Sarkozy propone un "nuevo contrato social"

Nicolas Sarkozy abandonó ayer definitivamente su lenguaje electoral para fijar los objetivos de la reforma del modelo social francés. El jefe del Estado propuso "un nuevo contrato social para Francia basado en el trabajo, el mérito y la solidaridad". El sistema actual "no es sostenible en términos financieros, desincentiva el trabajo y no garantiza la igualdad de oportunidades", dijo. Sarkozy, que desactivó -al menos temporalmente- el previsible conflicto por la supresión de los regímenes especiales de pensiones evitando ponerles fecha de caducidad, anunció una revisión del contrato laboral y de la jornada de 35 horas, medidas para penalizar fiscalmente las jubilaciones anticipadas y sanciones para los parados que rechacen ofertas de trabajo.

Antes de un mes se celebrará una conferencia sobre el empleo en la que participarán todos los actores sociales, y que deberá dar a luz a una comisión independiente que cada año propondrá la subida del salario mínimo en función de la marcha del mercado de trabajo y del crecimiento económico. Sin embargo, el tema más esperado del discurso que el presidente francés pronunció en una sala del Senado ante la asociación de periodistas económicos franceses -el jefe del Estado tiene prohibido dirigirse a los diputados o a los senadores- era el de la reforma de los regímenes especiales de pensiones.

En torno a medio millón de trabajadores cotizan lo mismo que el resto de los franceses, pero disfrutan de ventajas como, por ejemplo, poder jubilarse con 50 años y la totalidad de la paga. Son, mayoritariamente, trabajadores de los grandes monopolios públicos -Électrecité de France, Gaz de France-, entre otros, y una parte importante del sector del transporte, concretamente los empleados de los ferrocarriles y el metro. También se incluyen funcionarios de alto rango, como los del Teatro y la Opera de París.

El jefe del Estado quiere que todos ellos se equiparen al régimen general de la Función Pública. Este año el tesoro público deberá añadir casi 5.000 millones de euros para enjugar el déficit que generan las pensiones de estos ciudadanos. Dos encuestas, una de la empresa CSA y otra de BVA, señalan que el 68% de los franceses está a favor de la reforma social. Sarkozy dice que el sistema es insostenible y quiere reducir un déficit público que este año alcanzará los 12.000 millones de euros. La reforma, según el plan del Gobierno, debería estar terminada para la primera mitad de 2008.

Hasta ahora, estos sectores públicos han conseguido conservar sus privilegios paralizando el país cada vez que algún Gobierno intentaba la reforma. El problema es que tocan el nervio de la acción sindical. Sarkozy había puesto incluso una fecha límite -el último día del año- para legislar al respecto si no se llegaba a un acuerdo. La frase figuraba incluso en la versión del discurso que fue entregada a la prensa, pero no la pronunció. El Gobierno no dispone de una ley de servicios mínimos que impida que los sindicatos puedan paralizar el país.

Pero Sarkozy dejó claro que el objetivo sigue siendo el mismo: "han desaparecido las diferencias que justificaban tal o cual ventaja particular", dijo. El presidente señaló que antes de 15 días el ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, y los sindicatos establecerán los principios básicos de la negociación y a partir de este punto cada empresa negociará la "armonización" del régimen de pensiones.

El presidente incidió también en la reforma del modelo del contrato laboral, del que criticó su rigidez, causa de buena parte de los problemas de creación de empleo de las empresas francesas y su falta de competitividad. Las jubilaciones anticipadas, añadió, son otro de los males del modelo laboral francés, que no puede permitirse prescindir de los mayores de 50 años. Para cambiar esta tónica, Sarkozy anunció que penalizará fiscalmente las jubilaciones tempranas y promoverá la actividad de los mayores de 55 años.

"Ningún modelo social puede sostenerse si se olvida que es el trabajo lo que está en el centro de la creación de riqueza", dijo. La semana laboral de 35 horas, uno de los caballos de batalla de la campaña electoral del actual presidente, parece tener un futuro incierto. "La estrategia

[del Gobierno del socialista Lionel Jospin] del reparto del trabajo era un error y los franceses lo han pagado caro", dijo. Anunció que irá "más lejos" en la "flexibilización" de esa norma.

El seguro de desempleo también será reformado a fondo. Sarkozy considera que hay que incentivar a los parados para que busquen y acepten trabajos. Por un lado se revisarán los sistemas de subsidios que, en ocasiones, producen efectos negativos sobre quienes buscan un trabajo, de modo que incluso pierden dinero si aceptan un empleo al dejar de percibir beneficios sociales. Por otro, los parados que se nieguen a aceptar dos ofertas de empleo dejarán de percibir el seguro de paro. Para gestionar mejor la protección del empleo, anunció el presidente, se fusionará la Agencia Nacional para el Empleo (ANPE) con la entidad que gestiona los subsidios por desempleo, el UNEDIC.

El modelo sanitario tampoco escapará a las reformas. Las que se han hecho en los últimos años, señaló Sarkozy, no bastan para controlar el déficit de la Seguridad Social. Además de una mayor eficacia en el control del gasto médico, el presidente quiere abrir un debate sobre cuál debe ser la cobertura que proporciona el sistema público y en especial sobre la atención a los ancianos y a los enfermos de larga duración. Sarkozy es partidario de dar facilidades para que los ciudadanos puedan suscribir seguros privados.