El doble juego de Italia

El Gobierno italiano lleva semanas haciendo acrobacias verbales y diplomáticas en torno a la crisis libia. El conflicto que desangra a su excolonia plantea tanto a Roma como a sus empresas dilemas de difícil solución. El Tratado de Amistad, Sociedad y Cooperación firmado en Bengasi en 2008 por Silvio Berlusconi y el coronel Gadafi prohíbe a Italia inmiscuirse en los asuntos internos libios e incluso ofrecer sus bases a terceros para intervenir contra el régimen. Además, la cláusula 20 del turbio acuerdo, que sigue vigente, obliga a Roma a compartir sus planes militares con Trípoli.

Atrapado en esas contradicciones, el ministro de Exteriores, Franco Frattini, aseguró ayer que es "difícil imaginar" que aviones italianos lleguen a actuar para frenar el baño de sangre. Aunque añadió que, "por lealtad euroatlántica", Roma "no podrá negar el uso de sus bases militares y su apoyo logístico" si la comunidad internacional los necesita.

El pacto nació para proteger negocios y frenar la inmigración, según un diputado

Según explicó, Italia ha comunicado a sus aliados que sus bases están disponibles "siempre que haya un cuadro de legitimidad internacional, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y una resolución de la OTAN".

Tanto Frattini como su colega de Defensa, Ignazio La Russa, han reiterado que el tratado con Libia está "suspendido de hecho" porque "ya no hay contraparte". Pero se firmó entre Italia y la Gran Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista, es decir, el Gobierno de Gadafi. Y el artículo 80 de la Constitución italiana afirma que solo el Parlamento puede abolir los tratados internacionales.

El diputado del Partido Democrático Lapo Pistelli comenta que su partido ha depositado una moción en el Senado para exigir al Gobierno que el Parlamento anule el tratado porque "Libia viola los derechos humanos y eso ha cambiado las reglas del juego". El Gobierno no ha movido ficha, aunque el artículo 4 del tratado afirma que "las partes se abstendrán de cualquier forma de injerencia directa o indirecta en los asuntos internos o externos que afecten a la jurisdicción de la otra parte, ateniéndose al espíritu de buena vecindad". El apartado 2 añade que "Italia no usará ni permitirá el uso de sus territorios en cualquier acto hostil contra Libia".

Cuando fue ratificado por el Parlamento, en 2009, un puñado de diputados afirmó que el tratado era ilegal porque no respetaba el derecho de asilo de los emigrantes y vulneraba los pactos de Italia con la OTAN. Seis diputados de los Radicales presentaron 6.200 enmiendas. Fueron rechazadas con el consenso del centroderecha y el centroizquierda. Solo los Radicales, los democristianos, Italia de los Valores y unos cuantos parlamentarios del PD votaron contra la ratificación.

Según Furio Colombo, diputado del PD y uno de los grandes críticos del tratado, "Italia sigue hoy vinculada a ese pacto y no puede intervenir para evitar las matanzas ni permitir a sus aliados que usen las bases o su territorio nacional para frenar a Gadafi. En puridad, estaría obligada incluso a ofrecer a Libia las armas y secretos que comparte con sus socios de la OTAN".

El artículo 20 afirma que "las dos partes se comprometen a desarrollar su colaboración en el sector de la Defensa (...), y acuerdos específicos que regulen el intercambio de misiones, de información militar y de maniobras conjuntas".

El polémico pacto zanjó el conflicto colonial sin compensar a los italianos que perdieron sus posesiones en Libia, pero Roma prometió pagar a Trípoli 3.600 millones de euros en 20 años como daños por la ocupación. Las cifras resuenan hoy como un sangriento sarcasmo. Entre 2009 y 2010, Italia pagó al régimen de Gadafi 468,5 millones de euros; en 2011 debería pagar 250 millones más.

Ambas partes decidieron además forjar una "amplia alianza industrial en el sector de la defensa y las industrias militares". Aunque el ministro La Russa ha afirmado que Roma "no ha vendido a Libia ni un cortaúñas", Italia fue el país europeo que más armas exportó a Trípoli en 2008 y 2009. Según la lista de la UE, pidió licencias para enviar a Gadafi equipos militares por 208 millones.

El tratado, resume Colombo, obedece al deseo de "proteger o iniciar grandes negocios" y "a los deseos de la Liga del Norte por luchar contra inmigración por la ilegal vía militar".