La vieja y flexible conspiración del PP

Esta todo ahí, en ese vídeo. Mariano Rajoy, en la sede del PP, rodeado por los máximos dirigentes de su partido, el 11 de febrero de 2009, se coloca frente a un atril y dice: "Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el PP". Rajoy se centra en las informaciones periodísticas y describe una trama en la que están el fiscal general del Estado, el juez Baltasar Garzón y el Gobierno. Pide la comparecencia del fiscal general en el Congreso para que explique "el diferente trato que la Fiscalía da a los partidos políticos". "Nunca en España, ni con Suárez, ni con Calvo-Sotelo, ni con González, ni con Aznar, se había hecho un uso tan partidista de la fiscalía como hasta ahora". Exactamente igual lo dijo Arenas este jueves, seis meses después. "El 100% de los casos afectan al PP. Nunca afectan al PSOE". Rajoy también lanza la idea de que lo que está ocurriendo es propio de dictaduras: "Creíamos que estas cosas estaban superadas hace tiempo". Como ahora.

A los populares les consta que gente de su partido tiene el teléfono pinchado

Acusan al Gobierno de utilizar jueces, fiscales y policías para acosarles

Los dirigentes del PP que llevan dos semanas de agosto denunciando un supuesto acoso de las instituciones contra su partido no se basan en ninguna actuación judicial, policial o política de los últimos seis meses. Todo lo dijo ya Rajoy ese 11 de febrero cuando sólo habían pasado cinco días de la detención de Francisco Correa, el jefe de la trama corrupta que logró decenas de millones de euros en adjudicaciones de Gobiernos del PP. No se podía sospechar todo lo conocido después. Sin embargo, la conspiración, la acusación genérica a todos los poderes del Estado, estuvo ahí desde el minuto uno. Aunque se ha adaptado a las circunstancias.

- Estalla el escándalo. En el primer fin de semana, los periódicos publican información a mansalva sobre Correa y sus negocios, incluidas las grabaciones en las que salen mencionados muchos dirigentes del PP. Ese mismo sábado, Esteban González Pons marca el tono de la estrategia a seguir: dice que el Gobierno utiliza la fiscalía y la policía "en una estrategia de eliminación del PP".

El domingo, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal hace público el argumento completo: "No vamos a consentir que se nos implique en ninguna campaña de financiación ilegal o de corrupción porque el PP no reconoce absolutamente como partido ninguna responsabilidad en los asuntos que están apareciendo en diversos medios. Esto es una operación de acoso y derribo contra el PP. El PSOE, que no nos puede dar lecciones porque es el partido de los GAL y de Filesa, está utilizando de forma escandalosa al Ministerio del Interior, la fiscalía y otros poderes del Estado en beneficio propio".

Para entonces sólo había dos cargos del PP imputados. Dos alcaldes, que dimitieron. A pesar de que el PP está en supuesta "indefensión absoluta" porque no conoce el sumario, la presidenta de la Comunidad de Madrid cesa fulminantemente a un consejero muy cercano a ella sólo tres días después de la detención de Correa. Nadie seguirá su ejemplo.

- Denuncia contra Garzón. El 12 de marzo, el PP presenta su segunda denuncia contra Garzón ante el Poder Judicial. En ella relata una misteriosa llamada de teléfono de un policía a Camps, el 5 de marzo, el día en que Garzón se inhibió en favor del Tribunal Superior de Valencia. El policía le comunica este hecho al presidente. El escrito da muchos detalles de la llamada y lo califica de "maniobra irregular del juez". El Consejo General del Poder Judicial archiva la denuncia.

- Una decena de imputados. Han pasado seis meses y el sumario ya no es uno, sino tres. Garzón ya no se ocupa del caso, y tres fiscales, tres jueces y una sala del Supremo han visto material suficiente para seguir adelante con la "trama contra el PP". Han sido imputados cuatro cargos del PP valenciano, incluido el presidente (el caso está archivado y recurrido al Supremo). Han sido imputados tres diputados autonómicos del PP de Madrid, un diputado nacional y un senador y tesorero nacional del partido, que dimitió.

