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Bermejo propone una justicia más transparente en Iberoamérica

El ministro participa en la XVI Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, que se clausura con el objetivo de acabar con el crimen organizado y mantener la seguridad

AGENCIAS San José 20 SEP 2008 - 04:28 CET
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El ministro de Justicia español, Mariano Fernández Bermejo, ha propuesto este viernes "profundizar en la consecución de una justicia más transparente y de calidad en el ámbito iberoamericano". El marco de las declaraciones ha sido la XVI Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB), que terminó ayer en la capital de Costa Rica.

Durante su discurso, Fernández Bermejo ha animado a sus colegas iberoamericanos a conseguir una justicia más cercana a las mujeres que sufren la violencia machista y "erradicar su situación de vulnerabilidad". Además, el ministro ha apostado por un mayor control por parte del ciudadano de lo que está ocurriendo con su proceso en cada momento, de modo que se amplíe la eficacia de la Administración de Justicia. En su intervención, ha subrayado la responsabilidad de los ministerios de Justicia en la obtención de un servicio público de calidad, que contemple el papel protagonista del ciudadano en la prestación del mismo.

Cooperación sólida

El responsable del Ministerio de Justicia ha pedido que la Secretaría General asuma esta línea de trabajo bajo el liderazgo de España para trabajar durante los dos próximos años junto con los países que deseen adherirse a esta iniciativa y presentar en el siguiente pleno resultados concretos que permitan sentar las bases de una cooperación sólida.

La XVI Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB) ha concluido con el compromiso de los participantes de "unir esfuerzos y acciones para combatir en conjunto el crimen organizado" y "mantener la seguridad de los ciudadanos y su territorio".

Una de las últimas críticas hacia el sistema judicial de un país iberoamericano se ha producido esta semana. Un informe de la organización Human Right Watch ha acusado al presidente venezolano, Hugo Chávez, de violar la Constitución, constreñir los derechos humanos, discriminar a los opuestos al Gobierno y controlar el Poder Judical.

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