El presidente de Rusia purga el Ministerio del Interior

El ministerio del Interior de Rusia ha sido objeto de una expeditiva purga en la que fueron destituidos 17 generales, incluidos dos viceministros. Aunque los despidos tienen diferentes causas, el presidente Dmitri Medvédev ha salido así al paso del creciente malestar de la sociedad por los numerosos escándalos de delincuencia y corrupción protagonizados por quienes se amparan en su condición de representantes del orden para actuar como bandidos.

Una encuesta del centro sociológico Levada indica que el 67% de los rusos teme a la policía y el 77% se siente desprotegido ante sus arbitrariedades. Los ejemplos, recogidos por los medios de comunicación, son abundantes desde la incursión de un mayor borracho en un supermercado de Moscú que el año pasado mató a dos personas e hirió a otras varias hasta el profesor de piano recientemente golpeado con saña por un policía en Yekaterinburg.

Las destituciones han sido anunciadas después de que Medvédev se reuniera con el alto funcionariado de Interior y explicara algunos de los cambios que planea en la entidad, entre ellos una reducción del personal en el aparato central, que pasará de casi 20.000 personas a 10.000. El presidente también contempla transferir a otros departamentos algunas funciones que ahora realiza el Ministerio del Interior, tales como la inspección técnica de vehículos, la custodia de centros de internamiento de borrachos y la expulsión de los inmigrantes ilegales.

"Esto es solo el comienzo", ha dicho Medvédev en una alocución a los altos mandos de Interior. El jefe del Estado ha dado hasta diciembre al Gobierno para que presente al Parlamento una ley reguladora de la policía y un mes al ministro del Interior, Rashid Nurgalíev, para que elabore un plan interno contra la corrupción. Según Medvédev, en Rusia cada año quedan sin resolver 2.000 asesinatos o intentos de asesinato.

Reformas

Funcionarios de la administración presidencial en el Kremlin han sustituido a los dos viceministros despedidos. Sin embargo, el mantenimiento del ministro Rashid Nurgalíev en el cargo que ocupa desde 2004 plantea interrogantes sobre la profundidad y carácter cualitativo de las reformas en ciernes. De momento, se puede hablar de purgas pero no parece que estén en cuestión las medidas que Vladímir Putin adoptó al llegar al poder y que consistían en establecer una "vertical" de mando en la policía, mediante la cual los representantes provinciales de Interior pasaron a ser nombrados desde Moscú sin contar con las autoridades locales, como ocurría antes.

Entre los despedidos hay varios responsables regionales, entre ellos el de Tomsk, en Siberia, en cuya demarcación pereció en enero un periodista, víctima del sadismo de un agente en un centro de internamiento de borrachos. También está el responsable de Tuvá, en Siberia, donde un policía asesinó a tiros a un menor que conducía sin carné. También ha sido destituido el vicejefe del ministerio del Interior de Krasnodar, el territorio de donde procede el mayor Alexéi Dymovski. En 2009 este funcionario denunció por Internet la indefensión de los mismos policías frente a sus mandos, que, según él, les obligaban a participar en esquemas corruptos. A la aparición de Dymovski siguieron otros agentes que también por Internet le apoyaron o se quejaron de sus condiciones laborales en otros puntos del país.

En la lista de despedidos se encuentra el jefe de la policía de Buriatia, detenido por contrabando, el responsable de Karachaevo-Cherkesia, de Rostov (en el norte del Cáucaso), Bélgorod Briansk, Nóvgorod, y un alto mando de Moscú. También han echado a varios responsables interregionales de transporte y del mantenimiento del orden en "territorios cerrados" e instituciones custodiadas por Interior.

El presidente ha presentado tres proyectos de ley para reformar distintos aspectos de la institución policial. Si prosperan, un policía podrá ser condenado a seis meses de arresto, si incumple una orden legal de sus superiores. Si el incumplimiento es colectivo, podrá ser condenado hasta cinco años de cárcel. Estos puntos, que parecen indicar una cierta militarización del cuerpo policial, podrían ser utilizados eventualmente en caso de que los agentes del orden se negaran por ejemplo a disolver manifestaciones de protesta. En la legislación presentada por Medvédev se considera una indisciplina grave que un miembro de la policía critique públicamente a los órganos del interior y la pertenencia al cuerpo policial es catalogada como un agravante para quien comete un delito.