México moderniza su sistema penal para combatir el crimen organizado

México dejará atrás su obsoleto sistema judicial para dotarse de un modelo que pretende conciliar mayores garantías a los ciudadanos con un combate más efectivo al crimen organizado. El decreto, firmado el martes por el presidente, Felipe Calderón, incorpora el sistema penal acusatorio con juicios orales y procesos simplificados; instaura la presunción de inocencia y refuerza la audiencia pública. Al mismo tiempo, prorroga hasta 80 días el plazo de detención sin cargos para los sospechosos de narcotráfico y otorga competencias de investigación en ese campo (hasta ahora sólo federal) a las policías locales.

Las víctimas podrán recibir asesoría jurídica y colaborar en la investigación

"Debemos cerrar espacios a la impunidad, a la tolerancia o a la complicidad con el delito", dijo Calderón. "Lo que está en juego no es la libertad, la seguridad o la integridad de los gobernantes, sino la seguridad y la integridad de los gobernados".

Se trata de una reforma histórica de la justicia mexicana, que a principios del siglo XX pasó del sistema inquisitorial a un sistema mixto. Actualmente, los casos criminales se instruyen en expedientes escritos sobre los que dictamina el juez, sin audiencias públicas. Con frecuencia, los acusados pasan años en prisión preventiva.

Con el sistema acusatorio se busca agilizar los juicios y que prevalezcan los principios de contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El nuevo modelo, dijo Calderón, permitirá "una justicia más transparente y respetuosa de los derechos humanos".

La reforma se extiende al campo de la seguridad pública, con el ojo puesto en la lucha contra el narcotráfico, en la que se ha embarcado Calderón desde su llegada al cargo, en diciembre de 2006. El decreto otorga facultades de investigación a las distintas corporaciones policiales, que actuarán bajo la dirección de las fiscalías, y a las que se exige la depuración de los elementos corruptos. La ley establece el concepto de delito "flagrante" y de "delincuencia organizada", crea centros especiales de reclusión para narcotraficantes y permite al Estado disponer de los bienes decomisados.

Además, las víctimas de los delitos tendrán derecho a asesoría jurídica, a mantener en secreto su identidad, a colaborar con las investigaciones y a exigir la reparación del daño.

Organizaciones como Human Rights Watch han calificado la reforma de "histórica", pero han expresado también su preocupación por la prórroga hasta 80 días de la detención sin cargos para los sospechosos de narcotráfico, plazo que consideran excesivo. También creen arriesgado dar mayores competencias a cuerpos policiales viciados por la corrupción.

La reforma, aprobada por el Congreso y la mayoría de los legislativos estatales, es una gran victoria para Felipe Calderón, cuyos dos predecesores no habían logrado el consenso necesario para sacarla adelante. El Estado tendrá hasta 2016 para cambiar toda la estructura de la justicia.