Las víctimas podrán conocer las salidas de presos de ETA
La Audiencia informará sobre permisos y semilibertades
La falta de información sobre la situación procesal y penitenciaria de sus victimarios causa, en muchas ocasiones, la incomprensión e indignación de las víctimas del terrorismo. Por eso, la Audiencia Nacional ha hecho una propuesta al Ministerio de Justicia para reforzar su Oficina de Atención a las Víctimas y añadirle atribuciones. El objetivo es que ese departamento, actualmente con muy poca actividad, informe a los perjudicados sobre la situación penitenciaria de los terroristas que, con sus crímenes, transformaron sus vidas. Podrán conocer así, por ejemplo, si gozan de permisos penitenciarios o si tienen concedida la semilibertad para trabajar o estudiar.
Hasta el momento, al menos cinco presos disidentes de ETA han accedido a la situación de semilibertad que permite el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Alrededor de una decena viene gozando desde hace meses de permisos regulares de hasta 36 días gracias a la política penitenciaria de Interior, apoyada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que dirige el juez José Luis de Castro. Algunos de los beneficiarios de estas medidas fueron miembros y dirigentes destacados de la banda terrorista, como José Luis Álvarez Santacristina, Txelis.
Reivindicación histórica
Fue del juez De Castro -el que aprueba estos permisos y da el visto bueno final a las semilibertades que otorga Instituciones Penitenciarias- de quien surgió la idea de fortalecer la oficina de víctimas, ante la incomprensión que esta política de prisiones, que ha logrado fracturar el colectivo de reclusos de la organización, causó en algunas asociaciones que llegaron a hablar de "impunidad" de los etarras. La información sobre la ejecución de las condenas y las salidas de prisión de los terroristas es una de las reivindicaciones históricas de las víctimas. En el documento presentado ayer por todas las asociaciones -salvo la liderada por Francisco José Alcaraz- se pide expresamente "que se establezca un cauce de información sobre la situación procesal de los delitos terroristas". En las enmiendas que presentaron algunas de estas asociaciones al proyecto de ley de víctimas que se tramita actualmente en las Cortes se incidía precisamente en la necesidad de conocer la situación penitenciaria de estos reclusos.
La oficina, en su nueva configuración planeada por la Audiencia, contará, además de con sus dos funcionarios actuales, con una psicóloga y una asistente social que actualmente prestan servicio en el Juzgado Central de Menores. Fuentes del tribunal esperan que pueda estar en marcha en enero o febrero si el ministerio la aprueba. A la oficina se unirá también personal de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco, que se encargará de las víctimas de esa comunidad. El Consejo General del Poder Judicial aprobará hoy un acuerdo con el Ejecutivo del socialista Patxi López por el que este se compromete a aportar y compartir recursos del proyecto.
Final del terrorismo "sin impunidad"
Las víctimas del terrorismo han logrado finalmente, y tras más de un mes y medio de negociaciones, consensuar un documento único fijando su postura sobre un eventual fin del terrorismo. Todas las asociaciones salvo una -Voces contra el Terrorismo, de Francisco José Alcaraz- firmaron y presentaron ayer un texto leído por la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, que han remitido al Gobierno, en el que piden que no haya "impunidad judicial o histórica" con los terroristas y en el que rechazan una aplicación "laxa" de los beneficios penitenciarios para los presos de ETA.
Las víctimas piden el cumplimiento íntegro de las penas. Sin embargo, no cierran la puerta a la reinserción de forma individualizada siempre y cuando el terrorista denuncie públicamente la violencia y "colabore, a ser posible, con las autoridades para el esclarecimiento de los varios cientos de crímenes pendientes de resolver". No se habla de casos concretos.
El texto ha sido firmado por una veintena de asociaciones, entre ellas la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), todas las asociaciones autonómicas, Dignidad y Justicia y las fundaciones Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y Fernando Buesa. "Somos respetuosos con el juego democrático y no pretendemos forzar nada", declaró Pagazaurtundua. "Solo exponer nuestra postura y que se aplique la ley".
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