Varapalo judicial al trujillismo

Una juez dictó el pasado jueves una sentencia que prohíbe la apertura de una filial de la Fundación Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, así como la reproducción y venta de un libro escrito por una de las hijas del dictador que gobernó el país caribeño de 1930 a 1961, año en que fue asesinado. El fallo resuelve un recurso de amparo presentado por dos organizaciones e incluye además la prohibición de celebrar actos públicos para enaltecer la llamada Era de Trujillo. La decisión se produce en momentos en los que en el Congreso dominicano se debate un proyecto de ley que contempla construir un museo en la localidad natal del tirano y una propuesta para que sus restos sean trasladados desde España a tierras dominicanas.

Hasta febrero pasado, el casi medio siglo transcurrido desde su asesinato no había evitado que en República Dominicana el ex dictador Rafael Leónidas Trujillo siguiera presente en las conversaciones cotidianas. Desde ese mes, el debate sobre su figura ha ganado espacio gracias al libro, una fundación y el proyecto de ley. El día 25 del segundo mes del año se presentó en Miami (Estados Unidos) Trujillo, mi padre en mi memoria, de María de los Ángeles Trujillo, Angelita, una de las hijas del dictador. En él da una versión diferente de la dictadura.

Dicho contenido encendió los ánimos de los grupos antitrujillistas, que boicotearon el acto de puesta en circulación en Santo Domingo hasta lograr su suspensión. La publicación fue el detonante de una controversia alimentada por la decisión de los familiares del tirano de crear una fundación con su nombre en Estados Unidos, con filial en tierras dominicanas. Su objetivo, como dice su página web, es "llevar a cabo el decoroso proceso de complementar los anales del siglo pasado con la justa restauración de los 30 años mutilados a nuestra historia patria correspondiente al periodo conocido como la Era de Trujillo".

El resultado de este enfrentamiento dialéctico, vivido principalmente a través de los medios de comunicación, se tradujo en un recurso de amparo contra las pretensiones de los familiares de Trujillo interpuesto a finales de mayo por la Federación Dominicana de Federaciones Patrióticas y la Fundación Manolo Tavárez. El fallo emitido por la juez apoderada del caso, Katia Gómez, fue dado a conocer el pasado jueves. Según los medios locales, la sentencia de la magistrada prohíbe la reproducción y venta de Trujillo, mi padre en mi memoria y deniega a la Fundación Rafael Leónidas Trujillo el permiso para establecerse en República Dominicana.

La reacción de los afectados fue dada a conocer a través de un comunicado emitido por el nieto del dictador, Ramfis Domínguez Trujillo, principal promotor de las acciones de su familia y quien a principios de semana fue expulsado de las vistas públicas organizadas en la Cámara de Diputados por la comisión que estudia un anteproyecto de ley para instalar un museo alusivo a la Era de Trujillo en el país.

Domínguez Trujillo calificó de atropello a la Constitución dominicana el fallo judicial y afirmó que la sentencia no tiene fundamento legal, además de que "constituye una violación al derecho a la libre expresión del pensamiento y la declaración de los derechos humanos". Quienes iniciaron las acciones legales se ampararon en la ley 58-80 de 1962, que prohíbe las actividades vinculadas con el trujillismo. El abogado de la defensa afirmó poco antes de conocerse la decisión de la juez que dicha ley no está en vigencia.

La sentencia se ha producido en los días en los que la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados realizaba vistas públicas para escuchar las opiniones de los ciudadanos y organizaciones con referencia a un anteproyecto de ley promovido por un legislador de la oposición electo por la provincia San Cristóbal, lugar de nacimiento de Trujillo, para levantar un museo histórico de la Era de Trujillo. Dicha propuesta incluye un punto en el que se plantea que los restos del dictador sean trasladados desde España para reposar en el lugar. Manuel Jiménez, presidente de la comisión que estudia el caso, ve pocas posibilidades al proyecto. En declaraciones que recogía el diario local Hoy, informó de que solo cuatro de las 45 comparecencias manifestaron su visto bueno. EL PAÍS supo ayer que el informe que se presentará a la plenaria de la Cámara el próximo martes recomienda el rechazo al anteproyecto de ley.

La diputada Minou Tavárez Mirabal será una de las personas que recibirán este informe seguramente con una sonrisa después de haber llorado en las vistas públicas. Su madre fue Minerva Mirabal, una de las tres "mariposas" asesinadas el 25 de noviembre de 1960, en las postrimerías de la dictadura de Trujillo, crimen que llevó a la Unesco a declarar ese día como jornada mundial de la no violencia contra la mujer. La noticia de que un colega había propuesto la creación del museo y que se escucharían opiniones en vistas públicas le sorprendió en París. Había acudido a la sede de la agencia de la ONU para participar en la conmemoración de los 50 años del asesinato de su progenitora, sus tías y su chófer. Y allí dijo que en su país el "trujillismo está más vivo de lo que quisiéramos aceptar".

Ayer, Tavárez mostraba a este periódico su sorpresa porque "50 años después de haber sido capaces de terminar con la dictadura no hayamos sido capaces de enterrarlo, de dejar atrás esa época funesta de nuestra historia y caminar hacia la consolidación de nuestra democracia, algo que seguimos teniendo pendiente". La diputada, sin embargo, cree que hay que dejar a cada quien que se exprese, porque eso es la democracia. No es eso lo que le molesta de este caso, sino el hecho de "que el anteproyecto de ley plantee que el museo se levante con fondos públicos" en un espacio, la Casa de Caoba, cuya conservación debe garantizar un patronato establecido por una ley motivada porque "los propios trujillistas la estaban saqueando y hoy tienen en sus casas piezas que no son de su patrimonio. Lo que se construyó a partir del robo fue objeto de robo", dice Tavárez.