Jaque mate a los genocidas

Aunque la justicia suele llevar un ritmo pausado, las últimas semanas han sido las más vertiginosas en la historia de los tribunales internacionales. Los delitos que juzgan, como el genocidio, no son nuevos. Están tipificados desde que hace 60 años, en Nüremberg, se procesara a la cúpula nazi por el Holocausto.

Los casos de Taylor o Karadzic muestran que hay voluntad política para actuar

Para la juez Steiner, los tribunales locales deben implicarse en los procesos

Sin embargo, quince años atrás hubiera sido impensable encausar a antiguos líderes como el ex presidente liberiano, Charles Taylor, o el más reciente, el líder serbobosnio Radovan Karadzic. ¿A qué se debe entonces esta eclosión de capturas de presuntos criminales de altos vuelos? Para expertos como el estadounidense David Crane, el fiscal que acusara a Taylor de crímenes de guerra y contra la humanidad por entrometerse a sangre y fuego en Sierra Leona, la explicación es sencilla. Por fin hay voluntad política de entregar a los mandatarios que han amenazado la supervivencia de la humanidad.

Según esta teoría, la presencia de Karadzic en la cárcel del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia nada tendría que ver con trueques de inmunidad a cambio de silencio. "Esa reclamación no le servirá a Karadzic como hilo conductor de su propia defensa. Lo del supuesto trato con el antiguo mediador estadounidense en Bosnia, Richard Holbrooke, es muy llamativo y mediático, pero nada más. Lo que ha ocurrido es más simple. Los acuerdos políticos han salido al encuentro de la justicia internacional, porque la necesidad de no dejar impunes crímenes horrorosos ha calado por fin entre los Estados y la opinión pública. De ahí que los tribunales, listos para afrontar este reto, hayan reaccionado prestos". A David Crane, que es ahora catedrático de Derecho en la universidad de Siracusa (Nueva York), ya no le sujeta la cautela propia de un fiscal y por eso aventura incluso fechas para la detención de otro jefe de Estado.

"Leí el acta de acusación contra Charles Taylor en junio de 2003, pero no acabó en manos de la justicia hasta 2006. A El Bashir, presidente de Sudan, le ocurrirá lo mismo. La voluntad de entregarlo existe. Es el principio del principio de su final, y lo que se busca es una fórmula diplomática aceptable para trasladarlo a la Corte Penal Internacional (CPI). Lo saben la Liga Árabe y la Unión Africana, aunque hoy critiquen su entrega. Es más, creo que dentro de 5 años estará en manos de los jueces y habrá paz en Sudán".

La paz es el otro pilar sobre el que se apoya, en su opinión, la justicia internacional. Contribuye a sostenerla y devuelve la visibilidad a las víctimas, el primer paso para la reconciliación en zonas de lucha entre etnias, ya sean europeas o africanas. "Por eso hay que ser muy cuidadosos con acusaciones como la de genocidio. Es el crimen de los crímenes y no caben errores al imputar, como en el caso de El Bashir, a un jefe de Estado en ejercicio. La presión para hacerlo bien es enorme, como saben los fiscales de la CPI (Luis Moreno Ocampo) y del Tribunal para Yugoslavia (Serge Bremmertz)".

Buena parte de las tensiones surgidas en torno a la justicia internacional emanan de los propios mandatarios encausados. "Hay estudios sobre el particular que describen la calma de algunos días, y la ira y los gritos de otros, en el banquillo de los acusados. Ha sucedido desde el nazi Goebbels al ejecutado presidente iraquí Sadam Hussein, o bien al ex presidente serbio Milosevic. Todos pasaron de un poder absoluto a ser anulados, y no conciben lo que les ocurre", concluye el experto. Algo de esta actitud pareció dejar entrever Radovan Karadzic ante el TPIY. Cuando levantó las notas del supuesto trato, parecía mostrar más bien un salvoconducto.

Aparte de aplicar sus reglamentos con independencia, para jueces en activo, como la brasileña Sylvie Steiner, que lleva cinco años de servicio en la CPI, a la justicia internacional le queda el reto de dar ejemplo a escala local. Las mayores críticas recibidas por estos tribunales, incluidos los más recientes, como los de Ruanda, la antigua Yugoslavia o bien Camboya, es que se crearon después de las guerras que causaron los crímenes denunciados. La Corte Penal, de carácter permanente, debería subsanar ese problema, pero su labor tiene una doble vertiente. "Los Estados no deben olvidar que es un lugar de referencia y a la vez un foro complementario. Al juzgar sólo a los principales causantes de tragedias internacionales, no sustituye a los poderes judiciales de los distintos Estados", apunta Steiner. De acuerdo con los expertos, en los últimos 50 años ha habido unos 250 conflictos armados con violaciones de derechos humanos que han causado 200 millones de muertes. "Por eso lo ideal para la comunidad internacional es que la cadena de culpables comparezca, en lo posible, ante jueces locales", asegura.

De todos modos, el futuro de los tribunales internacionales especiales parece boyante. Con el eco de las protestas contra la acusación de genocidio del presidente sudanés todavía en el aire, Naciones Unidas prevé la creación de uno más. Con sede en La Haya (lo mismo que la CPI, el Tribunal para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Internacional de Justicia), juzgaría el asesinato del antiguo presidente libanés, Rafik Hariri. Según los informes de la propia ONU, "tanto Siria como elementos pro sirios de los servicios secretos libaneses tuvieron que ver en el atentado". De crearse, confirmaría las palabras pronunciadas por el fiscal Moreno Ocampo en el 60 aniversario de Nüremberg, al decir que "ningún Estado actual tiene bastante poder para garantizar la vida y libertad de sus ciudadanos, si la propia comunidad internacional no respeta el imperio de la ley".