Londres reconoce que la liberación del terrorista de Lockerbie benefició a BP

El ministro de Justicia británico, Jack Straw, ha reconocido finalmente que los intereses económicos, y principalmente petroleros, estuvieron en el trasfondo de la reciente liberación del preso libio acusado por el atentado de Lockerbie. En una entrevista publicada ayer por el diario The Daily Telegraph, el político laborista no sólo admite que la promoción de los intercambios comerciales propició hace dos años un pacto con Trípoli sobre el intercambio de prisioneros, sino que lo liga "sin ningún sentimiento de culpa" a la firma de un acuerdo millonario entre British Petroleum (BP) y la Libia del coronel Muammar el Gaddafi.

Abdelbaset Ali Mohamed al Megrahi, condenado a cadena perpetua por la explosión de un avión de la PanAm que causó 270 muertos en 1988, abandonaba la cárcel escocesa de Greenock el pasado 20 de agosto con rumbo hacia la capital libia. En lugar de recurrir al acuerdo Londres-Trípoli, que hubiera supuesto su ingreso en una prisión libia para cumplir el resto de la pena, el Gobierno autónomo escocés decidió liberarlo de forma incondicional esgrimiendo motivos humanitarios. El ya ex reo, de 57 años, padece un cáncer terminal.

"El primer ministro Brown no estuvo informado del pacto", dice Straw

Su traslado a Libia y el triunfal recibimiento que le fue dispensado propiciaron la indignación de los familiares de las víctimas de Lockerbie, y la enérgica protesta del presidente Barack Obama (189 de las víctimas mortales del atentado eran de nacionalidad estadounidense). Desde entonces, Downing Street se ha visto forzado a desmentir en reiteradas ocasiones que presionara al Ejecutivo de Edimburgo para evitar que Al Megrahi acabara falleciendo en territorio británico. El propio jefe de Gobierno, Gordon Brown, declaraba el pasado miércoles que en aquella liberación no mediaron "ninguna conspiración" ni supuestos intereses comerciales.

Straw, uno de los pesos pesados de la Administración, intenta proteger la posición de Brown. "Desde luego no hablé de la cuestión [el pacto bilateral sobre el intercambio de prisioneros] con el primer ministro", alega. Incluso apostilla que "no existe ningún documento que sugiera que él estuviera implicado en absoluto". En enero de 2008, tan sólo semanas después de que las autoridades británicas y libias cerraran aquel pacto, el régimen de Gaddafi ratificaba un acuerdo de explotación petrolífera con BP por valor de 550 millones de libras. Un portavoz de esta compañía, citado por el diario The Times, negaba haber hecho campaña para la liberación del reo libio, aunque también reconocía: "Sabíamos que un retraso podría tener consecuencias nefastas". A pesar de admitir aquella secuencia de los acontecimientos, Straw apunta al The Daily Telegraph que las intenciones últimas de su Gobierno pasaban por reintegrar a Libia -etiquetada entonces como Estado canalla- en la comunidad internacional, utilizando como acicate los intercambios comerciales.

Su aseveración de que no intentó influir en la decisión última de Edimburgo se contradice con la propia admisión de que en su momento viajó a Escocia para tratar con el Gobierno autónomo sobre el asunto.