Los auditores evalúan Aerolíneas para fijar el precio de la cesión de acciones

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner negociaba este lunes con Marsans la cesión del 94,6% de las acciones de Aerolíneas Argentinas y el 97% de la empresa de vuelos nacionales Austral al Estado argentino, según fuentes vinculadas a ambas partes. Ahora es el turno de los auditores. El diálogo ha sido seguido de cerca por el ministro español de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián. El Gobierno argentino y el grupo español llegaron durante el fin de semana a un principio de acuerdo para que Aerolíneas, privatizada en noviembre de 1990, vuelva a ser parte del Estado. Pero todavía falta por definir cómo se pactará el precio de la empresa y cómo será gestionada en el período de transición del sector privado al público.

Fuentes vinculadas a la negociación señalan que aún existen diferencias de opinión en el seno del Gobierno argentino: unos abogan por apurar la salida de Marsans sin pagarle nada a cambio, dada la elevada deuda de Aerolíneas, y otros prefieren una transacción que deje conformes a los accionistas del grupo español, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, para no perjudicar la relación con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre los partidarios de la primera opción figura el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, hombre de confianza del ex presidente argentino Néstor Kirchner, y entre los segundos, el jefe del Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, que mantiene contactos telefónicos con Sebastián. Hasta hace poco, Marsans decía que tenía incluso a la presidenta Fernández de Kirchner de su lado, pero ahora la presidenta está centrada en la votación de la subida de impuestos a la exportación de soja, que tendrá lugar pasado mañana en el Senado.

Hasta hace dos meses, el Gobierno argentino promovía el ingreso de un socio privado argentino en el capital de Aerolíneas, así como también un aumento de la participación del Estado (del 5% al 20%) y de los empleados (del 0,4% al 10%). Marsans había firmado una carta de intenciones con el naviero argentino Juan Carlos López Mena para venderle el 36,4% de la compañía aérea. Pero toda esa operación se frustró la semana pasada, justo cuando la línea aérea, con finanzas en rojo, dejó de pagar las nóminas y el Estado argentino se vio obligado a asumir esos pagos. Ahora el plan del Gobierno de Buenos Aires es la reestatalización, aunque algunos funcionarios sostienen que después deberá venderse a inversores privados locales.

El acuerdo implicaría la cesión al Estado de todas las acciones que Marsans tiene en Aerolíneas y Austral, pero después de un período de 60 o 90 días en que los auditores deberán definir el precio de las empresas en juego. Precisamente, ahora está en discusión la forma en que se evaluarán las compañías. También se discute quién gestionará durante esos dos o tres meses la compañía: si el Estado solo o junto con Marsans.

El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, aclaró ayer en la radio local que la reestatalización de Aerolíneas no será como la de la siderúrgica venezolana Sidor, que pertenecía al grupo argentino Techint y que fue nacionalizada de un día para el otro por el presidente Hugo Chávez. "Argentina es Argentina, y Aerolíneas es la línea de bandera de nuestro país", dijo el secretario y prometió dar "un corte definitivo" a la crisis de la empresa, que ayer volvió a protagonizar demoras en los vuelos por falta de aviones, según los sindicatos.

Jaime, que venía diciendo que la deuda de Aerolíneas era de 890 millones de dólares, admitió ayer que el pasivo ejecutable en la actualidad es de sólo 240 millones, una cifra superior a los 280 millones de pérdidas que ha sufrido en los últimos 12 meses. Sólo en el último trimestre, Aerolíneas consiguió que Jaime aumentara las tarifas y los subsidios al encarecido combustible, tal como había prometido en diciembre de 2006.

Por eso, en el Gobierno español no coinciden con el argentino en que Marsans la gestionara mal y opinan que una nacionalización hostil afectaría las relaciones bilaterales. El secretario de Transporte argentino advirtió que si el Estado no hubiera pagado la semana pasada la nómina de la compañía, Aerolíneas habría dejado de volar y entonces la deuda exigible habría subido a 890 millones. En esa suma se incluye la compra y el alquiler de aviones, previsiones de deuda y billetes emitidos pero aún no usados, entre otros aspectos. Para Marsans, ese total alcanza los 740 millones. La clave de la discusión radica en que cuanto más deba Aerolíneas, menos precio deberá pagarse por ella.