La rabia de L'Aquila marcha sobre Roma

Unas 5.000 personas recorren desde esta mañana el centro de Roma para pedir al Gobierno apoyo a las víctimas del terremoto que en abril de 2009 sacudió la provincia de L'Aquila, en el centro de Italia. Los manifestantes reclaman que se mantenga la exención de impuestos para los damnificados -en diciembre caduca esa medida especial, y algunos ya han empezado a pagarlos- y piden una ley especial para el desarrollo y la reconstrucción de la ciudad, una promesa que ha caído en el olvido.

La protesta, que se desarrolla en medio de enorme rabia y tensión, ha derivado en varios enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Al menos tres personas han resultado heridas. Una parte de los manifestantes ha llevado la protesta al palacio Grazioli, la residencia de Silvio Berlusconi, donde el primer ministro se encontraba reunido con la cúpula del partido para ultimar los detalles de la ley mordaza. Bajo sus ventanas, los manifestantes han gritado "vergüenza, vergüenza", y "Berlusconi, has explotado nuestro dolor".

El alcalde de la ciudad, Massimo Cialente, del Partido Democrático (centro-izquierda), iba al frente de la marcha y ha recibido algunos golpes de los antidisturbios: "No solo sufrimos el terremoto sino que también nos pegan", ha dicho el alcalde, que ha explicado que, desde diciembre próximo, los aquilanos deberán pagar 14 mensualidades de impuestos cada año para reembolsar al Estado las tasas aplazadas.

"Lo más grave de todo es que en el ajuste financiero, el Gobierno no ha contemplado una sola medida de ayuda a L'Aquila, que corre el riesgo de ser una Pompeya moderna", ha dicho el alcalde antes de reunirse con el presidente del Senado, Renato Schifani.

El secretario de Estado Carlo Giovanardi ha acusado a Cialente de haber retrasado la entrega de 12 millones de euros que su departamento ha destinado a familias en dificultad. "Que deje de hacer el revolucionario y se ponga a trabajar", ha dicho.

"Perdonad si soy víctima del terremoto y vivo en una tienda de campaña. Además de la sangre de los 309 aquilanos ahora hacía falta también esto", se lamentaba un joven en declaraciones a la televisión Sky, mientras mostraba la camiseta ensangrentada con la que se acababa de secar los golpes que los agentes le habían propinado en la cabeza.

Después de llegar a la plaza Venecia, los manifestantes han sido bloqueados por la policía cuando intentaban acceder a la vía del Corso, que conduce a la sede de presidencia del Gobierno y del Parlamento. En este punto se han originado los enfrentamientos. Finalmente la marcha ha superado el cordón policial y un grupo ha llegado hasta la sede del Parlamento, en la plaza Montecitorio.

Allí se han unido los líderes de los principales partidos de la oposición, Pierluigi Bersani, del Partido Democrático, y Antonio di Pietro, de Italia de los Valores. Bersani se ha dirigido a los manifestantes y ha afirmado que el PD es favorable a una tasa de desarrollo para L'Aquila. "Hace falta más respeto", ha afirmado. "Lo que ha sucedido es inconcebible. La cortina mediática que ha ocultado las noticias sobre L'Aquila en estos meses ha oscurecido también nuestras protestas".

Bersani ha recibido aplausos pero también críticas: "Vergüenza, bufón, nos habéis dejado solos, la oposición nos ha abandonado", le ha gritado un hombre. Por su parte, Di Pietro ha dicho: "La revuelta social contra un Gobierno ciego y sordo está en puertas".

Los manifestantes piden también la congelación de los intereses de las hipotecas y medidas de apoyo al empleo. "No se trata de privilegios, sino de equidad de derechos, estamos aquí para defender nuestra supervivencia", explicaba Lina Calandra, una investigadora universitaria.

El seísmo, que alcanzó una magnitud de 6,3 en la escala de Richter, causó 308 muertos en la región central de los Abruzos, cuya capital es la ciudad medieval de L'Aquila, de 70.000 habitantes y situada a 90 kilómetros al este de Roma. Además hubo 1.000 heridos y unas 70.000 personas perdieron sus casas.

Más de un año después, la ciudad continúa sumida en gravísimas dificultades. El casco viejo sigue siendo un territorio fantasma y lleno de cascotes, la reconstrucción no ha comenzado y la economía local permanece hundida. Han cerrado 2.500 empresas y 1.500 talleres de artesanía. Unas 27.000 personas han sido realojadas por el Estado. De ellas, unas 18.000 viven en las viviendas nuevas, situadas fuera de la ciudad, entregadas por el Gobierno, según datos de la Protección Civil, que depende del Ejecutivo. Y todavía hay otras 9.000 en hoteles o cuarteles.