La trama corrupta pide anular el proceso

Un año después de la desarticulación de la más extensa trama corrupta conocida en democracia, vinculada al PP y operativa en al menos tres comunidades autónomas y varios ayuntamientos, los abogados de los principales implicados han multiplicado su ofensiva judicial para anular el proceso basándose en la supuesta ilegalidad de la intervención de las comunicaciones mantenidas en la cárcel por los abogados con sus clientes.

El Tribunal Supremo, que admitió ayer a trámite una querella contra el juez Baltasar Garzón por ordenar escuchas en prisión, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tiene en sus manos numerosos recursos por el mismo motivo, deberán resolver en las próximas semanas si una parte importante del caso Gürtel es anulado por escuchas ilegales.

Correa a su abogado: "Sin ese 'pen drive' no tendrían nada"

El juez sostuvo que la abogacía es digna pero no puede tener privilegios

Ulibarri, acusado de pagar por contratos, se querelló contra el instructor

Los implicados instan a los jueces a suprimir pruebas logradas en prisión

La investigación de la trama corrupta vinculada al PP ha detectado ya, tras más de dos años de trabajos, la existencia de decenas de millones de euros sacados ilegalmente de España y no declarados al fisco por la red de empresas que dirigía Francisco Correa; la connivencia de dos decenas de dirigentes populares, muchos de ellos a sueldo del jefe corrupto, que gobernaban en instituciones que adjudicaban a dedo contratos a la trama, así como múltiples pruebas de cohechos en la actuación de altos cargos del PP. Muchos de esos cargos han sido destituidos de sus puestos y suspendidos de militancia; otros tienen su futuro hipotecado a decisiones judiciales que deberán adoptar distintos tribunales.

El Supremo admitió ayer la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón por el abogado de José Luis Ulibarri, un constructor del que existen múltiples evidencias en el sumario relacionadas con el pago de comisiones ilegales y multimillonarias a la trama para conseguir contratos públicos. Uno de los casos que se investiga tiene que ver con el pago de tres millones de euros por lograr la adjudicación de una parcela para edificar chalés de lujo. Ganó el concurso porque prometió hacer las obras tres meses antes que su principal competidor (que ofrecía justamente tres millones de euros más por el suelo al Ayuntamiento de Boadilla del Monte). Ulibarri se quedó con la parcela pero no edificó los chalés de lujo en el plazo comprometido y por el que supuestamente ganó el concurso.

También ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, junto a otros muchos implicados, el abogado de Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe de Orange Market, la empresa que hacía regalos de miles de euros a miembros del Gobierno valenciano y que recibió contratos a dedo desde el primer día que la trama corrupta abrió sucursal en la Comunidad Valenciana.

El Bigotes está imputado por diversos delitos dentro de la conocida trama de corrupción valenciana y ahora ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde pide que se anule todo el proceso a partir de las escuchas en la cárcel, aprovechando la supuesta ilegalidad de las intervenciones autorizadas por Garzón de las conversaciones mantenidas entre los abogados y los encarcelados de la trama.

Ni El Bigotes ni el constructor Ulibarri tuvieron que ingresar en la cárcel como consecuencia de la desarticulación de la trama corrupta vinculada al PP. Sin embargo, ambos recurren a distintos tribunales con la intención de anular pruebas que pueden incriminarles.

En las conversaciones grabadas, el jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, se lamentaba ante la existencia de un pen drive, donde se almacenaba toda la información sobre el pago de comisiones ilegales a políticos que gobernaban en municipios o comunidades autónomas. "Es que sin ese pen drive no tendrían nada. Me pongo malo", señala Correa a su abogado.

El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en Madrid, defendió en un extenso auto las escuchas ordenadas por Garzón. Las defensas de los implicados pidieron la nulidad al interpretar que las intervenciones de Garzón violaban lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que señala lo siguiente: "Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo".

En su auto, Pedreira mantuvo la legalidad de las escuchas ordenadas por Garzón: "La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de comunicaciones".

Ahora, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene en sus manos seguir adelante con la causa y avalar las pruebas logradas mediante la intervención de comunicaciones en la cárcel, o anular una parte de la instrucción que afecta a decenas de imputados, algunos de ellos, dirigentes del PP.