El fiscal reclama prisión para los policías implicados en el montaje sobre el 11-M

La fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó anoche prisión para dos de los cuatro policías y un confidente de éstos implicados en un caso de corrupción y supuesto tráfico de explosivos que derivó en un montaje para sostener la teoría conspirativa según la cual la banda terrorista ETA habría inspirado y/o participado en los atentados del 11-M. El fiscal tenía intención de solicitar prisión también para los otros dos policías. El juez Juan del Olmo tomó declaración ayer también a otros tres imputados que se encuentran en libertad y para los que no se solicitaron medidas cautelares.

Sobre la una de la madrugada concluyeron las declaraciones de los policías José Luis González Clares y Luis lópez Hidalgo y del confidente Manuel Romero Moreno. González Clares negó la acusación de tráfico de explosivos. El fiscal pidió prisión para los tres por delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), denuncia falsa, cohecho y detención ilegal. Del Olmo tomará declaración hoy a los policías Celestino Rivera y Antonio Jesús Parrilla, para los que el fiscal solicitará previsiblemente también prisión, y al abogado Gerardo Hermoso, implicado en otro montaje de los policías.

El caso llegó a la Audiencia Nacional tras la denuncia del hallazgo, en agosto pasado, de 5,5 kilos de dinamita Goma 2 Eco. Todo parecía indicar la existencia de un delito de tráfico de explosivos.

El supuesto confidente Manuel Romero Moreno, afirmó en aquella fecha que había recibido un paquete que él suponía que era droga y que tenía que entregar a un musulmán al que no conocía. Quedó con los agentes en la carretera de Carabanchel a Leganés (Madrid), y como el paquete les resultó sospechoso, lo abrieron y se encontraron con los explosivos, lo que les llevó a avisar al 091. El hallazgo dio origen a una investigación en la Audiencia Nacional, a cargo del juez Juan del Olmo, y de la Brigada Provincial de Información.

A cambio de la confidencia sobre el supuesto tráfico de explosivos, Romero solicitó a los policías que le ayudaran a conseguir el traslado a Madrid de su padre, preso en Galicia, como así ocurrió. Sin embargo, lo que han descubierto los agentes de asuntos internos de la policía es que todo fue un montaje. Los policías detenidos, tras conocer que el asunto había sido archivado provisionalmente y al darse cuenta de que estaban siendo investigados por corrupción, decidieron vender a El Mundo la historia del tráfico de explosivos.

Los policías conocieron el reportaje que se preparó al respecto con las interpretaciones que se hacían de una más que posible vinculación con los atentados del 11 de marzo y dieron su visto bueno, según fuentes de la investigación.

Lo cierto es que el explosivo no tiene ninguna relación con el 11-M, salvo el nombre. Según los informes periciales realizados al respecto, los 5,5 kilos de Goma 2 Eco fueron fabricados en 2005 por la empresa Unión Española de Explosivos en Galdakao (Vizcaya) y fueron sustraídos de una empresa que los empleaba en una cantera en la localidad madrileña de Colmenar Viejo.

El hecho de que Romero hubiera entregado los explosivos en Leganés y el que alguno de los policías hubiera estado destinado en la comisaría del Puente de Vallecas en marzo de 2004, cuando se produjo el 11-M y el hallazgo de la mochila-bomba en esa dependencia policial sólo sirvió para aderezar la historia. Ni había musulmán, ni la persona que Romero dijo que le había entregado el paquete admitió que lo hubiera hecho. Lo cierto, según la investigación, es que fueron los policías los que proporcionaron a Romero los explosivos.

No obstante, el caso de los explosivos no fue el origen de la investigación. Previamente, dos de los agentes, en connivencia con Romero y su esposa, Isabel García, y el abogado Gerardo Hermoso, supuestamente se habían conchabado para arrebatar la custodia de su hijo a una ciudadana rusa. La mujer había estado casada con un hijo del letrado. Los agentes "descubrieron" un paquete con drogas en poder de la ciudadana rusa, y tras los consiguientes problemas, perdió la custodia de su hijo, que pasó al abogado. Fuentes de la investigación aseguran que tras conseguir los objetivos, la relación entre los miembros del grupo se hizo estable.

El juez Del Olmo archivó las diligencias sobre el tráfico de explosivos por falta de autor conocido. Sin embargo, meses después al conocer nuevos datos, ordenó su reapertura y ordenó varios pinchazos telefónicos de los principales implicados. Así se interceptaron varias conversaciones del agente Celestino Rivera Santos con un periodista de El Mundo entre los días 22 y 30 de noviembre pasados. Fuentes de la investigación aseguran que en ningún momento en las conversaciones intervenidas se menciona expresamente el 11-M, pero que se deduce del contexto y que periodista y policía quedan para que el último lea el reportaje y dé su visto bueno.

El periodista, además, avisa al agente de que el reportaje iba a ser publicado al día siguiente "en primera y a todo trapo". Además de los pinchazos telefónicos, se produjo un seguimiento del encuentro entre el policía Antonio Jesús Parrilla y un periodista de El Mundo, del que existe una grabación.