La Guardia Revolucionaria de Irán exige que se juzgue a los líderes opositores

El sector más duro del régimen iraní ha aumentado este domingo sus presiones para aplastar a la oposición reformista. Dos altos cargos de los Guardias Revolucionarios (los Pasdarán) han pedido que se lleve ante los tribunales al ex presidente Mohamed Jatamí y a los candidatos opositores Mir Hosein Musaví y Mehdi Karrubí, por su responsabilidad en las protestas post electorales. Sin embargo, ayer el fiscal general de Irán reconoció que algunos de los detenidos en esas manifestaciones habían sido torturados, lo que parece indicar divisiones en la cúpula del poder. En consecuencia con ese anuncio, cuatro policías acusados de malos tratos han sido detenidos.

El jefe del buró político de los Pasdarán, Yadollah Javaní, defiende en el semanario de esa institución, Sobhe Sadegh, que ha habido un complot para fomentar una revolución de terciopelo contra la República Islámica. "¿Cuál ha sido el papel de Jatamí, Musaví y Karrubí (...) en este golpe de Estado?", se pregunta. "Si son los instigadores, y tal es el caso, los responsables de la justicia y de la seguridad deben detenerles, juzgarles y castigarles para apagar las llamas de ese complot", concluye.

En similares términos se ha expresado el general Masud Jazayerí, jefe de Estado Mayor adjunto para asuntos culturales y propaganda de ese ejército ideológico que sólo responde ante el líder supremo. "Los ciudadanos, pero también los elementos vendidos [al extranjero] y los instigadores del complot, esperan a ver cómo se actúa contra los responsables del mismo y los jefes del golpe de Estado", ha declarado Yazayerí, según la agencia oficial Irna. Además, ha pedido más control sobre las embajadas y los periodistas extranjeros acreditados en Irán, entre los que apenas hay una decena de occidentales.

No es la primera petición para que se juzgue a las tres principales figuras del régimen que han cuestionado el resultado electoral del 12 de julio. Varios diputados fundamentalistas expresaron hace unos días su intención de presentar una denuncia contra Musaví por ser "el responsable de los disturbios post electorales", según informó la prensa iraní.

"Ese paso supondría una escalada", señala un observador. "Desataría nuevas protestas callejeras y otra ola de represión". De momento, y a pesar de que Musaví y Karrubí han tachado al nuevo Gobierno de "ilegítimo", las presiones se centran en desprestigiarles en los medios estatales y seguir deteniendo a sus colaboradores. Pero el hecho de que los Pasdarán insistan en la necesidad de juzgarles suscita preocupación.

En los últimos años, ese cuerpo de élite ha adquirido un creciente peso en los asuntos del Estado y aunque por ley los militares están obligados a permanecer al margen de la política, su intervención empieza a ser evidente. En vísperas de las elecciones presidenciales, el citado Javaní ya acusó a los seguidores de Musavi de "ser parte de una revolución de terciopelo".

En ese clima de enorme tensión, que el fiscal general, Ghorban Ali Dorri-Nayafabadí, reconociera que se han producido torturas parece revelar divisiones entre los gobernantes sobre cómo salir del actual atolladero político. Mientras que un sector insiste en aplastar a los contestatarios, otro más moderado se inclinaría por calmar la situación e intentar recomponer el sistema. Así se interpreta que Dorri-Nayafabadí hablara de algunos "errores" como la causa de "dolorosos accidentes que no pueden defenderse, y cuyos responsables deben ser castigados". Un comunicado policial admitió el pasado jueves que varios manifestantes detenidos habían sido maltratados, según publicó la agencia Isna, pero el fiscal es el primer alto cargo en referirse abiertamente al asunto después de semanas de denuncias de la oposición.

"Tal vez hubo casos de tortura en los primeros días tras las elecciones, pero estamos dispuestos a hacer un seguimiento de cualquier queja o irregularidad que se haya producido", se comprometió Dorri-Nayafabadí citado por la agencia Ilna.

En la mente de todos estaba el centro de detención de Kahrizak. En esa prisión secreta del suroeste de Teherán murieron al menos tres de los manifestantes detenidos, entre ellos Mohsen Rulolaaminí, hijo de un colaborador del candidato conservador Mohsen Rezaí. Su caso sublevó al Parlamento y el líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, ordenó su cierre.

"El responsable del centro ha sido cesado y encarcelado. Tres policías que golpearon a detenidos también han sido detenidos", anunció ayer el jefe de la policía, Esmail Ahmadi-Moghaddam, citado por Irna. Incluso la cadena estatal PressTV describe Kahrizak como un lugar "donde los guardianes maltrataban físicamente a los detenidos". No obstante, Ahmadi-Moghaddam mantiene que las víctimas murieron a causa de una infección vírica, no de las torturas.