El mayor patíbulo del mundo

La ejecución de Akmal Shaikh por introducir cuatro kilos de heroína en China, a pesar de que supuestamente padecía trastornos mentales, ha vuelto a poner de manifiesto el uso extendido y, frecuentemente arbitrario, que hace Pekín de la pena de muerte.

China es el país que más personas ajusticia. Al menos 1.718 fueron enviadas al patíbulo el año pasado sobre un total de al menos 2.390 en todo el mundo, según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional. Pero activistas y organismos de lucha contra la pena capital aseguran que esto es sólo la punta del iceberg y que la cifra real -que es desconocida, ya que Pekín la considera secreto de Estado- es mucho mayor. A China le siguen Irán (346 ajusticiados), Arabia Saudí (102) y Estados Unidos (37).

La fundación estadounidense Dui Hua, que centra su labor en el país asiático, estima que el número de ejecutados en China fue de 6.000 el año pasado, según datos recabados entre funcionarios locales.

Un total de 68 delitos, la mayoría no violentos, son susceptibles del castigo máximo. Contrabando, proxenetismo, soborno, corrupción, desfalco o fraude fiscal pueden llevar al corredor de la muerte. Pero también tipos delictivos tan borrosos como "poner en peligro la seguridad nacional".

Amnistía Internacional denuncia que los procesos que conducen cada año a la ejecución de miles de personas en China están plagados de incertidumbres, irregularidades, errores judiciales y confesiones extraídas mediante tortura. Además, no existe una justicia independiente, ya que los magistrados están bajo las órdenes del Partido Comunista Chino.

El Gobierno defiende que la pena capital es necesaria dadas las condiciones actuales del país. En 2005, restableció la obligatoriedad de que todas las condenas a muerte sean ratificadas por el Supremo, lo que, según los expertos, ha reducido automáticamente el número de sentencias de pena capital dictadas por los tribunales provinciales. Dui Hua estima que China ejecutará este año a 5.000 personas, frente a 7.000 en 2007 y 10.000 hace una década. El objetivo de Pekín, según la fundación, es la eventual abolición de la pena de muerte.

El método tradicional de aplicación es un disparo en la nuca, pero en los últimos años se ha extendido el uso de la inyección letal; un paso que ha sido calificado por las autoridades y los medios de comunicación oficiales de "progreso social".

El Gobierno ha dicho que quiere que la máxima pena se limite a crímenes que tengan "graves consecuencias sociales" y que, cuando se dicte, se haga "de forma justa". El desenlace del caso Shaikh ha levantado un velo de sospechas sobre este compromiso. "La presente ejecución es realmente una bofetada en la cara de la comunidad internacional", ha declarado Amnistía Internacional.