Los indígenas peruanos fundarán su partido político
Los nativos de la Amazonia peruana, alrededor de 400.000 según cálculos del Gobierno, han decidido dar un paso más en su búsqueda de un lugar en el escenario político del país con la anunciada creación de un partido con el que pretenden participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2011. El movimiento, que se llamará Alianza para la Alternativa de la Humanidad (APHU), sería presentado oficialmente en septiembre próximo y su candidato para la presidencia probablemente será Alberto Pizango, el líder del paro amazónico que el año pasado terminó con los enfrentamientos en la localidad de Bagua, en los que murieron 34 personas, la mayoría policías.
Pizango, quien después del enfrentamiento obtuvo asilo político en Nicaragua, regresó en mayo pasado a Perú y ahora afronta un proceso judicial, acusado de ser uno de los instigadores de la matanza. El miércoles declaró que la formación del partido político es una forma de los nativos de responder a los intentos del Ejecutivo de dividirlos mediante la creación de coordinadoras o agrupaciones "que no tienen la representatividad necesaria para hablar en nombre de los pueblos".
Inversión en la selva
También aseguró que el futuro partido "será una herramienta política de la Amazonia y sus recursos, que pertenecen a todos los peruanos" y que él mismo está dispuesto a ser el candidato presidencial: "Si los pueblos proponen que yo sea la figura política, la que puede llevar adelante los grandes ideales, las grandes propuestas, yo estoy a disposición de ellos", adelantó.
Aunque una eventual postulación de Pizango sería poco más que testimonial, en los últimos años -y especialmente después del paro amazónico de 2009- los nativos indígenas han ganado notoriedad en la política peruana por su oposición a varios proyectos e iniciativas del Gobierno orientados a estimular la inversión en la selva amazónica.
Los nativos, que tienen una relación cultural con su entorno muy diferente a la occidental, exigen que se respete su derecho a ser consultados ante cualquier decisión relacionada con sus tierras. Un proyecto sobre el particular fue aprobado recientemente por el Congreso, pero no ha entrado en vigor porque el Ejecutivo, en vez de promulgarlo, lo devolvió con observaciones al Legislativo.
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