La fiscalía argentina acusa a Menem de encubrir a terroristas

La unidad especial de investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que el 18 de julio de 1994 causó 86 muertos, acusó ayer al ex presidente Carlos Saúl Menem por encubrimiento de los responsables del atentado y por realizar maniobras con el fin de obstaculizar la investigación. El atentado contra la AMIA fue el mayor de toda la historia de Argentina y sobre su autoría se barajó la implicación de grupos terroristas internacionales como la Yihad Islámica, aunque otra línea apuntaba a la participación necesaria de una red local.

En el mismo escrito de la Unidad Especial -creada para el caso por la Fiscalía General argentina- se pide que acudan a declarar ante un juez federal Carlos Corach, quien fuera secretario de Interior de Menem, y Hugo Anzorreguy, ex director del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE). La decisión queda ahora en manos del juez Claudio Bonadío, quien a su vez ha sido criticado por familiares de las víctimas y algunas organizaciones judías por la lentitud con la que está tramitando el sumario. En paralelo, otro juez federal, Rodolfo Canicoba, ha nombrado a dos fiscales especiales para que aceleren las pesquisas. Los dos fiscales, pertenecientes a la Unidad Especial, gozarán de plena autonomía y el juez sólo intervendrá en las resoluciones más importantes.

Esta es la primera vez en que se implica directamente a Menem con el atentado, aunque en algunos medios políticos y periodísticos siempre se relacionó el origen sirio del ex presidente con el embrollo judicial en el que entró la investigación y otros hechos, como la concesión de la ciudadanía argentina a un conocido traficante de armas sirio. Representantes de la comunidad judía argentina han pedido en numerosas ocasiones que se investigue al ex presidente por su actuación durante el proceso y han criticado duramente la ineficacia del Estado por no haber podido resolver el caso después de diez años.

Desde que en la mañana del 18 de julio de 1994 estallara una furgoneta frente al edificio donde estaba la sede la AMIA, la investigación estuvo caracterizada por las irregularidades hasta tal punto que ayer mismo el Consejo Superior de la Magistratura acordó suspender por 180 días al juez federal Juan José Galeano, magistrado que en un principio se encargó del sumario del atentado. El Consejo ha tenido en cuenta las acusaciones que pesan sobre Galeano sobre las irregularidades que cometió durante la instrucción del caso y ha ordenado que el juez sea sometido a un proceso para determinar si su comportamiento fue correcto.

El juez Galeano está acusado de apañar, en colaboración con partidarios de Menem, una falsa acusación contra cuatro policías y un mecánico para demostrar que habían colocado la furgoneta bomba frente al objetivo del atentado. Según la tesis del juez, estas cinco personas habrían servido de apoyo logístico indispensable para un grupo de terroristas llegados del extranjero. Según las acusaciones, Galeano, para sustentar su tesis, habría pagado hasta 400.000 dólares a un testigo falso, ordenado escuchas telefónicas ilegales e incluso permitido torturas sobre uno de los imputados. La votación de ayer en su contra fue aplastante: 16 de los 17 miembros del Consejo Superior de la Magistratura votaron en su contra.