- Las grabaciones. Con este panorama se llega a la segunda parte de la conspiración. El 19 de julio, EL PAÍS publica una grabación en la que El Bigotes, líder de la trama en Valencia, afirma que hace regalos a Rita Barberá. Él mismo dice que la alcaldesa de Valencia no le da nada a cambio. El PP monta en cólera. Considera que la conversación no tiene ninguna relevancia penal y que se ha utilizado exclusivamente dentro de una campaña de filtraciones para "tratar de aniquilar" al partido. Al día siguiente, igual que seis meses antes, Cospedal carga de nuevo contra el Gobierno, la fiscalía y la policía. Elude contestar sobre la corrupción. Las declaraciones de dirigentes del PP poniendo el grito en el cielo por las filtraciones y apuntando a la policía se suceden hasta el punto de que, el día 21, Cospedal se tiene que reunir con los sindicatos policiales, que se sienten atacados. Cospedal les tranquiliza e indica que su acción política va contra la fiscalía y los ministros de Justicia y de Interior, como responsables de los órganos del Estado con acceso al sumario. Igual que en febrero, anuncia que pedirá su comparecencia para que se expliquen. Les comunica también que van a presentar una denuncia.

Esa denuncia llega el 24 de julio. La presenta Federico Trillo, que repite frases que colean desde febrero, como la persecución al PP o una referencia a la dictadura. La denuncia es por un "delito continuado de revelación de secretos", una "revelación de actuaciones secretas" y "una interceptación ilegal de las comunicaciones". De las filtraciones ya no puede acusar a Garzón, pero en vez de acusar a los jueces de Madrid, de Valencia o del Supremo, señala expresamente como sospechosos a todos los policías que hayan participado en la investigación. Cospedal queda en evidencia ante los sindicatos policiales.

- De la prevaricación de Garzón al espionaje del Gobierno. La denuncia, además, recupera un dato antiguo para sostener las supuestas escuchas ilegales. La conversación de un policía con Camps el 5 de marzo ya no es una chapuza del juez Garzón atribuible a sus prisas sino una prueba de que el presidente valenciano está siendo grabado ilegalmente por la Policía Judicial. En la denuncia no se dice nada parecido. En su encuentro con la prensa ese día, Trillo alardea de haber escuchado esa conversación, aunque se niega a decir que esté grabada. Eso lo dice Trillo después.

- El recurso de la fiscalía. El lunes 3 de agosto, el Tribunal Superior de Valencia archiva la causa contra Camps. Ese día, la vicepresidenta anuncia sorpresivamente que la fiscalía recurrirá al Supremo. Cospedal se agarra a este nuevo dato para relanzar la conspiración a un nivel superior. El martes, en un comunicado en vídeo, acusa al Gobierno de utilizar a la fiscalía para perseguir al PP más que a ETA. Dos días despúes, en una entrevista desde la playa, acusa al Gobierno de utilizar a jueces, fiscales, policías y servicios secretos (esto es nuevo) para acosar al PP. Y añade que le consta que dirigentes de ese partido tiene pinchados los teléfonos.

Ese día, el desconcierto en el PP es palpable. Los días posteriores, la poca gente del partido que atiende a los medios sólo sabe decir que "algo saldrá" y que si Cospedal lo ha dicho es porque "algo hay". Queda claro que sólo ella sabe a qué se refiere. El 11 de agosto, Trillo reitera lo que ha dicho en días anteriores en algunas entrevistas: tiene una grabación de la llamada de Camps. Pero no aclara por qué en la denuncia del día 24 ni siquiera se dice que esa conversación está grabada. Rajoy avala la acusación, pero se niega a hablar de ella en detalle. Otros dirigentes van añadiendo elementos estilo 11-M a la historia: "Que se investigue", "que se demuestre que no es así". Todavía no han dicho "queremos saber".