Los derechos humanos, asunto no grato en México

La política de derechos humanos del Gobierno mexicano está en duda. El representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) en México, el italiano Amérigo Incalcaterra, deja abruptamente el cargo por presiones de las autoridades del país americano.

En sus poco más de dos años en tierras mexicanas, el funcionario de la ONU ha denunciado con firmeza las violaciones de derechos humanos, amparadas en muchos casos en la impunidad. Su actitud crítica incomodó a las autoridades hasta llegar a una situación insostenible. La noticia, no anunciada públicamente, pero sí comunicada al interesado por sus jefes en Ginebra, ha provocado inquietud en organizaciones de la sociedad civil y en medios diplomáticos.

Alejandro Negrín, director general de Derechos Humanos de la Secretaría (Ministerio) de Relaciones Exteriores, ha confirmado a EL PAÍS que la alta comisionada de Naciones Unidas, Louise Arbour, comunicó recientemente el relevo de su jefe de misión en México al embajador mexicano ante la ONU, Luis Alfonso de Alba. Negrín se limitó a señalar que fue una decisión que "tomó libremente la alta comisionada. Ella designa a sus representantes".

El funcionario evitó responder sobre el presunto malestar gubernamental por algunas declaraciones del representante de la oficina del ACNUDH. "No tengo conocimiento de ello", dijo lacónico. Sin embargo, fuentes de toda solvencia han asegurado a este diario que en su viaje a México en febrero pasado, Louise Arbour escuchó reiteradas quejas de las autoridades por el alto perfil de Incalcaterra.

Desde su llegada al Distrito Federal, a finales de 2005, procedente de Colombia, Incalcaterra dejó claro que no es un funcionario internacional que se limita a ver, oír y callar. La Secretaría de Exteriores le llamó a capítulo por un artículo publicado en el diario El Universal el 3 de agosto de 2006, sobre la controvertida elección presidencial, que ganó por estrecho margen el conservador Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador, de izquierda. El aviso fue contundente: por mucho menos, aplicarían el artículo 33 de la Constitución. Dicho texto señala que "los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".

La amenaza no silenció al representante del Alto Comisionado para Derechos Humanos, que en artículos o declaraciones posteriores opinó y alertó sobre la pobreza, el narcotráfico, la corrupción, las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, los pueblos indígenas, las violaciones de derechos humanos a los migrantes y la violencia contra periodistas. Denunció la autocensura como "otra forma preocupante de restricción y limitación a la libertad de expresión que se imponen algunos periodistas y medios de comunicación", y la calificó de "forma de protección frente a la deficiente capacidad del Estado mexicano para defender este derecho".

El malestar de las autoridades alcanzó su cota máxima cuando Incalcaterra cuestionó el empleo de los militares en la lucha contra el crimen organizado. "Nosotros desaconsejamos el uso del Ejército en tareas de seguridad pública por las experiencias que hemos visto a lo largo y ancho del mundo, por los efectos que pueden producirse, que son violaciones a los derechos humanos", dijo el funcionario en un taller de periodistas en mayo de 2007. La Secretaría de Defensa movió ficha, y de nuevo Incalcaterra fue convocado al Ministerio de Exteriores, donde recibió un ultimátum: no más críticas a las Fuerzas Armadas, porque su implicación en el combate al narcotráfico es política de estado.

Las reacciones no se han hecho esperar: "Es una mala señal, que se añade a otras señales preocupantes, como el retraso de la aprobación del programa nacional de derechos humanos y la ruptura de los canales de diálogo del Gobierno con la sociedad civil", ha dicho Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

"Si hacen esto al representante del máximo órgano de defensa de derechos humanos del mundo, qué no serán capaces de hacer con las organizaciones mexicanas", ha señalado Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limeddh). "El Gobierno quiere una oficina del Alto Comisionado que sea de adorno", añadió Nora Minerva Martínez, de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, que agrupa a seis organizaciones.

Con la reserva del caso, en varias cancillerías de la Unión Europea han recibido la noticia con mala cara. "A los embajadores occidentales nos gustaría que se diera más prioridad a los derechos humanos", observó Anna Lindstedt, jefa de la misión diplomática de Suecia, que subraya la contradicción entre los discursos oficiales y lo que ocurre en la práctica.

"Para la política exterior española en América Latina es prioritaria la defensa de los derechos humanos", recordó el embajador en México, Carmelo Angulo, "aunque entendemos la complejidad que esto conlleva en procesos de transición".

En su visita a México, la alta comisionada, Louise Arbour, firmó con las autoridades mexicanas un acuerdo sobre la continuidad de las actividades de la oficina en México, que se inauguró en 2002. Pero la suerte de su representante en el país americano estaba echada, a pesar de que su trabajo ha recibido elogios desde distintos sectores, incluido el Gobierno. Los funcionarios de derechos humanos no están en países fáciles y tocan nervios muy sensibles, advirtió un diplomático europeo. Una sensibilidad que estará a flor de piel cuando llegue a México el próximo representante de la ONU para los derechos humanos.