La ONU avala el informe que condena los crímenes de guerra en Gaza

En la guerra de Gaza del invierno pasado no hubo color. Israel arrasó, causó 1.400 muertos, gran parte civiles, y destrozó la infraestructura económica de la franja. Pero en el campo político y de la opinión pública, el panorama es diferente. Pese a su feroz campaña diplomática -incluidas tensas conversaciones con primeros ministros de países occidentales-, el Gobierno israelí ha fracasado a la hora de impedir que el informe del juez surafricano Richard Goldstone, que imputa crímenes de guerra a Israel y a Hamás, sea respaldado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este organismo aprobó ayer una resolución que insta al Consejo de Seguridad a remitir el caso al Tribunal Internacional de La Haya si el Gobierno hebreo y el movimiento islamista palestino rechazan llevar a cabo una investigación creíble sobre las imputaciones vertidas en el informe.

Israel bloqueará las negociaciones si el proceso se mantiene en Naciones Unidas

Si los boicoteos académicos, financieros, comerciales y militares a Israel ganan pujanza paulatinamente, en el ámbito de la alta política, el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha patinado esta semana con sus socios occidentales. El primer ministro israelí trató de persuadir al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para que expresara su rechazo al informe. "No puedo intervenir", replicó Ban. Lo mismo intentó con el premier británico, Gordon Brown. Nuevo resbalón. El ministro de Defensa, Ehud Barak, apremió a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, para que a su vez convenciera a sus socios en Londres y París. Ni por esas.

Sólo EE UU, Italia, Holanda, Hungría, Eslovaquia y Ucrania votaron en contra de la resolución respaldada por China, Rusia, y hasta 25 países árabes o musulmanes y del tercer mundo. Reino Unido y Francia rechazaron participar. Otros 11 Estados se abstuvieron.

En Israel el asunto suscita enorme preocupación. No porque piensen que el expediente concluya finalmente en el Tribunal Penal Internacional. Antes debería tramitarse en el Consejo de Seguridad, instancia en la que el veto estadounidense podría jugar su papel tradicional. Pero, ¿ha echado Washington toda la carne en el asador para impedir que prosperara la resolución? EE UU se opuso, sí, pero al igual que Londres y París -que eludieron votar en contra- ha presionado al Gobierno israelí para que forme una comisión de investigación, precisamente lo que exige el informe Goldstone. Es evidente que Netanyahu no disfruta del beneplácito a ciegas de Barack Obama del mismo modo que su antecesor, Ehud Olmert, tuvo el de George Bush.

El requerimiento al movimiento islamista carece de relevancia. Sería impensable que Hamás -que animó a "perseguir en los tribunales a los criminales sionistas"- negara su implicación en el disparo de cohetes contra suelo israelí. Pero será igualmente complicado que el Gobierno de Netanyahu acepte crear una comisión de investigación. Se niega, entre otros motivos, porque ello supondría desacreditar a su Ejército, que asegura haber investigado lo sucedido y rechaza toda responsabilidad. Casi nadie en el mundo concede legitimidad a una investigación de quien se constituye en juez cuando además es parte. A juicio de la cancillería israelí la decisión del consejo es "injusta" y "alienta el terrorismo". Así las cosas, la disputa en el organismo internacional supone otro escollo -Israel ha advertido de que bloqueará las negociaciones aún no nacidas si el proceso en la ONU sigue adelante- añadido a los esfuerzos de Obama por relanzar el proceso de paz. Cunde, otra vez, el pesimismo.