Críticas al empleo del Ejército en la lucha contra el crimen

La movilización de unos 30.000 efectivos del Ejército y de la Marina en más de una decena de Estados mexicanos es el elemento más controvertido de la ofensiva del Gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico. El debate entre defensores y detractores de la implicación de los militares en una batalla difícil de ganar llena páginas de diarios y revistas y ocupa amplios espacios en los medios audiovisuales. Muchos temen que esa guerra termine por contaminar a los soldados como ha ocurrido con la policía.

El principal argumento que esgrime el Gobierno es el de la incapacidad de los distintos cuerpos policiales para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales mexicanas. El descabezamiento de la cúpula de la policía federal, único cuerpo con competencia en toda la República, es un claro ejemplo de hasta dónde llega la connivencia de las fuerzas de seguridad con la delincuencia organizada.

Quienes critican el empleo del Ejército en la lucha contra el narcotráfico advierten de los riesgos de contaminación que entraña esta medida, por la más que demostrada capacidad de corrupción de los carteles de la droga que manejan miles de millones de dólares. Recuerdan los detractores que el general Jesús Gutiérrez Rebollo, zar antidrogas bajo el Gobierno de Ernesto Zedillo en febrero de 1997, fue detenido después de demostrarse que trabajaba al servicio del cartel de Juárez, que en aquella época comandaba Amado Carrillo Fuentes, conocido con el apodo El señor de los cielos.

Gutiérrez Rebollo cumple una condena de 40 años de prisión en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en México.

En realidad, el Ejército mexicano ya había sido utilizado en operativos contra el narcotráfico en ocasiones anteriores, sobre todo en labores de destrucción de plantaciones de marihuana y de amapola (opio) en el llamado Triángulo Dorado, que conforman los Estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Riesgo de combate

La novedad es el uso a gran escala de los militares en acciones que conllevan el riesgo de entrar en combate con los narcotraficantes y los sicarios que los defienden. El Ejército es el último cartucho en manos del Gobierno en una guerra que se prevé larga, compleja, difícil y de resultado incierto. Si falla, sea porque no se logran los objetivos marcados por el Ejecutivo o porque cae en las redes de corrupción, el presidente Calderón no tendrá a mano ninguna otra herramienta del Estado de derecho para enfrentarse al crimen organizado.

Otro aspecto que provoca numerosas críticas en el empleo de los militares es su falta de entrenamiento para este tipo de lucha. Dos episodios recientes demuestran que los soldados mexicanos carecen de la preparación adecuada para llevar a cabo misiones fuera de los cuarteles. En el Estado de Michoacán, efectivos del Ejército están bajo investigación por supuesta violación de varias mujeres. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, afirmó que en los operativos algunos militares incurrieron "en violaciones de derechos humanos de suma gravedad". Agregó que las presuntas violaciones fueron perpetradas por personal del Ejército, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la Procuradoría General de la República (PGR).

Hasta el 15 de mayo, Soberanes había recibido 52 quejas por el caso de Michoacán. En Sinaloa, dos maestras y tres niños murieron el 1 de junio al ser tiroteado por soldados el vehículo en el que viajaban. Según la versión oficial difundida por el Ejército, el coche no se detuvo en un puesto de control militar.