Kirchner, el rey

El liderazgo indiscutido del presidente argentino, Néstor Kirchner, con un promedio del 85% en imagen positiva según las consultoras más importantes, bate todos los registros históricos y será puesto a prueba en 2004. El Ejecutivo impuso ya la renovación parcial de la cabeza del Poder Judicial con la designación de tres jueces en el Supremo y contará con mayoría peronista en el Congreso. Kirchner, electo el pasado abril con sólo el 22% de los votos, concentra ahora el máximo poder para enfrentar los conflictos de fondo.

"Ahora o nunca", admiten los portavoces. En el segundo semestre del pasado año se completó también la renovación de gobiernos provinciales y no habrá batallas electorales hasta 2005. El Gobierno debe encarar las llamadas "reformas estructurales", políticas y sociales, necesarias para sostener el plan económico y reducir el desempleo que afecta al 20% de la población. Casi dos millones de argentinos considerados jefes de hogar reciben 40 euros al mes y ocho millones dependen de esos planes de asistencia.

La encuesta que Gallup realiza a comienzos de año en 60 países, situó a Argentina en el octavo lugar entre las sociedades más optimistas. La recuperación económica de 2003, con un crecimiento cercano al 8% del producto interior bruto, tras cinco años de recesión y una caída del 10% en 2002, y las expectativas comerciales para este año por el aumento de los precios internacionales de productos de exportación, como la soja, de la que Argentina es uno de los primeros productores mundiales, la llegada masiva de turistas, el aumento del consumo interno y la reactivación de la industria, estimulan la ilusión de que todo irá mejor este año. Hasta el ministro de Economía, Roberto Lavagna, recoge un inédito 71% de valoración positiva de su gestión. Los analistas calculan que el PBI de 2004 podría crecer del 4% estimado en el presupuesto al 7%.

La marcha de la economía se fortalece con golpes de autoridad política. Al comenzar su mandato, Kirchner relevó a los jefes de las fuerzas armadas y la purga alcanzó a 20 generales. La pasada semana desplazó de su cargo al general Jorge Tereso, tercero en la jerarquía, después de que el secretario general del Ejército de Tierra pidiera formalmente autorización a los jueces para que seis militares arrestados y bajo proceso por violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar de los años setenta pasaran la Navidad con sus familias.

La cúpula del Poder Judicial también fue descabezada. Kirchner propuso a jueces con trayectoria en la defensa de los derechos humanos para reemplazarlos. El primer candidato, Eugenio Zaffaroni, asumió su cargo el pasado diciembre. Para ocupar el siguiente sitio vacante eligió a una mujer, Carmen Argibay, miembro de la Corte Penal Internacional. En caso de que sea votada mayoritariamente por el Senado, será la primera mujer en la Corte designada por un Gobierno democrático. Hoy se espera que Kirchner postule a otra mujer y llene el, hasta ahora, último casillero libre del Supremo.

Todo el cuerpo judicial de Argentina parece activarse con los cambios. Los jueces de los tribunales inferiores retoman causas demoradas por presiones o intereses políticos. La Cámara de Apelaciones confirmó que María Julia Alsogaray, bajo proceso por delitos cometidos como responsable de liquidar la empresa estatal de teléfonos y luego como secretaria de Medio Ambiente durante el Gobierno de Carlos Menem, permanecerá en prisión hasta que se produzca el juicio oral. Desde hoy deberán comparecer ante un juez los ex senadores acusados de recibir sobornos para aprobar las reformas a las leyes laborales. Todos ellos y quienes supuestamente ordenaron pagar las coimas, el ex secretario de Inteligencia del Estado y el ex presidente Fernando de la Rúa, seguramente serán sometidos a proceso. En febrero será citado nuevamente el ex presidente Carlos Menem, sospechoso de "enriquecimiento ilícito".

"Mi vínculo es directo con la gente", asegura Kirchner. Los partidos políticos, reducidos a sellos electorales, no funcionan como intermediarios. La oposición no tiene proyecto ni líder. A la hora de elegir funcionarios, el presidente argentino sólo confía en los fieles que le acompañan desde que era gobernador de la provincia de Santa Cruz, al sur del país, o en figuras indiscutibles de probada honestidad. El último viernes confirmó a Graciela Ocaña, diputada del ARI, una minoritaria alianza de centro-izquierda, como interventora en el poderoso PAMI (Plan de Asistencia Médica Integral), que atiende a jubilados y pensionados de todo el país y al que se destinan recursos por más de mil millones de dólares. El PAMI es considerado una de las cajas negras que financia a la llamada mafia de dirigentes políticos y sindicales de los últimos 20 años en Argentina.