Brasil asigna una región de uso exclusivo para 19.000 indígenas

Los 19.000 indígenas de la mayor reserva de Brasil, la de Raposa Serra do Sol, en el Estado amazónico de Roraima, con una extensión de 1,7 millones de hectáreas, consiguieron ayer una victoria sin precedentes. El Supremo Tribunal Federal, con 10 votos a favor y uno en contra, decretó la salida de la reserva de los arroceros y de todos los no indios que se habían ubicado ilegalmente dentro de la reserva desde hacía años. La superficie en disputa es igual que el Estado de Israel o la provincia de Zaragoza y mayor que dos veces la Comunidad de Madrid.

Los indígenas, que siguieron desde la selva el debate y la votación a través de llamadas telefónicas, festejaron la victoria abrazándose, cantando y danzando. Organizaron ritos ancestrales de agradecimiento y enarbolaron pancartas agradeciendo el voto favorable a la reserva emitido por los magistrados.

La sentencia beneficiará a otras reservas con problemas similares

La sentencia del Supremo puede despejar el camino para decenas de reservas indígenas con similares problemas de ocupación por parte de ganaderos, madereros, agricultores de arroz y soja o empresas petrolíferas.

La lucha de los indios de Raposa Serra do Sol, que abarca varias etnias, fue larga y difícil. Los arroceros y los políticos locales, a quienes los colonos ayudaban en sus campañas electorales, vetaron durante años las reivindicaciones de los indígenas.

En 2005, tras la llegada de la izquierda al poder, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitió un decreto para que la reserva Raposa Serra do Sol fuera de uso exclusivo para los indígenas, lo que obligaba automáticamente a abandonar el lugar a todos los que no lo fueran. Los políticos locales y arroceros acudieron al Supremo Tribunal Federal alegando presunta anticonstitucionalidad del decreto.

En el Supremo la discusión del problema duró hasta el año pasado, cuando los jueces votaron a favor de la constitucionalidad del decreto por mayoría absoluta. Sin embargo, la decisión final fue aplazada porque el magistrado Marco Aurelio Mello pidió más tiempo para estudiar la cuestión. El jueves pasado la discusión fue retomada y definitivamente zanjada a favor de los indígenas.

Los jueces dictaron también algunas reglas sobre cómo desalojar a unos 200 productores arroceros y demás blancos que también viven en la zona. Los abogados de los agricultores pidieron un aplazamiento de la salida hasta julio para recoger la cosecha, pero el relator del caso, el magistrado Carlos Ayres Britto, descartó tal posibilidad alegando que ellos habían sembrado la cosecha sabiendo que lo hacían ilegalmente y que, por tanto, habían asumido el riesgo. Ahora, el Gobierno espera que los campesinos abandonen pacíficamente la reserva.

El Supremo también dirimió uno de los puntos más polémicos que usaban a su favor los contrarios a la reserva, como el hecho de que el Ejército no pudiera entrar en esa zona. La sentencia aclara que en caso de necesidad, el Ejército podrá intervenir. Al mismo tiempo, los indígenas no podrán explotar los recursos hídricos o potenciales eléctricos sin el consentimiento explícito del Congreso.

Los miembros del Supremo han explicado en varias ocasiones que la sentencia no entraña la creación de un "Estado indígena" en Brasil, puesto que el territorio seguirá perteneciendo al Estado central. Los indígenas dispondrán de la reserva en régimen de usufructo, gracias a un derecho adquirido, dado que lo ocupaban antes de la llegada de los europeos y porque así lo sancionó la Constitución brasileña.

Los genuinos habitantes de Raposa do Sol habían anunciado hace meses que en cuanto se conociera el veredicto del Supremo eliminarían las 27.000 hectáreas de arrozales que fueron plantadas de forma ilegal, reforestarían el terreno y sólo plantarían una pequeña cantidad de arroz destinado a la subsistencia.