Cadena perpetua para cuatro ex policías argentinos por la muerte de dos mujeres

Un tribunal de Santiago del Estero (Argentina) ha condenado hoy a prisión perpetua a un ex jefe de inteligencia de esa provincia del norte de Argentina por el asesinato de dos mujeres en 2003, en un caso que marcó el fin del Gobierno de más de medio siglo de un viejo caudillo de la región.

Además de condenar al ex comisario Antonio Musa Azar, la Cámara del Crimen de la capital santiagueña ha impuesto la máxima pena que contemplan las leyes argentinas a los ex policías Jorge Gómez, Héctor Albarracín y Francisco Mattar, han informado fuentes judiciales.

Después de ocho meses de juicio oral y público, el tribunal también ha sentenciado a 22 años de cárcel a José Lludgar, un vendedor de carne, y ha absuelto a Antonio Azar Cejas, hijo de uno de los condenados, y al peón rural Damián Silvestre.

Las seis personas se sentaron en el banquillo de los acusados por los asesinatos de las jóvenes Patricia Villalba, de 25 años, y Leyla Nazar, de 23, en un caso que la prensa bautizó como el doble crimen de La Dársena.

Peligroso cóctel

Todo comenzó el 16 de enero de 2003, cuando Leyla Nazar asistió a una fiesta que habría incluido "sexo, alcohol y drogas". Según quedó probado en el proceso, la joven fue asesinada después de mantener relaciones sexuales con Antonio Azar Cejas y Lludgar, aunque no pudo establecerse fehacientemente qué ocurrió con su cadáver.

Algunas hipótesis apuntan a que el cuerpo de la joven fue llevado a una reserva ecológica propiedad de la familia Musa Azar, donde fue descuartizado y arrojado a una jaula con animales. Otros indicios indican que el cuerpo se descompuso en el mismo lugar en que luego fue encontrado, el 6 de febrero del mismo año, en un monte de las afueras de la capital provincial.

A ese mismo lugar había sido llevada un día antes Patricia Villalba para ser torturada y asesinada después de que la joven comentara a Lludgar que estaba al tanto del crimen de Leyla Nazar, a quien no conocía, y de las orgías con funcionarios y políticos locales.

El caso marcó el principio del fin del poder del matrimonio integrado por el veterano caudillo Carlos Juárez y su esposa, Nina Juárez, y derivó en la intervención federal de la provincia en abril de 2004.