su apuesta por el contestado Ghanuchi es sumamente arriesgada. Y tampoco sus llamamientos a la calma institucional. "No es el momento de expulsar a los directores de organismos públicos porque hay que preservar la estabilidad", explicaba el martes a este diario el secretario general adjunto, Abed Briki. Fueron palabras que llegaban tarde. Porque son demasiados los altos funcionarios que no aparecen por sus oficinas, temerosos de la cólera de sus subordinados. Ayer, jornada de paro general -no secundada por el comercio, ni por el transporte público o privado-, personal del Ministerio de Sanidad, asesores fiscales, sordomudos, maestros, profesores de secundaria y colectivos de toda índole exigían formar sus propios sindicatos. La mayoría de quienes protestan no lo hacen animados por la UGTT.

Muchos ciudadanos se abalanzan sobre el extranjero para explicar sus lamentables condiciones de trabajo. Safe Mougou es profesora de inglés. Pero su plaza está ocupada porque ella no pudo pagar al funcionario corrupto los 4.000 euros exigidos. "El sindicato siempre estuvo muy vinculado al poder. Su secretario general, Abdelsalam Jerad, nunca pudo adoptar decisiones durante el régimen de Ben Ali. Jerad también debería pasar por la comisión que investigará la corrupción", sentencia Mougou.

Ante el panorama de anarquía institucional, cada cual se las ingenia como puede. Durante los caóticos días que siguieron a la fuga de Ben Ali, los vecinos organizaron la defensa de sus barrios ante los ataques de matones leales al régimen y de la policía -Amnistía Internacional denunció ayer que los agentes dispararon a matar a manifestantes que huían-, y ahora en varios pueblos y ciudades de las regiones de Susa y Siliana, escapadas las autoridades, la población se organiza para elegir nuevos órganos administrativos. Declaran su rechazo tajante al primer ministro, sin prestar atención a un desacreditado sindicato.