Chávez se hace con el control de los jueces

Aquel librito que empezó a enarbolar el presidente venezolano Hugo Chávez a partir de 1999 en decenas de retransmisiones televisivas no era perfecto. Pero contenía la mejor constitución latinoamericana en materia de derechos humanos. Aquel texto de 1999 contemplaba la creación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia que iba a actuar de forma independiente como el último garante de los derechos fundamentales. Sería el último refugio de cualquier ciudadano que viese sus derechos atropellados.

Ésa es la opinión de José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch, una ONG con presencia en más de 70 países, que ha criticado duramente, entre otros muchos casos, al Gobierno de Estados Unidos por su gestión de Guantánamo y al de Colombia por el proceso de inserción de los paramilitares. Ahora le toca el turno a Venezuela.

Bajo el título Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela, Human Rights Watch presenta un informe de 266 páginas sobre la gestión de Chávez desde que llegó al poder en diciembre de 1998. "Hemos tratado de analizar la película completa. Si se leen las noticias de forma aislada es imposible hacerse una idea de la tendencia que ha marcado Chávez en sus diez años de gestión", explica Vivanco.

Una encuesta de 1998 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo había concluido que sólo el 0,8% de la población confiaba en el sistema judicial. Por eso todos los candidatos que se presentaron aquel año a las elecciones prometieron reformar el sistema. Fue Hugo Chávez Frías quien ganó con el 56% de los votos y se puso manos a la obra. Cumplió su promesa.

En agosto de 1999, la Asamblea Nacional encargada de redactar la nueva Constitución declaró que el poder judicial se hallaba en estado de emergencia, creó una comisión de con facultades para suspender a los jueces cuyo patrimonio no guardara relación con sus ingresos y para destituir a quienes, por ejemplo, hubieran adoptado decisiones que reflejaran un 'manifiesto desconocimiento del Derecho'. En los meses siguientes la comisión separó de sus cargos a cientos de jueces. En marzo de 2000 ya estaba creado el nuevo Tribunal Supremo de Venezuela, que tiene competencias similares a las del Supremo y Constitucional español. Lo integraban 20 magistrados, de los cuales, según Vivanco, 10 eran aliados y 10 opositores de Chávez.

"Entonces había un equilibrio de fuerzas. Los fallos del Supremo por aquella época no eran predecibles", indica Vivanco. El 11 de abril de 2002 Chávez sufrió una intentona golpista. El golpe duró sólo 40 horas. Chávez mismo ha bromeado muchas veces diciendo que fue el golpe más corto de la historia. Pero el sistema judicial empezó a resentirse. En agosto, cuatro meses después de la intentona, el Supremo dictó una sentencia en la que se negaba a iniciar una investigación contra cuatro generales acusados de participar en el golpe, sobre la base de que no había suficientes pruebas contra ellos.

Chávez se puso de nuevo manos a la obra. Pero esta vez, en dirección opuesta a la que marcaba la Constitución de 1999. "Con el pretexto del golpe, Chávez se dedicó a desarmar sistemáticamente los controles que su propia Constitución impone, a concentrar poderes y a anular instituciones oficiales", declara Vivanco.

De entre todas las medidas de recortes de libertades y derechos humanos la ONG destaca una especialmente grave: la ley que reformó el Tribunal Supremo en mayo de 2004. "Con la reforma, Chávez incorporó a 12 jueces chavistas, se hizo con la mayoría y convirtió al Tribunal en un apéndice del ejecutivo", añade Vivanco.

"Pocas semanas después de la sanción de la ley, los tres magistrados responsables de las sentencias más criticadas por los seguidores de Chávez estaban fuera del tribunal", recoge el informe. "En los años siguientes, el nuevo Tribunal Supremo afín al Gobierno despediría a cientos de jueces y designaría a otros cientos. Este recambio masivo de jueces contribuyó a dañar aun más la credibilidad del poder judicial de Venezuela", indica el texto de la investigación.

El problema de las listas negras

La discriminación política, la distinción entre amigos y enemigos, es una de los principales rasgos del Gobierno de Hugo Chávez, según Human Rights Watch. La ONG destaca en su informe como un caso especialmente flagrante el que se produjo en la compañía Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), principal fuente de ingresos en el país.

"Después de una huelga de dos meses, en diciembre de 2002, el Gobierno despidió a casi la mitad de los trabajadores de PDVSA, y creó listas negras de los empleados despedidos para impedirles el acceso a futuros empleos en el sector petrolero", señala Human Rights Watch. "Un mes antes de las elecciones presidenciales de 2006, el ministro de energía (quien también era el presidente de PDVSA) se jactó de que la compañía había 'sacado de esta empresa a 19.500 enemigos de este país' y que estaban dispuestos a seguir haciéndolo. En esa oportunidad, también dijeron a los empleados de PDVSA que es 'necesario' que quien estuviera en desacuerdo con el Gobierno le ceda su puesto a un bolivariano". Si bien el ministro emitió un memorando casi un año después en el cual prohibía la discriminación política, existen evidencias convincentes de que la mentalidad discriminatoria que reflejaban sus comentarios iniciales también se plasmó en las políticas sobre empleo de algunas divisiones de PDVSA".

La ONG recuerda que 30 años antes de la elección de Chávez, la lealtad política ya "era el pasaporte para ocupar cargos en el sector público y para la distribución de contratos y servicios del Gobierno". Los partidos políticos se repartían los puestos de trabajos. Chávez decidió volcarse con los más desfavorecidos a través de planes específicos que se saltaban el aparato del Estado. Pero el Gobierno de Chávez después incurrió en el vicio de la discriminación "a través de nuevas formas de exclusión basadas en la lealtad política".

Inmerso en esa dinámica de discriminación, Chávez decidió en mayo de 2007 no renovar la licencia de emisión al canal opositor RCTV, que se negaba a moderar su línea editorial. "Oficialmente, la decisión se justificó por la necesidad de usar la frecuencia de RCTV para crear un nuevo canal público, pero el Gobierno tenía otras frecuencias a su disposición y, en ese momento, había renovado las licencias de canales que apoyaban al Gobierno o que habían moderado su crítica", indica la ONG.

El "destacado legislador chavista Luis Velázquez Alvaray" presidió más de 400 destituciones de jueces de tribunales inferiores. "En ese momento, el 80% de los jueces venezolanos ocupaban cargos provisorios o temporales y, por lo tanto, conforme al derecho venezolano, podían ser destituidos sumariamente. Además, la Comisión Judicial presidida por Velázquez Alvaray designó a cientos de jueces permanentes a los tribunales inferiores". Las recusaciones contra Alvaray fueron anuladas por el Supremo.

Human Rights Watch reconoce que en ocasiones el Supremo ha dictado sentencias en defensa de los derechos humanos, como la que en 2005 protegió al periódico El Universal, al que el fiscal pretendía castigar penalmente por un editorial en el que el diario criticaba a la fiscalía y al poder judicial.

Pero en líneas generales, según la ONG, el Supremo se convirtió desde la reforma de 2004 en un tribunal "complaciente" con el Gobierno. Desde entonces, el órgano desestimó los recursos de constitucionalidad que varios juristas venezolanos interpusieron en 2004 contra la propia reforma del Tribunal. Desestimó también el recurso que el canal de tendencia opositora Radio Caracas Televisión (RCTV) interpuso cuando Chávez anunció que no renovaría su licencia de emisión. Y "no defendió la libertad sindical de los trabajadores" al desestimar una petición que en la práctica ha permitido que "el Gobierno continúe violando el derecho básico de los trabajadores de elegir libremente a sus representantes".