Israel recibe al enviado de Obama con un bombardeo sobre Gaza

Se estrena George Mitchell, el enviado especial del presidente de EE UU, Barack Obama, en un Oriente Próximo que transita por su cauce habitual: el de la violencia. La aviación israelí bombardeó ayer los túneles de Rafah en la frontera de Gaza con Egipto poco antes de que las milicias palestinas lanzaran el primer cohete desde que Hamás anunciara el alto el fuego el 18 de enero. Durante la noche, Israel atacó de nuevo un objetivo cerca de la frontera, en respuesta al lanzamiento de otro cohete, según una portavoz militar. Afronta el ex senador estadounidense -que ya se esmeró en labores de mediación tras la erupción de la segunda Intifada, en septiembre de 2000- una tarea propia de cíclopes. Pero en su primera gira por la región el objetivo, como no puede ser de otro modo, es modesto: "Escuchar". Ésa fue la orden del inquilino de la Casa Blanca.

Mitchell viajó a Egipto para entrevistarse con el presidente, Hosni Mubarak, y un mensaje copó la reunión: el alto el fuego en Gaza. "Es de importancia capital que la tregua se consolide. Estados Unidos está comprometido para perseguir una paz duradera y la estabilidad en la región", declaró Mitchell, de madre cristiana de origen libanés. Mitchell es un político que despierta, al igual que los discursos de Obama, cierta intranquilidad entre los dirigentes israelíes. Sobre todo los de la nutrida extrema derecha, que ayer anunciaban que la mediación fracasará. El embrollo para lograr esa estabilidad es mayúsculo porque las exigencias de Hamás y las de Israel se entrecruzan y excluyen al mismo tiempo.

Tras la parada obligada en El Cairo, Mitchell aterrizó en Tel Aviv. De boca del primer ministro, Ehud Olmert, escuchó el emisario estadounidense: "No se abrirán las fronteras de Gaza mientras el soldado Gilad Shalit no sea liberado". Tema espinoso, porque el movimiento islamista rechaza el vínculo fijado por Olmert. Hamás exige la apertura de los pasos fronterizos para construir una economía devastada por tres años de bloqueo a cambio de un alto el fuego de un año. La puesta en libertad del cabo capturado en junio de 2006 obliga, según demanda Hamás, a excarcelar a 1.500 prisioneros, alrededor de 300 condenados por graves delitos de terrorismo en Israel. Una píldora difícil de tragar.

Olmert incidió en su reunión con Mitchell en que cualquier ataque desde Gaza y la continuación del tráfico de armas a través de los túneles de Rafah obtendrán una respuesta feroz, que se añadiría a los más de 1.300 muertos palestinos -la mayoría civiles inocentes- que provocó la campaña militar israelí iniciada el 27 de diciembre. El enviado de Obama también conversará hoy con los jefes del Mosad y del servicio de seguridad interior (Shin Bet) antes de entrevistarse hoy en Ramala con el presidente palestino, Mahmud Abbas.

Es la de Mitchell una primera toma de contacto porque las elecciones en Israel se celebrarán el 10 de febrero, y todas las encuestas apuntan a que un nuevo Gobierno capitaneado por Benjamin Netanyahu será el interlocutor en futuras visitas. Sorprende que cualquier primer ministro y presidente que viaja a Israel sostenga reuniones con el jefe de la oposición -ahora Netanyahu- y que Mitchell no haya previsto una cita con el líder del derechista Likud.

Porque en ningún caso puede afirmarse que Mitchell sea un neófito en Oriente Próximo. En 2001 ya emitió un informe en el que conminaba a la Autoridad Palestina a luchar sin desmayo contra el terrorismo. En 2002, una oleada de atentados suicidas sacudió Israel, que comenzó a construir el muro de cemento y barreras de metal -ilegales, según el Tribunal Internacional de Justicia- que hoy rodean Cisjordania. Pero también recomendaba el mediador que Israel debía detener completamente la construcción en las colonias de Cisjordania.

Desde 2006, los atentados suicidas -salvo una excepción- son un capítulo del pasado. Pero la edificación en los asentamientos, especialmente en torno a Jerusalén, marcha viento en popa. La ONG israelí Peace Now denuncia que sólo en 2008 se alzaron 1.257 viviendas o fábricas en territorio ocupado, el 60% más que el año anterior.