Chávez se lanza al asedio de la oposición

Más vale buscar un buen abogado antes de alistarse como dirigente de la oposición en Venezuela. Desde 2002, centenares de políticos, militares retirados, policías, estudiantes, periodistas, empresarios y activistas de organizaciones no gubernamentales (ONG) han sido declarados enemigos del Gobierno del presidente Hugo Chávez e investigados, amenazados, enjuiciados, inhabilitados políticamente o encarcelados por incurrir en supuestos delitos comunes, traición a la patria o rebelión.

A excepción de quienes fueron juzgados por tribunales militares, ninguno ha sido condenado por los cargos de los que se les acusa. La prisión preventiva, los retrasos procesales y las medidas administrativas que esgrimen la Fiscalía General o los tribunales para mantener todos estos casos en suspenso, han resultado ser una herramienta eficaz para apartar del camino político a quienes traten de hacer sombra al poder del comandante. El caso de Manuel Rosales (alcalde de Maracaibo, ex gobernador del Estado de Zulia y ex candidato a la presidencia) es el ejemplo más reciente.

A excepción de los militares, ninguno de los acusados ha sido condenado

Según los registros más conservadores de ONG como el Foro Penal Venezolano, desde 2002, al menos 20 venezolanos -entre ellos un ex gobernador, un alcalde, un banquero y 13 policías- han estado presos hasta seis años sin que un juez dicte sentencia en su contra; 272 funcionarios han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos y 256 estudiantes han sido detenidos por participar en manifestaciones y sometidos a un régimen de presentación especial ante los tribunales, con prohibición de abandonar el país.

También se han registrado casos de periodistas y representantes de ONG acusados ante el Parlamento y en tribunales de "traicionar a la patria" por recibir financiación extranjera, sin que las investigaciones concluyan en nada.

"Lo que se pretende con todo esto", opina el abogado Gonzalo Himiob, integrante del Foro Penal, "no es buscar la verdad a través de un proceso, sino que el proceso en sí mismo se convierta en la sanción, más allá de lo que se demuestre. Que la investigación penda permanentemente sobre las personas como una espada de Damocles".

Eduardo Lapi, gobernador del Estado de Yaracuy entre 1996 y 2004, fue el primer ex mandatario regional en ser detenido por casos de presunta corrupción, en mayo de 2006. Estuvo preso durante 11 meses sin ser presentado nunca ante un juez. En abril de 2007, Lapi se evadió de la cárcel y en 2008 Perú le otorgó asilo. Desde el exilio, Lapi se presentó para volver a ser gobernador de Yaracuy en 2008. Las encuestas le otorgaban más del 50% de la intención de voto. Pero un mes antes de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral anuló su candidatura.

En junio de 2008, la Contraloría General de la República (Tribunal de Cuentas) anunció que otros 272 funcionarios tampoco podrían presentarse a las elecciones regionales, pues habían sido inhabilitados hasta por 15 años. El contralor Clodosvaldo Russián explicó entonces que se trataba de una "sanción administrativa muy especial" para "preservar el patrimonio público", dictada sin que los funcionarios fuesen condenados en firme. La justicia, según Russián, vendría después. El 89% de los afectados por esta medida militaba en partidos de oposición.

El caso más emblemático de las inhabilitaciones fue el del ex alcalde del municipio de Chacao, Leopoldo López, acusado en 1999 de tráfico de influencias e inhabilitado por tres años. López, en la oposición, se perfilaba como favorito en las elecciones de noviembre pasado para ocupar la Alcaldía Mayor de Caracas. El próximo 24 de marzo, López asistirá a una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su aspiración es convertirse en el candidato unitario de la oposición para las elecciones presidenciales de 2012, en las que se prevé que Hugo Chávez optará a un tercer mandato de seis años.

Entre los estudiantes, Nixon Moreno -presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes- se ha llevado la peor parte. En mayo de 2006, Moreno fue acusado de cometer supuestos actos lascivos contra una funcionaria policial, durante una protesta estudiantil. En marzo de 2007, el estudiante se refugió en la Nunciatura Apostólica de Caracas. El Vaticano le otorgó el asilo político y solicitó al Gobierno la emisión de un salvoconducto para trasladar a Moreno a un tercer país. Pero transcurrió un año, el salvoconducto no llegó y Moreno abandonó la Nunciatura. Interior ha solicitado su búsqueda a través de Interpol.

En el sector militar, las condenas sí han llegado puntuales. En octubre de 2004, el general Francisco Usón fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por "ultraje" a las Fuerzas Armadas. En julio de 2007, el capitán Otto Gebauer fue sentenciado a 12 años de cárcel por "complicidad" en la detención de Chávez durante el golpe de Estado de abril de 2002. Y desde que el ex ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, se deslindó del Gobierno, ha sido citado varias veces por la Fiscalía Militar e investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Para evitar conspiraciones futuras en los cuarteles, el Gobierno aprobó esta semana un nuevo organigrama del Ministerio de Defensa para que, a partir de este mes, todas las decisiones operativas de la Fuerza Armada Nacional se concentren en el presidente de la República, su comandante en jefe. En este nuevo sistema, el ministro de la Defensa queda reducido a una figura administrativa, y todos los comandantes deberán rendir cuentas directas al Chávez, que tendrá todas las armas en un solo puño.