México busca liberarse del secuestro

A Fernando, de 14 años, lo raptaron hombres vestidos de policía. Presuntos agentes judiciales lo detuvieron camino a la escuela en un supuesto puesto de control del sur de Ciudad de México y lo bajaron de la camioneta en la que viajaba en compañía de un chófer y un escolta. Por eso cuando el empresario Alejandro Martí se enteró del secuestro de su hijo, ordenó a su familia no llamar a las autoridades.

Contrató, por el contrario, a un negociador privado que acordó con los captores que los Martí pagarían más de cinco millones de pesos mexicanos (unos 330.000 euros) a cambio de la liberación del menor. Pero los secuestradores no cumplieron con su parte del trato y el cuerpo sin vida de Fernando fue encontrado días después en el maletero de un coche robado.

"Los que se lo llevaron eran uniformados y lo que menos queríamos era saber de la policía", ha explicado hoy Martí a la salida de una misa en memoria de Fernando, en sus primeras declaraciones a los periodistas tras el devastador suceso.

La violencia del caso no sólo estremeció a los mexicanos de a pie, sino que "conmovió" al presidente mexicano, Felipe Calderón. Una semana después del asesinato, el gobernante pidió, en una iniciativa de ley que envió al Congreso, restablecer la pena de cadena perpetua para los secuestradores que lesionen, torturen, mutilen o lastimen a sus víctimas. También para aquellos captores que pertenezcan, o hayan pertenecido, a cualquier institución de seguridad pública.

La medida se debe, en parte, al incremento desproporcionado de los secuestros. En el primer semestre de este año, sólo en el estado de México se han denunciado 60 raptos, un aumento de más del 60% con relación al mismo periodo de 2007, según cifras oficiales. La cadena británica BBC cita fuentes de seguridad mexicanas que aseguran que, entre principios de 1994 y marzo de 2008, al menos 8.416 personas han sido secuestradas, la mayoría entre los 16 y los 30 años. El número de secuestrados puede ser mucho mayor, ya que no todos los casos son denunciados.

El proyecto de Calderón también responde a la sensación de miedo que producen las fuerzas de seguridad en los ciudadanos. El periódico mexicano El Universal publica hoy en su edición digital un artículo en el que asegura que el 80% de la población se siente temerosa y desprotegida. "La sensación es que todas las autoridades son responsables del problema, dado que resulta muy difícil y complicado saber quién está haciendo bien su trabajo y quién no", ha declarado a ese diario Jorge Buendía, director de la empresa encuestadora Buendía & Laredo.

Más medidas

El Gobierno considera que uno de los mayores problemas es el de la intervención de negociadores privados que, como en el caso de Martí, se lucran con el dolor de las familias. Por eso, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública ha anunciado hoy que creará dos grupos especiales: uno que apoyará de manera gratuita a las víctimas, y otro que hará seguimiento a los juicios por secuestro y vigilará que se cumplan las sentencias. El encargado del Consejo, Meyer Klip, ha dicho a El Universal que participará, en conjunto con las autoridades, en la implementación de recompensas para quienes proporcionen información sobre los secuestradores.

Skip también ha asegurado que se unirá al Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, una iniciativa anunciada por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, que convoca a los titulares de todos los estados y municipios, a los partidos políticos, al Poder Legislativo, y también a algunos académicos y empresarios, a comprometerse a "combatir al crimen organizado". El borrador del Acuerdo, que según Mouriño irá más allá de las "buenas intenciones", será difundido la próxima semana.

Ciudad de México también se ha unido a la ola de medidas contra el secuestro. Después de crear una línea personalizada para atender a las víctimas y de dar a conocer la Red de Protección Ciudadana, que conformará un equipo de unos 300.000 colaboradores, el Gobierno de la capital ha anunciado un revolcón en la Policía Judicial. "Lo que se está planteando es un cambio en la forma de operar de la policía, con la forma de agruparse, de realizar sus investigaciones y de supervisar a la propia policía", ha asegurado José Luis Mancera, procurador de la ciudad.

Y, mientras las autoridades anuncian medidas y más medidas, Alejandro Martí asegura, rodeado de los compañeros de escuela de su hijo, que creará una fundación en su memoria. Y pide a las fuerzas de seguridad de su país que mejoren "para que haya menos impunidad, menos Fernandos y más justicia".