Chile busca vida bajo los escombros

El Gobierno chileno decretó ayer el estado de excepción constitucional para permitir la participación de las Fuerzas Armadas en el apoyo a las regiones del Bío Bío y Maule, las más dañadas por el terremoto que despertó violentamente a gran parte de la población en la madrugada del sábado y dejó al menos 708 muertos, cientos de desaparecidos y heridos, dos millones de damnificados y más de un millón y medio de personas sin hogar, además de enormes pérdidas en infraestructuras, en especial carreteras, puentes, puertos, aeropuertos y hospitales.

La presidenta, Michelle Bachelet, nombró ayer a dos generales del Ejército, Guillermo Ramírez y Bosco Pesce, como jefes de la operación a cargo de garantizar el orden público y acelerar la entrega de ayuda humanitaria. La decisión, en un país que vivió una larga y no tan lejana dictadura militar, ha sido considerada como una gran prueba de la madurez democrática chilena.

En un edificio de Concepción se cree que hay unas 100 personas atrapadas

Tras una reunión del Comité de Emergencias en La Moneda, Bachelet informó que para enfrentar la catástrofe se ha reforzado el personal militar y policial en las zonas más dañadas. Al personal de la Armada el Gobierno le pidió apoyo para llevar ayuda por vía marítima a las localidades que además del terremoto sufrieron el impacto de un maremoto. Los militares entregarán raciones de combate a las víctimas y ayudarán a retirar los escombros. La prioridad está en asegurar el abastecimiento de agua, comida, el suministro de electricidad y la normalización de las comunicaciones y el transporte, junto con conservar el orden público. En ambas regiones se desplegarán cerca de 10.000 militares.

El Gobierno recalcó ayer que la autoridad civil estará por encima de la militar. El estado de excepción permite a las autoridades restringir la circulación de las personas y la libertad de opinión, así como disponer la requisición de bienes, entre otras medidas. También se decretó ayer en la región del Bío Bío, cuya capital, Concepción, fue una de las ciudades más afectadas, un toque de queda desde las nueve de la noche hasta las seis de la mañana, una medida que se adopta por primera vez en Chile desde el retorno a la democracia en 1990.

Sostuvo Bachelet que este seísmo de magnitud 8,8 en la escala de Richter, el quinto más fuerte en la historia del planeta, requerirá de "gigantescos esfuerzos" para enfrentar la emergencia y la reconstrucción, en los que deberán participar el Estado y el sector privado y que tomarán tiempo.

Recordó Bachelet que como el presidente electo, Sebastián Piñera, asumirá el cargo el 11 de marzo, lo ha invitado junto con el futuro ministro del Interior a una reunión con ella en La Moneda para entregarle toda la información necesaria.

En la reunión del Comité de Emergencia, el Gobierno acordó con los propietarios de las cadenas de supermercados repartir desde ayer gratuitamente en ambas regiones alimentos de primera necesidad que están disponibles en las estanterías de estos establecimientos. La distribución se realizará en locales distintos a los supermercados y será con custodia policial o militar. El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, criticó ayer a quienes realizaron pillaje y saqueos por aprovecharse de la crisis.

A medida que pasan las horas se descubre la severidad del seísmo, el mayor que ha tenido Chile, un país que sabe de terremotos, en los últimos 50 años. El desplazamiento de la placa continental provocó un maremoto, cuyos graves efectos se advertían en todo el litoral central del país y en el archipiélago de Juan Fernández.

El ministro de Defensa, Francisco Vidal, reconoció ayer que hubo un error "de predicción" de la Armada al descartar la posibilidad de un maremoto posterior al seísmo. "Lo que se vivió aquí es un maremoto", dijo Vidal. En muchas partes no hubo aviso, en otras se descartó que se pudiera producir, y también hubo lugares donde las personas no siguieron las indicaciones.

El maremoto, con olas de hasta ocho metros de altura, azotó en la noche del sábado localidades pequeñas y grandes ciudades. En Talcahuano, una localidad industrial y pesquera situada junto a Concepción, buques pequeños quedaron varados en la plaza principal. En otras urbes, el mar entró hasta 20 manzanas. En el balneario de Llolleo, las olas se llevaron 200 cabañas de un centro vacacional.

Ayer todavía no llegaba la electricidad a una quinta parte de la capital y, hacia el sur del país, muchas ciudades seguían sin luz. Y, al no disponer de ella, carecían de otros servicios esenciales, como combustible en las gasolineras. En Concepción, la segunda mayor urbe del país, y otras ciudades muchos ya no pueden usar sus autos porque se les acabó el combustible. Tampoco operan las tarjetas de crédito y débito, por lo que el dinero en efectivo se estaba agotando. Concepción estaba también sin agua potable y gas.

El Gobierno, desde Santiago, envió a las tareas de rescate a los mismos bomberos y policías que rescataron víctimas en Haití. Estaban ayer concentrados en buscar supervivientes bajo las ruinas de un edificio de 14 pisos y sólo cinco años de antigüedad que se derrumbó como un castillo de naipes en Concepción, una de las ciudades más afectadas. El jefe de los bomberos a cargo de la búsqueda, Marcelo Plaza, admitió que "a medida que pasa el tiempo la tarea se va dificultando".

Según Plaza hay cerca de 100 personas atrapadas bajo las ruinas. Los periodistas en el lugar dan cuenta que ocasionalmente se escuchan gemidos. Han logrado sacar a 25 personas con vida y los cadáveres de otras 20. "Nos quedan 60 cuerpos o personas por encontrar", dijo Plaza.

Un superviviente que estaba en el piso 13 de este edificio contó que se refugió en el baño y que entre el ruido del terremoto y del derrumbe sólo atinó a salir con su hija en brazos, cubierto de polvo, aunque escuchó a otras personas quejarse.