69 militares colombianos, procesados por la matanza de campesinos de 2005
Un fiscal de derechos humanos de Colombia ha procesado por homicidio de persona protegida y por terrorismo a 69 militares del Ejército acusados de matar en 2005 a ocho habitantes de una comunidad de paz del noroeste del país.
La Fiscalía General informó ayer de que los implicados son dos oficiales, nueve suboficiales y 58 soldados profesionales. Este anuncio dos días después de la conmemoración en varias ciudades americanas y europeas del segundo aniversario de la matanza.
La Fiscalía recordó que el asentamiento está cubierto por una orden de “medidas provisionales” adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que implica “la especial protección del Estado colombiano” a sus habitantes. Los militares implicados en el caso estaban asignados a la brigada del Ejército con sede en Carepa, población de la zona bananera de Urabá, en el departamento de Antioquia. Los cargos que afronta el numeroso grupo de militares están relacionados con la muerte de ocho personas, entre ellos un dirigente campesino y tres niños de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, conformada por 1.500 habitantes que hace diez años se declararon en “resistencia civil” ante las partes implicadas en el conflicto armado interno.
La matanza fue cometida el 21 de febrero de 2005. La Comunidad de Paz atribuyó la matanza al Ejército, pero el presidente Álvaro Uribe, el vicepresidente Francisco Santos y las autoridades militares acusaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla que ha mantenido en Urabá una histórica disputa con grupos paramilitares.
Uribe incluso llegó a responsabilizar a los líderes de San José de Apartadó de tener nexos con esa organización guerrillera.
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