Berlusconi gobierna para Berlusconi

"Soy inocente. Lo juro por mis hijos".

No, no es la frase de un ladrón de gallinas detenido por la Guardia Civil. La pronunció el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, el viernes pasado, en Bruselas, al final del Consejo Europeo. Ironías del destino. Después de convertir a los gitanos en el gran enemigo público; después de aprobar con toda urgencia un paquete de medidas de seguridad que criminaliza a los inmigrantes; después de colar esta misma semana en el Senado dos pequeñas enmiendas destinadas a garantizar su inmunidad judicial, ahí estaba Il Cavaliere, el magnate en persona, recurriendo al juramento gitano.

Berlusconi está indignado. Nadie le entiende. Durante toda la semana, la oposición, muchos medios nacionales y extranjeros y numerosos ciudadanos con y sin toga le han acusado de haber lanzado la cortina de humo de la seguridad para legislar en su beneficio, promulgar una amnistía gigantesca y salvarse del caso Mills, el juicio en el que está acusado de corrupción y al que se refería el juramento del viernes.

El 'caso Mills', un proceso por soborno, pesa sobre el magnate

El gobernante cree que los magistrados quieren "subvertir la democracia"

Il Cavaliere se ha defendido atacando como él sabe, y tras anunciar que ordenará a sus abogados renunciar a acogerse a la ley salva-Berlusconi "para alejar cualquier sospecha", ha descalificado a los magistrados italianos acusándoles de "tratar de subvertir la democracia y el sentido del voto", y advirtiendo de que no permitirá que las "togas rojas" le despojen del poder.

Es su enésima ofensiva contra jueces y fiscales. Pero todo indica que es la definitiva. Berlusconi se ha saltado incluso la autoridad y el respeto debidos al presidente de la República, Giorgio Napolitano, al enviar al Senado sin consultarle esas dos enmiendas que bloquearán durante un año los procesos penales por delitos o crímenes anteriores a 2002 y penados con menos de 10 años de cárcel.

El magistrado Giovanni Salvi, experto en terrorismo, considera que esas medidas, adoptadas "con la única finalidad de impedir que se cierre el proceso Mills y buscar la inmunidad absoluta", suponen "una gravísima agresión al Estado de derecho que tendrá consecuencias devastadoras para un sistema judicial que está al borde del colapso".

"Para librarse del caso Mills, Berlusconi pone en riesgo 100.000 procesos", explica el politólogo Giovanni Sartori en una columna en el Corriere della Sera. "Es gravísimo. Pongamos que Fulano es jefe de policía, mata a su mujer y establece que la policía no le puede investigar a él. ¿Estaría eso bien? Yo diría que no".

Puede que la norma salva-Berlusconi no llegue a ser aplicada a su caso. O que el juicio se pare un año y vuelva después. Por si acaso, el diputado y abogado defensor de Berlusconi, Niccolò Ghedini, autor del paquete de seguridad y del paquetito salva-Mills, tiene preparado un cañonazo mayor: una nueva Ley Schifani, declarada inconstitucional en 2004, que blindaría jurídicamente a las altas autoridades del Estado.

"Todos sabemos que después del Palazzo Chigi, Berlusconi quiere subir al Quirinal [sede de la presidencia de la Républica]", resume Sartori. "Si no estamos ante una inmunidad definitiva, estamos cerca".

La gran estrategia se juega en dos frentes, público/privado. El diputado Ghedini legisla en el Parlamento y el abogado Ghedini defiende a Berlusconi en el juzgado. Esta semana, la juez del caso Mills, Nicoletta Gandus, ha sido recusada. Catorce meses después de que abriera el proceso. La causa: enemistad grave contra Berlusconi. La excusa: Gandus había firmado manifiestos contra leyes promulgadas por el anterior Gobierno de Il Cavaliere, 2001-2006. ¿Crítica política o animadversión personal?

La Asociación Nacional de la Magistratura ha defendido la imparcialidad de Gandus, y ésta ha anunciado que no suspenderá el juicio. La lucha está, pues, abierta. Mucha gente está con Berlusconi. Otros ven en peligro el Estado de derecho, el funcionamiento de la justicia y la salud de una democracia ya muy deteriorada por el conflicto de intereses.

Según el líder de Italia de los Valores, Antonio di Pietro, "Berlusconi acusa a los jueces de lo que en realidad está haciendo él: subvertir el orden democrático".

Lo curioso es que incluso los comentaristas de derecha lo creen. Luca Ricolfi, en La Stampa, ha escrito esta semana: "Berlusconi tendrá quizá una idea sobre el futuro de Italia, tiene seguramente razón en algunas críticas a la magistratura, pero cuando empieza a moverse es incapaz de separar su interés personal del interés del país".

Según Salvi, es "inconcebible que un primer ministro aspire a librarse de delitos cometidos en funciones de empresario, pero lo más extraordinario es que Berlusconi diga que el caso Mills demuestra la persecución de los jueces italianos contra él".

En efecto, en la carta enviada al presidente del Senado, Renato Schifani, Berlusconi calificó el caso como "uno entre tantos procesos fantasiosos que magistrados de extrema izquierda han inventado contra mí con fines políticos".

Pero ese proceso no surge de una fiscalía comunista. Llegó a Italia a través de los jueces del Reino Unido, donde el caso Mills produjo, hace dos años, un pequeño terremoto político. Todo empezó cuando Hacienda detectó que David Mills, abogado de Berlusconi tiempo atrás, tenía 500.000 euros en una cuenta secreta en Bahamas, llegados vía Suiza y Gibraltar. Mills confesó que era una comisión que había recibido de Fininvest por haber declarado como testigo a favor de Berlusconi en dos juicios celebrados en 1997 y 1998. Luego se desdijo. Dio igual. Poco después, la mujer de Mills, Tessa Jowell, ministra de Cultura del Gobierno de Blair, gran amigo de Berlusconi, se vio obligada a dimitir de su cargo.

Tanto Mills como Berlusconi se juegan una condena de entre seis y ocho años de cárcel. Si se dictara sentencia y ésta fuera "culpables", ¿podría Berlusconi convertirse en presidente de la República? ¿Seguiría siendo primer ministro? ¿Le creeríamos aunque lanzara juramentos gitanos?