El fiscal antimafia confirma que el Estado italiano negoció con Cosa Nostra

El Estado italiano negoció con la mafia siciliana a principios de los años noventa para evitar que continuaran las matanzas iniciadas con el asesinato del juez Giovanni Falcone. El hecho era un secreto a voces, pero nunca había sido confirmado oficialmente, hasta anoche. El fiscal antimafia, Piero Grasso, la primera autoridad del país en la lucha contra el crimen organizado, confirmó en el telediario de RAI 3 que la negociación existió, y que fueron Totò Riina, el capo más sanguinario de la historia, y Vito Ciancimino, alcalde democristiano y mafioso de Palermo, quienes impulsaron el acuerdo con los servicios secretos.

Cosa Nostra comprendió que podía chantajear al Estado con algunos asesinatos selectivos y lo hizo, ha dicho Grasso. "El asesinato de Falcone (murió el 23 de mayo de 1992 con una bomba colocada en la autopista que conduce de Palermo al aeropuerto, junto a su mujer y tres escoltas) funcionó como espoleta de ese chantaje", sostiene el fiscal. Meses después, el atentado contra el juez Paolo Borsellino (el 19 de julio, un coche bomba explotó bajo la casa de su madre en vía D'Amelio y causó su muerte y la de cinco guardias) pudo servir para reactivar la negociación con los representantes de las instituciones".

El fiscal justifica el proceso negociador por el contexto político e histórico. En 1992, la Democracia Cristiana se estaba desintegrando, y con ella el entero sistema político de la primera República italiana. El momento "era terrible, y hacía falta detener esa deriva terrorista", afirmó Grasso. "Los contactos debían servir para tener interlocutores creíbles. El problema era reconocer a Cosa Nostra un nivel suficiente para tratar con el Estado, pero no hay duda de ese contacto creó expectativas y consecuencias posteriores".

Tras los arrestos de Vito Ciancimino y de Totó Riina, añadió el fiscal, "las matanzas tomaron otro rumbo, pero continuaron. Yo creo que hay un único hilo que une los asesinatos iniciales como el de Lima (Salvo Lima, eurodiputado democristiano, muerto a tiros el 12 de marzo de 1992), con todos las demás acciones, entre ellas el atentado abortado contra el Estadio Olímpico".

En otra entrevista, ésta al diario La Stampa, el fiscal nacional antimafia sostiene que la negociación entre Estado y mafia "salvó la vida a muchos políticos". "En principio pensaban atacar al poder político y tenían previsto matar a Calogero Mannino, Claudio Martelli, Giulio Andreotti, Carlo Vizzini y quizá algún otro nombre que ahora se me escapa. Cambiaron de objetivo probablemente porque comprendieron que no podían golpear a quienes debían hacer cumplir sus peticiones".

Según Grasso, el pacto consistió en entregar a la cúpula de Cosa Nostra a las fuerzas del orden a cambio de dar un "óptimo trato a sus familiares, a ellos mismos en la cárcel, y una justa valoración de su responsabilidad". Los mafiosos hicieron otras peticiones, añade, pero eran irrealizables.

Antonio di Pietro, líder de Italia de los Valores, dijo que Grasso "debe dar inmediatamente los nombres de los gestores de esa indecente utilización del Estado y de su dignidad". "Debe decir qué políticos fueron salvados, qué habían prometido a la mafia, quiénes eran sus testaferros y quiénes defienden sus intereses en el Parlamento. Algunos nombres los conocemos ya", agregó el ex juez; "el primero sería Giulio Andreotti, hombre con 'experiencia' en relaciones con la mafia, salvado por la prescripción; otro es Marcello Dell'Utri, fundador de Forza Italia, hoy en apelación de la condena a nueve años por concurso externo en asociación mafiosa".

Dell'Utri ha sido la mano derecha de Silvio Berlusconi, el primer ministro, desde hace 35 años. Según Di Pietro, ha llegado la hora de "hacer luz en ese episodio, y procesar a los culpables no solo por los delitos más obvios sino también por traición a la patria".