El Gobierno británico impulsa la iniciativa legislativa popular en la web

La coalición británica va a poner en marcha un mecanismo que permitirá a los ciudadanos forzar un debate parlamentario y, si prospera, introducir medidas mediante un proceso legislativo de iniciativa popular a través de Internet. El Gobierno quiere aplicar así una de las promesas electorales de mayor perfil populista del Partido Conservador en los comicios de mayo en un momento en que empieza a flaquear el apoyo de los votantes a la coalición.

Según un sondeo de ICM para el periódico The Guardian, solo un 43% de los británicos creen ahora que fue una buena decisión formar una coalición, frente a un 47% que están en desacuerdo. En mayo, un 59% apoyaban la coalición frente a un 32% que se oponían a ella.

Las peticiones que superen 100.000 firmas llegarán al Parlamento

El nuevo mecanismo de iniciativa popular vendrá a sustituir el sistema de peticiones instaurado en su día por el ex primer ministro laborista Tony Blair a través de la página de Internet de Downing Street. Aquel mecanismo era una especie de brindis al sol sin mayores consecuencias, aunque al menos sirvió para confirmar la firme oposición de los británicos a un proyecto del anterior Gobierno de introducir un sofisticado sistema de peajes variables en todas las carreteras británicas controlado vía satélite: una petición en contra recogió 1,8 millones de firmas.

Con la nueva formulación, el Gobierno quiere que las peticiones tengan repercusión política y que las que tengan más apoyos -quizás con al menos 100.000 firmas- sean debatidas por los Comunes en el plazo máximo de un año. Para intentar darle un poco de seriedad a un mecanismo que puede acabar siendo dominado por las voces, a menudo extremistas, que suelen proliferar en los foros de Internet, el Gobierno quiere que las peticiones solo puedan ser suscritas por ciudadanos inscritos en el registro electoral. También pretende que, para llegar a los Comunes, tengan el apoyo de al menos un diputado y que haya algún tipo de criba que permita a los legisladores paralizar de antemano un debate.

El mecanismo es novedoso en Reino Unido pero es conocido en otros países. En España, la Iniciativa Legislativa Popular permite a los ciudadanos presentar cierto tipo de legislación en las Cortes si cuentan con el apoyo de 500.000 firmas. Algunas comunidades autónomas tienen también ese tipo de mecanismos y la polémica prohibición de los toros decidida hace unos meses por el Parlamento catalán fue fruto de una iniciativa legislativa popular.

El proyecto de Constitución Europea introducía también ese sistema, aunque se cayó a la hora de elaborar el Tratado de Lisboa. En California y otros Estados de Estados Unidos es frecuente que los ciudadanos puedan pedir referendos para impedir que entre en vigor una nueva ley o repeler una antigua, como ocurre también en Italia. La iniciativa popular tiene una amplia tradición en Suiza.